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viernes, 6 de abril de 2012

ESTADO, BURGUESÍA NACIONAL E YPF: COMENTARIOS A UNA NOTA DE EDUARDO ALIVERTI

Eduardo Aliverti, en un artículo publicado en Página/12 (1), expresa de manera particularmente aguda una serie de ideas que forman parte del sentido común del "kirchnerismo" sobre el Estado. Es por eso que creo conveniente hacer unas breves reflexiones sobre las mismas.

El señor Aliverti plantea el problema de qué hacer con YPF (la compañía petrolera que perteneció al Estado nacional antes de ser privatizada por el peronismo menemista), cuestión que ocupa un lugar central en la agenda política del gobierno de Cristina Fernández. Y lo hace desde una óptica "progresista", es decir, adoptando un punto de vista que difiere del neoliberalismo en boga durante la década del '90 del siglo pasado. Dado que YPF (y el déficit generado por las importaciones de combustibles destinadas a paliar la caída de la producción de dicha empresa) es un problema concreto, el análisis de Aliverti presenta interés, porque, como dice el dicho, "en  la cancha se ven los pingos". Ante los problemas concretos, hay poco espacio para el discurso vacío.

Aliverti comienza reconociendo del fracaso de la política del "kirchnerismo" en el sector energético. Según su opinión, dicho fracaso consta de dos momentos.

En primer lugar, Aliverti reprocha al "kirchnerismo" el haber mantenido "el manejo privado en áreas sensibles del encadenamiento productivo". Deja de lado, por cierto, el hecho de que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández apoyaron la privatización de la empresa durante la década del peronismo menemista. Es posible que esto sea una minucia para el señor Aliverti, pero creo que corresponde mencionarlo, porque sirve para explicar el sentido político del "error" de haber mantenido el manejo de un sector "estratégico" en manos privadas. Dicho en otros términos, los Kirchner (como lo hizo casi todo el peronismo en los '90) avalaron el proceso de privatización de la empresa y se beneficiaron, en tanto provincia petrolera, de las regalías pagadas por Repsol-YPF. Aliverti reconoce (en una muestra de candor) que el problema consiste en que "la lógica legítima de una compañía privada es maximizar ganancias e invertir de acuerdo con una tasa de retorno económico-financiera. Y en consecuencia, exigen un precio acorde con la utilidad esperada." No tengo ninguna duda de que el señor Aliverti sabe que esto es, ni más ni menos, que el comportamiento de una empresa capitalista, y no hay ningún derecho para reprocharle a los señores empresarios este tipo de conductas. Ahora bien, cuando muchos dirigentes del campo nacional y popular (incluyendo a Néstor y a Cristina) aprobaron y/o aceptaron calladamente la privatización de YPF, sabían que este era el comportamiento "legítimo" de las empresas. Entonces, ¿qué  sentido tiene plantear en 2012 el descubrimiento de la pólvora?

En segundo lugar, Aliverti sostiene que fue un error haber confiado en la llamada "burguesía nacional" para resolver el problema: " El grupo Eskenazi falló en YPF (...) la conducta de la burguesía nacional –fugadora serial de capitales– no se modifica con voluntarismo político." Ahora bien, esta apuesta por la "burguesía nacional" fue realizada por el ya mítico Néstor Kirchner (mítico en el sentido de que sus partidarios se han empecinado tanto en modificar su figura que ya resulta difícil dar con el original), siguiendo en este punto la vieja idea del peronismo acerca de las virtudes "fabulosas" del empresariado "nacional". La pregunta que corresponde hacer es, ¿por qué la burguesía nacional estaría obligada a seguir una "lógica" diferente a la del resto de los capitalistas? Curiosamente, Aliverti, un fervoroso partidario de la política "kirchnerista", contesta diciendo que la conducta de los Eskenazi (podríamos agregar los Cirigliano - TBA - y tantos otros) ha sido la esperable, esto es, la "lógica legítima" del empresario capitalista que sabe que, más allá de su carácter nacional o extranjero, debe obtener una ganancia o dejar de ser empresario. Este imperativo está por encima de cualquier otra consideración. Todo el lamento acerca de la falta de "sentido nacional" del empresariado se basa en ignorar los principios que rigen el comportamiento de los empresarios. La trayectoria de YPF luego de la incorporación del grupo Eskenazi muestra la validez de este viejo precepto.

Todo lo anterior deja en pie el problema de qué hacer con YPF. Independientemente de sus errores pasados, el "kirchnerismo" tiene que hacer algo con YPF en particular, y con el sector energético en particular, dado que la sangría de divisas para importar combustibles se ha transformado en un dolor de cabeza para la política económica. Sin energía, la actividad económica se desacelera y esto va en contra de los intereses de la clase capitalista en su conjunto, pues ¿cómo sostener la "lógica legítima de una compañía privada" si no se pueden producir mercancías para vender y realizar así la ganancia?

Si los empresarios "nacionales" carecen de "vocación nacional", ¿qué hacer con YPF? La crisis energética no se soluciona con lamentos. 

El señor Aliverti resuelve la cuestión apelando a la intervención estatal. Puesto que tanto la privatización como la incorporación de la "burguesía nacional" han fracasado, nada mejor que el Estado para poner remedio a la situación: "sólo con un Estado activo, estableciendo límites, puede cambiársela [se refiere a la conducta de la "burguesía nacional"]". En otras palabras, el Estado tiene que hacerse cargo de la empresa (el señor Aliverti se cuida de indicar cuál es el mejor camino para ello). Dicho de otro modo, el Estado tiene que servir como andador de la "burguesía nacional" o, para ser más precisos, el Estado tiene que promover por todos los medios posibles la acumulación de capital. ¿Hay algo nuevo en esto? De ninguna manera. Sin embargo, el señor Aliverti presenta esto como si se tratara de una revolución del pensamiento: "El tiempo “noventista” –y un poco para atrás, y otro poco hacia delante– en que la batalla cultural, por la construcción de sentidos y por tanto de conciencia popular, semejaba haber quedado en manos definitivas de la derecha. Ese tiempo de verdades presuntamente reveladas, incontrastables, según las cuales unos muy pocos sabían de mucho y los muchos se consideraban apartados de todo juicio crítico, porque los otros tenían la exclusividad de dar cátedra desde los medios del relato único. Se acabó, por fin. Las versiones de derecha ya no convencen caminando, al cabo o en medio de los atropellos, torpezas y desatinos que produjeron aquí y en el mundo." Así, la versión propuesta por el señor Aliverti no es, según sus dichos, una concepción de derecha. Se trata, en cambio, de una posición "progresista". En este punto, conviene precisar en qué consiste la concepción del "progresista" Aliverti sobre el Estado.

El "progresismo" propone redefinir la función del Estado en la sociedad capitalista. "El dilema es cómo contrariar, en la acción de un modelo o proyecto que se pretendería soberano, nacional, popular, liberador (palabra esta última con la que también es necesario vencer prejuicios), el precepto de que el Estado es la organización autoinstituida por la clase dominante para sojuzgar al resto." Ya no se trata, como dicen los marxistas, de que Estado defienda los intereses de las clases dominantes. Tampoco corresponde hablar de explotación de los trabajadores y sectores populares por los capitalistas. Estas ideas tienen que ser rechazadas desde el momento en que Aliverti reconoce la "legitimidad" del capitalismo. El capitalismo es la realidad eterna e inmutable, y los aspectos penosos de la misma tienen que ser corregidos por el Estado, que representa los intereses del conjunto (o los intereses "nacionales", para usar un término más caro a muchos militantes "kirchneristas"). En el caso concreto de YPF, el "progresismo" propone corregir el problema estableciendo desde el Estado el carácter "estratégico" de los recursos petrolíferos.

Como quiera que sea, ¿para quiénes son "estratégicos" el petróleo y el gas? Dado que nuestra economía es capitalista y que tanto el "kirchnerismo" como el señor Aliverti no tienen planes para que cambie nuestro sistema social, dichos recursos son "estratégicos" en función de la acumulación de capital. Si bien esto puede sonar desagradable, dado el peso que tienen las consignas nacionalistas entre muchos militantes populares, es forzoso decir que la modificación de la situación de YPF (léase mejorar la situación de crisis energética) se ha vuelto un imperativo para el capitalismo argentino. Y decir capitalismo argentino no es lo mismo que decir trabajadores y sectores populares.

El señor Aliverti no puede aceptar la formulación del párrafo anterior, pues implicaría reconocer la validez de la tesis marxista sobre el carácter de clase del Estado. En su opinión, el Estado (este Estado) es una herramienta para la puesta en marcha de un proceso "liberador", encarnado en la actualidad en el "kirchnerismo". Frente a esta afirmación pueden hacerse dos comentarios. Por un lado, el Estado real forma una unidad con el funcionamiento de la producción capitalista. Así, por ejemplo, su financiamiento depende del mantenimiento (y expansión) de los niveles de la actividad económica, actividad que responde a la lógica del empresario capitalista. El señor Aliverti nos presenta, en cambio, dos compartimentos separados: de un lado, las empresas, con su lógica orientada a la maximización de ganancias; del otro lado, el Estado, capaz de liderar un proceso de transformación (y de liberación, como indica el propio Aliverti) favorable a los intereses populares. En el fondo, Aliverti piensa al Estado como un instrumento neutral, cuya actuación depende de las fuerzas sociales que lo controlen. De este modo, si el Estado es controlado por los empresarios, tendremos un Estado neoliberal; en cambio, si son los sectores populares quienes tienen el control, tendremos un Estado nacional y popular. Pero esta concepción ignora el hecho de que la estructura del Estado está moldeada en función del capitalismo, de la lógica del capital. De modo que el Estado NUNCA ES NEUTRAL en términos de capitalismo. A esta altura resulta de utilidad recordar que el Estado moderno, guste o no, es creación de la burguesía.


Por otro lado, el capitalismo es una forma de organización social en la que impera la competencia, tanto entre los trabajadores como entre la burguesía. La lógica de la empresa capitalista, llevada al extremo, conduce a la crisis, dado que cada empresa privilegia su propio interés por sobre el del conjunto de la clase capitalista. En este sentido, el Estado opera como una especie de capitalista colectivo, que tiene presente los intereses del conjunto capitalista y que tiende, por tanto, a mellar los efectos más nocivos de la competencia entre capitalistas. Así, por ejemplo, el Estado establece los sistemas de educación pública y de seguridad social, porque si dichos temas quedaran librados a la voracidad de los empresarios (nacionales o extranjeros), en poco tiempo no quedaría clase trabajadora que explotar. El señor Aliverti pasa por alto esta función, y cree que el Estado regula a la sociedad en la medida en que representa a los intereses de TODOS. Ese todo es, cuanto menos, problemático, puesto que la sociedad capitalista es una sociedad desigual, con clases sociales que ocupan diferentes posiciones en el proceso productivo y que, por tanto, tienen desigual poder en la sociedad. Pero el "progresismo" se define, precisamente, por ignorar la existencia de las clases sociales. Sólo así puede entenderse que el "progresismo" conciba a una posible reestatización de YPF como un paso en la "liberación social".

La situación de crisis energética constituye un problema central para el capitalismo argentino, en la medida en que pone en riesgo la continuidad del crecimiento económico. Esto es lo que está en juego. Plantear la posible reestatización de YPF (o cualquier otro mecanismo alternativo) como un paso en la "liberación nacional" implica ignorar el papel del Estado en la economía capitalista en general, y en la economía argentina en particular. 


Por último. Al lector que piense que está frente a una defensa velada de la privatización de YPF o de la propiedad privada de las empresas le recomiendo prestar atención al contenido de la nota. Los prejuicios pueden ser tanto neoliberales como "progresistas", pero no por eso dejan de ser prejuicios.


Buenos Aires, viernes 6 de abril de 2012

NOTAS:

lunes, 27 de febrero de 2012

LA MASACRE DE ONCE, LA BURGUESÍA "NACIONAL" Y EL ESTADO

¿Cómo se pueden conciliar la tan declarada búsqueda de la "emancipación nacional y social" con el mantenimiento de las concesiones de los ferrocarriles a eminentes benefactores de la humanidad como los crápulas del Grupo Cirigliano, con la entrega de las riquezas minerales del país a las multinacionales mineras y con el mantenimiento de una situación laboral en la que un tercio - por lo menos - de los trabajadores se encuentran en situaciones que orillan todos los matices de la "negrura" y de la precariedad? ¿Es lícito hablar de soberanía cuando el grueso del soberano - el pueblo trabajador - no puede decidir siquiera las condiciones en las que viaja a su trabajo? 

El lector decidirá si se trata de preguntas ociosas o no. Resulta útil, en este momento, presentar de la manera más coherente y honesta posible las respuestas que varios militantes e intelectuales partidarios del "kirchnerismo" formulan para dichos interrogantes. Dado que la masacre de Plaza Once ha sumido en la perplejidad a la militancia "kirchnerista" y que los momentos de crisis son reveladores sobre el contenido más profundo de una corriente política, estos testimonios resultan de gran importancia.

El estado de ánimo de la militancia "kirchnerista" en los momentos inmediatamente posteriores a la masacre puede ejemplificarse con el texto publicado en el blog "Los caniches de Perón" (1): "No pudimos. No supimos. No nos alcanzo el poder para cambiar esta historia. Hay que hacerse cargo compañeros, en un gobierno Peronista se nos murieron 51 compañeros trabajadores porque no llegamos a tiempo. ¿Somos responsables de esto? Si. ¿Somos culpables? No. A 51 muertos de llegar a tiempo. Esto nos duele más que a nadie. Nosotros tomamos los trenes, nosotros viajamos en colectivo. ¿Lo sabíamos? Si, claro que lo sabíamos. Pero no llegamos.Si buscamos hay miles de justificaciones validas. Pero ya de nada sirven. Ninguna calmará el dolor. Ninguna nos sacara la vergüenza ante la historia. Solo nos queda por ahora, bajar la cabeza ante las familias de las víctimas, ayudarlas en lo que podamos y rezar por los muertos. Cristina seguramente siente lo que sentimos nosotros. Ella tomara las decisiones que haya que tomar y nos volverá a sorprender por su audacia. Pero esta vez no habrá festejo. Estuvimos nada mas ni nada menos que a 51 muertos.Otra herida profunda en el alma Peronista. Como duele Compañera. Otro dolor más para vos y para todos nosotros. Somos fuertes y sobre las lágrimas y el dolor seguiremos escribiendo la historia grande de nuestra Patria. Aunque esta vez no pudimos. No supimos, llegar a tiempo.Fuerza compañera, en las buenas y en las malas siempre con vos."

La perplejidad de los militantes "kirchneristas" se condensa en la frase "No alcanzó el poder para cambiar esta historia." Es claro que modificar el régimen de concesiones en el área del transporte ferroviario, impulsado por el peronismo menemista de la década del '90, no era (no es) una tarea superior a una relación de fuerzas desfavorable. Nadie que esté en sus cabales puede pensar que la reestatización del servicio ferroviario, por ejemplo, puede tener como consecuencia que los marines desembarquen en Puerto Madero o que la burguesía retire masivamente inversiones del país. Modificar las condiciones en las que viajan los trabajadores en Argentina no parece, en principio, una tarea equivalente a tomar el Palacio de Invierno. Tampoco parece requerir, a priori, la realización de otro 17 de octubre. 

Si esto es así, ¿por qué no se hizo? ¿por qué se mantuvieron las condiciones que generaron la masacre?

Antes de pasar a presentar la respuesta que dan a esos interrogantes algunos intelectuales y periodistas "kirchneristas" es conveniente tener presente quién es el grupo empresarial que detenta la concesión del Sarmiento.
El Grupo Cirigliano, propietario de TBA (la empresa que explota la concesión del Sarmiento), tiene una larga historia de negociados y contubernios con el Estado nacional desde la época del peronista neoliberal Carlos Menem. Sebastián Premici, periodista que trabaja en PÁGINA/12, publicó el viernes 24/02 una nota describiendo la evolución del Grupo (2). Allí se lee que: "El crecimiento económico del grupo fue exponencial. Pasó de explotar dos líneas de colectivos porteñas a tener una presencia mayoritaria en el transporte de pasajeros de corta distancia en el AMBA. Desde el Grupo Plaza desarrolló una estrategia para quedarse con la mayoría del mercado del transporte urbano (líneas 36, 61, 62, 104, 114, 124, 133, 140, 141, 142 y 553). En 1999, el holding tenía la siguiente composición: Cometrans; Tatsa SA (carrocerías de buses); Emfersa SA (material ferroviario); TBA; el 38 por ciento de Metrovías (del cual después se desprendió); el 40 por ciento de Opportrans (metro de Río de Janeiro), y el Grupo Plaza. En 2000 llegaron las aseguradoras."
En otras palabras, el Grupo Cirigliano parece ser un digno exponente de la burguesía "nacional", capaz de expandirse tanto en el ámbito local como en el internacional. Ese crecimiento se hizo recurriendo sistemáticamente a los favores del Estado. Premici escribe: "Durante el gobierno de la Alianza, TBA logró una prórroga de su concesión por diez años, a pesar de que registraba multas e incumplimientos en sus planes de inversión. Por eso, el nuevo contrato incluyó una addenda por la cual todos los incumplimientos pasaban a formar parte de las 'metas a cumplir' (Decreto 141/2001). Tras la debacle de la Alianza, el gobierno de Eduardo Duhalde dictó la emergencia ferroviaria (Decreto 2075/2002), a partir de la cual se frenaron todas las obras incluidas en el plan de metas a cumplir y las que estaban en ejecución. Dicha emergencia quedó incluida dentro de la Ley de Emergencia Pública, prorrogada desde entonces. A partir de 2003, TBA se benefició con la política de subsidios aplicada por el gobierno nacional para mantener las tarifas bajas con el objetivo de sostener el salario de los trabajadores frente al aumento de los costos empresarios. Las erogaciones fueron en aumento año a año (en 2011 fueron 133,3 millones, en tanto que en enero de este año alcanzaron los 76 millones de pesos), mientras que las inversiones de la compañía no presentaron la misma progresión, tras lo denunciado por la AGN." Como puede observarse, la pasión por el Grupo Cirigliano fue común a los gobiernos de la Alianza, del peronista Duhalde y de los peronistas Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Hay que agregar a la lista al peronista neoliberal Menem. 

El Grupo Cirigliano creció a partir de una aceitada relación con los distintos gobiernos que estuvieron al frente del Estado nacional a partir de 1989. Ahora bien, el "kirchnerismo" ha proclamado desde sus orígenes la ruptura con la herencia neoliberal de los '90. Es preciso, pues, volver a los interrogantes planteados más arriba: ¿por qué se mantuvo la situación?

Los intelectuales y periodistas que intentaron dar una respuesta en estos días parten del reconocimiento de que los trabajadores viajan en condiciones pésimas. Mario Wainfeld, en su nota editorial del sábado pasado en PÁGINA/12 (3) expresó esto con claridad: "Hoy día, el 'sistema' de transporte está por debajo de las necesidades de los pasajeros, laburantes ellos. El intríngulis es previo y superior al caso específico de TBA. La política oficial, que hizo centro en la accesibilidad al servicio a través de la baratura del pasaje, es correcta en ese aspecto e insuficiente." Wainfeld va un poco más lejos y sostiene que la modificación de las condiciones en que viajan los trabajadores forma parte de las tareas de "segunda generación" del "kirchnerismo": "nada dispensa al Gobierno de hacerse cargo de nuevos desafíos o demandas de segunda generación. El transporte público, el sistema de Salud, el acceso a vivienda digna y al suelo para construirla son objetivos del segundo mandato de la presidenta Cristina. Por ahora, sólo esta última demanda está en la agenda parlamentaria más o menos inmediata. sos temas, o la protesta contra la minería a cielo abierto, son agenda que imponen los ciudadanos o la cruel realidad. Si se mira bien, seguramente muchos usuarios del tren o muchos habitantes de provincias mineras eligieron a Cristina, conociendo los déficits por los que claman ahora. No hay incongruencia en sus procederes. No otorgaron un cheque en blanco, sino la oportunidad de seguir gobernando. Quien recuperó trabajo o mejoró sus salarios exige ahora mejores prestaciones de servicios. Quienes valoran numerosas ampliaciones de derechos quieren hacerlas extensivas a los usuarios de transporte o del sistema de salud."

Wainfeld deja de lado en su argumentación que el "kirchnerismo" gobierna el país desde el 2003 y que, si bien puede defenderse la posición del gobierno en los primeros años (aún no estando de acuerdo con su política) aludiendo a su situación objetiva de debilidad, la modificación de las condiciones en las que viajan los trabajadores no supone un esfuerzo revolucionario, por más dura que resulte la tarea. Guste o no, en este punto el "kirchnerismo" es parte del problema, no un espectador que mira la escena desde una butaca.


La política "kirchnerista" para el Grupo Cirigliano puede entenderse en el marco de la reformulación del proceso de acumulación capitalista en Argentina a partir de 2002. La caída de la Convertibilidad y la crisis de la ideología neoliberal marcaron el final del modelo de acumulación promovido por el peronismo neoliberal. Hasta ese momento, la acumulación capitalista se apoyaba en el ingreso de divisas del exterior vía préstamos (generando mayor endeudamiento) o inversión extranjera directa (en los '90 aumentó el proceso de extranjerización de la economía argentina, sobre todo en el sector más concentrado). La crisis de 2001-2002 cerró la canilla de los préstamos provenientes del exterior, pero abrió otras posibilidades para el capitalismo argentino, basadas en la reducción del costo de la fuerza de trabajo (vía devaluación y persistencia de las reformas laborales impulsadas por el peronismo neoliberal) y en la mejora de los precios internacionales de las materias primas exportadas por el país. 


A partir de 2003, el "kirchnerismo" aprovechó esas nuevas posibilidades para impulsar un largo proceso de crecimiento económico. Uno de los problemas claves a resolver fue la cuestión de la inversión. En las condiciones post 2001 el "kirchnerismo" apostó paulatinamente a la "burguesía nacional" para impulsar el desarrollo económico. La apuesta por el Grupo Cirigliano se entiende, por tanto, en función de esta política general. 

Alfredo Zaiat, comentarista económico de PÁGINA/12, describe las características generales del modelo impulsado por el "kirchnerismo": "El kirchnerismo ha intentado variadas estrategias, con resultados no siempre favorables, para inducir la inversión privada. Inicialmente ha impulsado la expansión y ampliación de los mercados, con una demanda interna y externa en crecimiento, que, según los manuales del pensamiento económico convencional, debería haber alentado la vocación inversora. Varios sectores, además, han disfrutado de elevados precios internacionales de los principales productos de exportación, bajos costos laborales en términos históricos y aun internacionales, tasas de interés reales negativas y, fundamentalmente, robustos márgenes de ganancia. El actual ciclo político ha favorecido también a grupos económicos locales para que ocupen espacios de multinacionales en áreas de servicios públicos y en el rubro energético." (4)

Esa política fue defendida por un vocero del "kirchnerismo" como Hernán Brienza en los siguientes términos al referirse al caso particular del mercado de medios de comunicación: " Nadie quiere que desaparezcan o sean remplazados los miembros de la élite que ocupan espacios de poder desde hace varios paradigmas. Se trata simplemente de que, además de aquellos empresarios de medios hegemónicos, cuyo valor principal es el de haber heredado las empresas de sus antepasados, exista la posibilidad de que gente como Roberto Caballero, hijo de un carpintero de Villa Celina, también tenga el derecho de ser director de un diario. Eso es subversivo en sí mismo. Y el Estado debería garantizar esa posibilidad ofreciendo una pauta oficial que asegure un tratamiento desigual hacia los desiguales. Porque esa es la verdadera igualdad." (5). Brienza, con su característica sinceridad, no dudó en calificar a esa política de "capitalismo de amigos".

A esta atura, e independientemente de la masacre de Once, la política de recostarse en la "burguesía nacional" no ha dado los resultados esperados. El mejor indicador de esto es la falta de niveles adecuados de inversión. Le damos otra vez la palabra a Zaiat, que hace un balance de la política mencionada: "El investigador Pablo Manzanelli, en el documento 'Evolución y destino del excedente de la cúpula empresaria en la posconvertibilidad. La formación de capital', calculó que la participación de la inversión bruta en el valor agregado de la cúpula descendió del 24,7 por ciento en el período 1993/2001 al 14,7 por ciento en la posconvertibilidad (2002/2009). En uno de esos años, en 2008, mientras que en las 500 firmas más grandes la tasa de inversión fue del 19,3 por ciento, en el conjunto de la economía nacional dicha tasa trepó hasta alcanzar el 25,1 por ciento, casi seis puntos porcentuales más elevada que la de las grandes corporaciones. (...) Este comportamiento del núcleo del poder económico define restricciones a una estrategia de elevado crecimiento sostenido, lo que explica las tensiones con grupos económicos denominados 'amigos' durante cientos de crónicas por parte de analistas, que ahora resulta que no eran tan 'amigos' o, en realidad, de lo que se trataba era de una política pública, no de amistad, con empresarios nacionales, en la búsqueda de una imaginaria burguesía local, que en los hechos ha demostrado sus limitaciones, más afecta a las revistas de la farándula que a las inversiones productivas. Esas tensiones se reflejan en las disputas con Techint de la familia Rocca, que finalmente anunciaron inversiones en plantas radicadas en el país luego del resultado de las elecciones presidenciales; con YPF de la familia Eskenazi que, en vez de imprimir una vocación inversora en su desembarco en la petrolera, replicó la conducta española de perfil especulativo-financiero sobre los pozos petroleros; con TBA de la familia Cirigliano, que invierte poco y cuando lo hace es con dinero público de los subsidios a precios inflados a proveedores vinculados, o con Banco Macro de la familia Brito, tentado por liderar la última corrida contra el peso."

La perplejidad de los militantes frente a la masacre de Once forma parte, por tanto, de un clima más general en las filas del "kirchnerismo", motivado por el descubrimiento de la que burguesía "nacional" no es tan nacional o, dicho de otra manera, de que el interés del capital pasa por la obtención del plusvalor y no por la promoción de los intereses nacionales. En 2012 no se puede descubrir la pólvora. El "kirchnerismo" ha representado (representa) la conformación de un nuevo modelo de acumulación capitalista en Argentina. De ninguna manera puede ser pensado como el punto de partida de un proceso de emancipación nacional y social. En todo caso, si se quiere comenzar a transitar un proceso de liberación es preciso partir de que existe un antagonismo irreconciliable entre los intereses de los empresarios y de los trabajadores. 


Frente a los problemas crecientes con la burguesía "nacional", los intelectuales "kirchneristas" apuestan al Estado. Dicho de otro modo, si la burguesía "nacional" muestra poco interés en el desarrollo nacional, es el Estado quien tiene que suplantarla, construirla y/o educarla. La "sintonía fina" de Cristina Fernández forma parte de este incipiente replanteo del "kirchnerismo". 


Zaiat expresa la apelación a la intervención estatal en el caso particular de TBA: "El esquema de privatización con concesión a privados de los trenes ha alcanzado hoy la misma estación donde terminó la experiencia británica de Margaret Thatcher: en el descalabro. En ese país, el paso siguiente fue una forma de reestatización de Railtrack, empresa que fue parte de la famosa y tradicional British Rail. Ese proceso tuvo un recorrido similar al que se está registrando aquí: aspiradora de subsidios y fondos públicos, caída de la calidad del servicio por falta de confort e incumplimiento de los horarios y aumento de la inseguridad por el incumplimiento de las inversiones. La nueva gestión pública de Railtrack se quedó con la propiedad y gestión de la infraestructura y de todos los bienes ferroviarios, no tiene fines de lucro y en su directorio participan el Estado, el sindicato, usuarios, compañías operadores de pasajeros y la industria proveedora." (6). En otro artículo, Zaiat se muestra partidario de la profundización de la intervención estatal en el conjunto de la economía: "El desafío no es menor si se pretende una transformación cultural del empresariado para que, en un entorno económico favorable, incremente la inversión reproductiva, la reinversión de abultadas utilidades y disminuya la fuga de capitales. Las inversiones no dependen de elusivas expectativas respecto del “clima de negocios”, que es un abismo de percepciones subjetivas. Las experiencias de crecimiento e industrialización han sido procesos de desarrollo liderados por el Estado, y la inversión guarda una relación estrecha con la evolución de la demanda agregada, en particular con el consumo (público y privado) y con el saldo comercial (exportaciones menos importaciones). En otros términos, la inversión no es exógena a la evolución de la demanda de bienes finales y de la acumulación de capital. En esa línea, frustrada en parte la voluntarista estrategia oficial de incentivo por crecimiento económico, primero, y por recrear una burguesía nacional dinámica, después, ahora el intento es la exigencia de inversiones a la cúpula empresaria definiendo reglas formales e informales de manejo de divisas, utilidades y compras externas." ("Intervenir").

En esta nueva etapa, los intelectuales "kirchneristas" apelan al Estado como motor del desarrollo capitalista. Desde el punto de vista del capitalismo, es un camino lícito y tiene una amplia variedad de antecedentes, tanto en el país como en el mundo. Reservamos para otra nota la discusión de este camino. En este lugar preferimos hacer constar algo mucho más primordial. La masacre de Plaza Once fue consecuencia del desprecio absoluto por la vida humana, y el capitalismo se basa, precisamente, en poner a la vida humana como un simple medio para la acumulación de capital. Elegir el capitalismo, siendo que es el camino más fácil en las actuales condiciones, implica aceptar lo anterior (y otras tantas cosas que padecemos a diario). Desarrollar el capitalismo vía Estado es, también, DESARROLLAR EL CAPITALISMO.

Mal que nos pese, la emancipación social no puede pasar por un sistema basado en la desigualdad de poder entre empresarios y trabajadores. Aunque de esto no se hable.

Buenos Aires, lunes 27 de febrero de 2012
NOTAS: 


(2) Sebastián Premici, "La larga marcha del holding de TBA", http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-188273-2012-02-24.html

(3) Mario Wainfeld, "El dolor y los deberes", http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-188363-2012-02-26.html


(5) Hernán Brienza, "Pareto y el miedo de los anticuarios", http://tiempo.infonews.com/notas/pareto-y-miedo-de-los-anticuarios

(6) Alfredo Zaiat, "Beneficio social", http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-188386-2012-02-26.html