En estos días está de moda
hablar de derechos humanos. Por eso, y a sabiendas de que lo que voy a decir
resultará desagradable para algunos, es conveniente recordar algunas cuestiones
pasadas y presentes.
Las luchas entre capital y
trabajo ponen al desnudo las miserias y contradicciones de nuestra sociedad. No
es casualidad, puesto sobre el antagonismo entre empresarios y trabajadores se
encuentra edificado todo el orden social. Esta afirmación puede sonar anticuada
al lector, sobre todo si se trata de un estudiante o de un graduado en alguna
de las ciencias sociales. Capitalismo, clase social, lucha de clases,
explotación, constituyen categorías de las que no se habla o que se esconden
debajo de la alfombra. No se trata, por cierto, de que las ciencias sociales
hayan refutado al marxismo. Por el contrario, es cuestión de comodidad o, dicho
en criollo, de “hacerse amigo del juez”. Así, declararse defensor de la Patria
Grande o de la liberación latinoamericana no compromete a nada. En cambio,
poner el cuerpo en una huelga trae consecuencias concretas, como los palazos y
gases lacrimógenos de la policía, la cárcel y el procesamiento, la
incorporación a listas negras de variada índole y otros simpáticos
procedimientos. Los empresarios, la gendarmería, la policía, saben por instinto
y por interés, dónde está lo importante en nuestra sociedad. Así, cuando los
obreros toman una planta fabril o pretenden impugnar el sacrosanto derecho
empresarial a despedir trabajadores, se convierten en delincuentes que hay que
castigar cueste lo que cueste.
En nuestra sociedad “está
permitida” casi cualquier cosa… menos tocar la propiedad privada de los medios
de producción. Es más, hay una prohibición tácita a hablar de esta propiedad
privada. Quien piense que esta afirmación es exagerada, puede hacer el
ejercicio de revisar los diarios, los programas televisivos y las emisiones
radiales, y constatar si en ellos se habla de propiedad privada o de proceso de
trabajo.
Los conflictos obreros ponen
a prueba en qué medida un gobierno respeta los derechos humanos. Cuanto más
intensa es la lucha de los trabajadores, más se resquebraja la apariencia de
defensa de esos derechos.
Esta semana fue recuperado
el nieto de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
El reencuentro de Guido con Estela fue aplaudido por los medios oficialistas
(Página/12) y por los medios “opositores” (Clarín y La Nación). La presidenta
Cristina Fernández recibió en la residencia de Olivos a Guido (el nieto recuperado) y a
Estela. Se habló de triunfo del amor, se dijo que el kirchnerismo había hecho
posible el reencuentro de los nietos con sus abuelos, etc., etc.
Por enésima vez se repitió
la historia de la defensa de los derechos humanos por el kirchnerismo.
El viernes 8 de agosto, la
nieta recuperada Victoria Moyano Artigas participaba de una manifestación en
contra de los despidos realizados por la empresa de autopartes Lear, una
multinacional de origen norteamericano. La Gendarmería irrumpió en el auto en
que viajaba junto a otros compañeros, rompió los vidrios del mismo, tiró gas
pimienta dentro del vehículo y finalmente la detuvo junto a Guillermo Pistonesi
(presidente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Patricio del
Corro (dirigente del PTS) y María Chávez (investigadora del CONICET). Los
detenidos fueron llevados al Departamento de Gendarmería de General Pacheco y
liberados la noche del mismo día.
¿Cómo es posible que el
mismo día que un nieto recuperado era recibido por la Presidenta, otra nieta
sufría violencia y prisión a manos de una fuerza de seguridad dependiente de
esa misma Presidenta?
La explicación debe buscarse
en la naturaleza del kirchnerismo. En 2003, Néstor Kirchner llegó a la presidencia
con poco más de un 20 % de los votos emitidos. Sin un aparato nacional,
sometido al control de Duhalde, quien fue el padrino de su candidatura,
Kirchner debió encarar la tarea de construir apoyo para su política. En este
punto se produjo la conexión entre kirchnerismo y derechos humanos. Kirchner
vio que levantar la bandera de los derechos humanos le generaba grandes
beneficios con un gasto ínfimo de su capital político. En 2003 los militares
genocidas de la última dictadura eran cadáveres políticos a los que casi nadie
quería defender. En 2003 pegarle a los militares era tarea sencilla, que no
acarreaba ninguna consecuencia peligrosa y que, en cambio, vendía mucho entre
las capas medias progresistas, ansiosas de defender causas nobles sin tener que
poner en riesgo ni sus propiedades ni su integridad física. En pocas palabras,
proponer juicios a los militares y reivindicar un setentismo descafeinado era
la manera rápida de ganar apoyo entre el progresismo y los intelectuales.
Lo expuesto en el párrafo
anterior se refiere al carácter general de la política de derechos humanos del
kirchnerismo. No implica negar que dicha política haya tenido algunos aspectos
positivos (que fueron, por cierto, producto de la lucha sostenida por décadas por
los organismos de derechos humanos). Supone, en cambio, marcar los límites de
esta política.
El kirchnerismo restringió
el alcance de su política de derechos humanos a las causas derivadas de la dictadura
militar de 1976-1983. Su combate contra el terrorismo de Estado tuvo amplias
limitaciones. Por ejemplo, no abarcó la acción de la Alianza Anticomunista
Argentina (Triple A) en el período 1974-1975, acción que contó en sus orígenes
con el aval de Juan Domingo Perón. Tampoco abarcó las torturas y ejecuciones
sumarias cometidas por la policía contra pobres y/o jóvenes. Los “delincuentes
comunes” no son aptos para la defensa de los derechos humanos emprendida por el
kirchnerismo.
El kirchnerismo procuró
captar el apoyo de los organismos de derechos humanos, en especial Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo. Con algunas concesiones, dinero y otras prebendas,
consiguió el apoyo de varios dirigentes, sobre todo de Hebe de Bonafini y de
Estela de Carlotto. El kirchnerismo, con poco esfuerzo, logró así una cara
amable, a imagen y semejanza de los deseos del progresismo argentino.
Pero la cara amable del
kirchnerismo tiene mucho de photoshop.
El caso Lear demuestra que
las cosas son un poco diferentes. Los trabajadores de Lear están luchando por
la defensa de sus puestos de trabajo. Pocas cosas hay más terribles para un
trabajador que el despido. Es cierto que los funcionarios ignoran estas cosas,
acostumbrados como están a vivir de los fondos públicos y a almorzar y/o cenar
con empresarios. La empresa desoyó varias resoluciones judiciales que la
obligaban a reincorporar a los despedidos. Los obreros fueron puestos contra la
pared: o luchaban o quedaban en la calle en un contexto de crisis económica.
Los trabajadores de Lear,
apoyados por los partidos de izquierda (se entiende, la izquierda clasista, no
el progresismo que dice ser de izquierda y mira con desprecio a los
trabajadores), fueron reprimidos en varias oportunidades por las fuerzas de
seguridad. Para el kirchnerismo, los derechos humanos se aplican hacia el
pasado, no en el presente. Por lo menos, no tienen vigencia en el caso de los
trabajadores de Lear y de tantos otros lugares.
Es bueno recordar que Lear
es una empresa norteamericana. El mismo gobierno que dice luchar contra los “fondos
buitres”… pagando hasta el último centavo y más de la deuda externa contraída
por los milicos de la dictadura y por el peronismo menemista de los años 90,
aplica generosamente palos contra los trabajadores que enfrentan a una
corporación norteamericana.
La lucha de los trabajadores
de Lear no fue acompañada por los organismos de derechos humanos cooptados por
el kirchnerismo. Ni Hebe ni Estela
dijeron una palabra a favor de los trabajadores. Tampoco se manifestaron en
contra de la detención de Victoria ni de los demás detenidos. Para ellas, la
defensa de los derechos humanos quedó congelada en el período de la dictadura.
Los apaleados y torturados actuales no merecen una marcha de los jueves. Ese es
el precio a pagar por las prebendas que ofrece el kirchnerismo.
No todo es photoshop. Mientras
estaba detenida, Victoria fue visitada por Mirta Baravalle, una de las fundadoras
de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Mirta, con 89 años, tiene claro que los
derechos humanos no son cosa del pasado. También estuvieron presentes Nora Cortiñas y Elia Espen.
El encuentro entre Mirta y
Victoria, en una dependencia de Gendarmería, es todo un símbolo. Defender los
derechos humanos implica poner el cuerpo y acompañar las luchas de los
trabajadores. Es, además, un homenaje a la memoria de tantos compañeros que dieron
su vida en la lucha contra el capital.
Porque, guste o no, la
dictadura militar fue una ofensiva gigantesca del capital sobre los
trabajadores. El kirchnerismo, que se ufana de que las ganancias de los
empresarios durante la “década ganada”, nunca se propuso enfrentar a la
burguesía. Por eso su política de derechos humanos es una política de photoshop.
Villa del Parque,
domingo 10 de agosto de 2014
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