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sábado, 15 de septiembre de 2018

FICHA: TORRE, JUAN CARLOS LOS SINDICATOS EN EL GOBIERNO 1973-1976 (1983): CAP. 2


Juan Carlos Torre (n. 1940), sociólogo e historiador argentino, es autor de varios trabajos fundamentales sobre la historia del peronismo y el movimiento obrero argentino. Entre ellos se destacan Los sindicatos en el gobierno 1973-1976 (1983) y La vieja guardia sindical y Perón: Sobre los orígenes del peronismo (1988).  Esta ficha es la segunda de una serie dedicada a presentar extractos y notas de lectura de la primera de dichas obras. En épocas de crisis es imprescindible pensar la realidad como un proceso, cuyas raíces se encuentran en la historia. Por cierto, esta afirmación no tiene nada de novedoso, pero conviene recordarla, sobre todo cuando se milita en organizaciones que intentan ser revolucionarias.

La ficha está dedicada al capítulo 2 de la obra, titulado “Los sindicatos ante el gobierno peronista: Mayo 1973 – Septiembre 1973” (pp.41-66). El núcleo del capítulo aborda la cuestión de los cambios ocurridos en el movimiento obrero a partir de la radicación del capital transnacional en la industria y su relación con el ascenso de las luchas obreras en 1969-1973.

Por último, trabajé con la siguiente edición de la obra: Torre, Juan Carlos. (1989). Los sindicatos en el gobierno 1973-1976. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Las secciones en que se divide la ficha corresponden a los distintos apartados del texto.

1.    Los líderes sindicales y Perón (pp. 41-48)

El Plan de Juan Domingo Perón (1895-1974) al regresar al poder en 1973 consistía en “construir un orden político capaz de poner bajo control las expectativas y las pasiones desatadas por casi dos décadas de frustración y discordia.” Para ello propuso un acuerdo político entre el PJ y la UCR; por otro, un Pacto Social entre los empresarios y los sindicatos. (p. 41).

El primer obstáculo en el plan de Perón era su propio movimiento. El ala política estaba acostumbrada a la proscripción, de ahí que le importaba poco la institucionalidad; el ala sindical buscaba recuperar terreno en la distribución del ingreso; las “formaciones armadas” (guerrilleros) no aceptaban fácilmente renunciar a la violencia. El segundo obstáculo era el carácter maltrecho de los partidos políticos y las asociaciones profesionales, con su representatividad cuestionada.

25/05/1973 = Héctor José Cámpora (1909-1980) asume la presidencia. Los sindicalistas veían al nuevo gobierno con desconfianza. El motivo principal era la actitud de Perón durante la campaña electoral: “En lugar de montar el que sería su retorno al poder sobre el movimiento obrero organizado, Perón había preferido hacerlo sobre los viejos cuadros políticos y los nuevos contingentes juveniles del peronismo.” (p. 43). Perón, gran táctico de la política, optó por alentar a la juventud para derrotar a su rival en 1972-1973, el general Alejandro A. Lanusse (1918-1996), el último presidente de facto de la dictadura iniciada en 1966.[i]

La relación de Perón con los sindicalistas en 1955-1973 combinó necesidad mutua y desavenencias. Los sindicatos, que ganaron gran poder en 1946-1955, se vieron descabezados y derrotados en 1955. Luego de un combate duro contra la dictadura, recuperaron posiciones con la presidencia de Arturo Frondizi (1908-1995), quien llegó al poder en 1958 con el voto peronista. Los sindicatos, proscripto el partido peronista, acapararon la representación política de las masas peronistas. A su función económica añadieron la función política. Una vez que recuperaron los sindicatos y la CGT, los dirigentes gremiales desarrollaron una política dirigida a conservar sus posiciones. Eso los llevó a rehuir los enfrentamientos con los gobiernos de turno y a preferir la negociación.

“Con ese pragmatismo, los dirigentes sindicales no hacían más que desarrollar la lógica de unas instituciones que sólo podían prosperar a favor de la benevolencia de los centros de poder.” (p. 46).

Perón, en cambio, durante 1955-1973 se dedicó a desestabilizar a todos los gobiernos de turno. Ésta fue la fuente principal de sus enfrentamientos con los dirigentes sindicales.

Los dirigentes sindicales se opusieron a la candidatura de Cámpora. Apenas éste asumió la presidencia, se dedicaron a salir del aislamiento político en que se encontraban. Se apoyaron en el círculo íntimo que rodeaba a Perón.

2.    La CGT y la política de ingresos (pp. 48-53)

La expectativa sindical al producirse la asunción de Cámpora era la de un aumento salarial cercano al 100%. Lejos de ello, Perón los forzó a aceptar el Pacto Social, pergeñado por el ministro de Economía, Gelbard (1917-1977). El Pacto consistía en una política de ingresos concertada entre los sindicatos, los empresarios y el Estado.

“La política de ingresos adoptada por el ministro Gelbard en la emergencia se propuso (…) el doble objetivo de contener las expectativas inflacionarias y colocar bajo control las pujas intersectoriales por la distribución de ingreso. Para lo cual aumentó los salarios en un 20%, muy por debajo de las demandas sindicales, suspendió las negociaciones colectivas por dos años, congeló el valor todos los artículos y creó un rígido sistema de fiscalización de precios. Todas estas medidas fueron implementadas mediante la firma de un acta de compromiso entre el gobierno, (…) CGT y CGE, y la constitución por estas entidades de órganos de consulta y vigilancia encargados de seguir la evolución de los acuerdos.” (p. 50).

El Pacto Social fue elaborado tomando como inspiración varias experiencias de concertación realizadas en Europa desde la década del ’50. Dada la tradición de lucha reivindicativa del sindicalismo en el período 1955-1973[ii], el Pacto Social representaba una gran concesión al gobierno peronista. Perón utilizó todo su capital político para convencer a los dirigentes sindicales de firmar el Pacto. Para la cúpula sindical, conducida por el secretario general de la CGT, José Rucci (1924-1973), la firma del acuerdo representó el regreso a la ortodoxia peronista y, por ende, la posibilidad de recuperar las posiciones perdidas en el período previo a la asunción de Cámpora.

A la pasada, Torre hace aquí un comentario agudo sobre el sentido de las políticas de concertación social:

“En los hechos, es el Estado el que ha procurado neutralizar la resistencia de organizaciones que pueden ejercer un poder de veto mediante el expediente de implicarlas en su gestión. El ejemplo más conocido son las políticas de ingresos, tendientes a racionalizar con la intervención de las asociaciones de interés sectorial, la dinámica de precios y salarios. Concebidos para el desempeño de una función estabilizadora, las políticas de ingresos apuntan a la regulación de variables económicas claves, como las indicadas, pero excluyen de su dominio decisiones cruciales que hacen al gobierno de la economía, por ejemplo, las decisiones de inversión. De tal forma que la participación que se les abre a los sindicatos es una participación subordinada, en la que se comprometen a moderar las reivindicaciones actuales a los efectos del logro de beneficios en el futuro – reducción de la inflación, creación de empleos – sobre los que su control es limitado.” (p. 50-51).

Torre afirma que “la firma del pacto social fue, por consiguiente, también una inversión táctica de la CGT, cuyos frutos los dirigentes sindicales comenzarían a obtener progresivamente, sobre todo a partir del momento en que Perón rompa con Cámpora y los sectores juveniles para tomar en sus manos el gobierno.” (p. 53).

3.    La generalización de los conflictos laborales (pp. 53-62)

Mayo de 1973 marcó un ascenso de las protestas populares. Se expresó, entre otras cosas, en una generalización de los conflictos laborales. Esta nueva ola de luchas presentó una diferencia sustancial con el período anterior, pues se dio en la provincia de Buenos Aires y no en el Interior. Para explicar ese desplazamiento geográfico, Torre dedica la mayor parte de este apartado a examinar las características de la lucha del movimiento obrero en 1969-1973.

1969-1973 = Las principales zonas de conflictividad obrera fueron Córdoba y la franja interior del río Paraná, entre Rosario y Buenos Aires. “Eran el asiento de áreas de nueva industrialización, organizadas en torno a las empresas metalúrgicas, siderúrgicas y petroquímicas levantadas por las compañías multinacionales a finales del cincuenta. Produciendo en condiciones oligopólicas y de tecnología moderna para un mercado crecientemente expansivo, estos núcleos industriales del interior contaban con los lucros extraordinarios para asegurarse, mediante mejores retribuciones, la captación y la formación de una mano de obra competente.” (p. 54).

Torre sostiene que la conflictividad obrera en el Interior se explica por dos factores: las características del clima laboral y el grado de control de los aparatos sindicales.

·    En Córdoba, la industrialización marcó el ritmo de vida de la ciudad. Así, “los clivajes sociales que se forman en la vida de la fábrica tienden a prolongarse y, en consecuencia, a volverse más transparentes en la experiencia extra-laboral, a través de múltiples formas de segregación física y social.” (p. 55). Esta situación de polarización social se amplificó en las áreas industriales alineadas en las márgenes del Paraná: Villa Constitución, San Nicolás, Zárate y Campana, “son una suerte de company towns, en las que la visibilidad de las relaciones de autoridad y las diferencias sociales que oponen los trabajadores en la gerencia en la experiencia diaria de la fábrica es acentuada por su relativo aislamiento con respecto a la trama social más compleja de las grandes ciudades.” (p. 55-56).

·    En síntesis, “un clima laboral (…) marcado por la transparencia de las oposiciones sociales y el espesor de los vínculos, dentro y fuera del trabajo, que refuerzan la solidaridad interna de la comunidad obrera, es un clima laboral altamente propicio para la rápida articulación del descontento.” (p. 56).

·     La situación es muy diferente en la ciudad de Buenos Aires, zona de industrialización más antigua: “Diluida dentro de un escenarios social (…) fuertemente diferenciado, que amortigua por un lado, los contrastes sociales y, por otro, que gravita en torno a actividades e intereses que son, en gran medida, independientes de ella, la fábrica no tiene aquí la misma capacidad de suscitar amplios movimientos colectivos que tiene en los núcleos industriales del interior. En primer lugar, la existencia de un medio urbano más diversificado, que está lejos de ser la proyección de los clivajes sociales que se forman en la experiencia de trabajo, limita severamente el monto de solidaridad externa con el que pueden contar las movilizaciones obreras. Mientras que en Córdoba o Villa Constitución, la protesta obrera alcanza muy rápidamente un carácter comunitario, con los barrios, las escuelas, los comerciantes locales convergiendo alrededor de la movilización que parte de la fábrica, en Buenos Aires, aquélla no tiene un poder de irradiación social semejante y queda confinada generalmente, al abandono del trabajo por los trabajadores en conflicto. En  segundo lugar, las distancias que separan el lugar de trabajo del lugar de residencia, la dispersión de los trabajadores en el heterogéneo cinturón industrial, constituyen factores que normalmente traban las posibilidades de comunicación y apoyo mutuo dentro de las propias filas. Así, la perspectiva de huelgas aisladas y, en consecuencia, fácilmente reprimibles, puede llevar – en condiciones políticas adversas para los trabajadores – a inhibir la expresión abierta de protesta.” (p. 56-57).

Sin embargo, las condiciones del clima laboral no explican por sí solas la conflictividad obrera. “Sólo pueden ser pensadas como favorables o desfavorables en situaciones en las que los trabajadores se movilizan colectivamente por sus demandas. La interacción entre la disposición y la acción y las circunstancias externas que se opera en estas situaciones es la que da sentido concreto a las posibilidades y limitaciones emergentes del clima laboral.” (p.57).

Respecto al control ejercido por los aparatos sindicales, la eclosión de la protesta obrera en el Interior se vio facilitada por la menor capacidad de control de la burocracia sindical, que permitió que la fábrica fuera el centro de la organización obrera. Torre dice que eso se explica a partir de los cambios ocurridos en la estructura sindical argentina en la década del ’60.

Estructura de los sindicatos industriales:

·   La mayoría de los sindicatos están organizados por rama. Comprenden a los trabajadores ocupados en las distintas empresas que realizan actividades similares o afines.

·         Dentro de los sindicatos por industria hay dos modelos predominantes de organización interna: la federación sindical, cuenta con representaciones sindicales reconocidas a nivel local o regional; la unión sindical, sólo está reconocida a nivel nacional, a nivel local o regional está presente a través de las seccionales que, en su gobierno interno y a los fines de la negociación colectiva, son orgánicamente dependientes de la entidad central. La unión sindical implica un funcionamiento más centralizado y asegura a las direcciones sindicales un mayor control sobre las bases.

·    El modelo de unión sindical se desarrolló al calor de la sindicalización de los trabajadores en la década del ’40. Sindicatos como la UOM o la AOT se construyeron sobre este modelo, facilitado por la relativa homogeneidad de los problemas laborales existentes en las ramas industriales de la época. El convenio colectivo de alcance nacional y los paros generales por sector fueron sus instrumentos típicos.
·  El modelo de federación sindical se desarrolló en sectores caracterizados por la existencia de pocas y dispersas grandes empresas. Ejemplos: energía, petróleo, frigoríficos.
·      La estructura sindical se modificó en la década del ’60, con la radicación de empresas transnacionales que coparon las ramas más dinámicas de la economía. Pasaron a operar dos fuerzas centrífugas: en primer lugar, las promovidas por la política laboral de las grandes empresas modernas, que “procuraron sustraerse a las condiciones generales del mercado de trabajo nacional ofreciendo, mediante la concertación de convenios por empresa, salarios más altos y mayores beneficios sociales.” (p. 59). SMATA y AOT se adaptaron a estos cambios: firmaron un convenio nacional y, además, rubricaron convenios a nivel empresa. La UOM permaneció firme en la defensa del convenio nacional. La política empresaria de negociación a nivel empresa tuvo su ejemplo extremo en la conformación de sindicatos de empresa, SITRAC-SITRAM, en las fábricas de autos y material ferroviario instaladas por la Fiat en Córdoba.
·    La segunda fuerza centrífuga consistió en la política impulsada por el presidente Illia, quien procuró controlar a las organizaciones sindicales promoviendo la democracia interna, la concertación de convenios por empresa y el otorgamiento de personerías gremiales. Esto debilitó la capacidad de control de la Burocracia, sobre todo en las ciudades del Interior.

En 1967, la dictadura de Onganía suspendió las negociaciones colectivas. La resistencia obrera se inició en los núcleos industriales del Interior. “Los conflictos comenzaban generalmente con el cuestionamiento de las atribuciones de la gerencia para fijar, en forma unilateral, las condiciones de trabajo. Enseguida el objetivo se ampliaba y la lucha cobraba nuevas dimensiones con la impugnación a las comisiones internas y los representantes sindicales locales que se habían mostrado flexibles a las directivas de la empresa.” (p. 61). El clasismo se expandió desde la experiencia original de SITRAC-SITRAM (1970) y el movimiento se convirtió en una impugnación de la Burocracia Sindical.

4.    La temática reivindicativa (pp. 62-66)

Junio – Septiembre 1973 = Creció la conflictividad obrera, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Las demandas de los trabajadores no se concentraron en la cuestión salarial, dada la vigencia del Pacto Social, sino en la reinterpretación de los convenios laborales, para lograr así una mejora indirecta de los salarios. También se dieron luchas por la incorporación de trabajadores despedidos. En una veintena de casos, los trabajadores se enfrentaron a las direcciones sindicales. Ricardo Otero (1922-1992), ministro de Trabajo y dirigente de la UOM, mantuvo una postura ambigua, recibiendo a los trabajadores en rebelión contra sus direcciones. Esta actitud se explica por el grado de movilización popular de la etapa.



Villa del Parque, sábado 15 de septiembre de 2018


NOTAS:

[i] “Al darles a los jóvenes el lugar de preeminencia que rápidamente ganaron en las filas de su movimiento y relegar, en cambio, a los dirigentes gremiales, Perón creyó reflejar mejor el espíritu de la movilización popular que lo devolvía al gobierno.” (p. 44).
[ii] Los sindicatos habían defendido siempre las ventajas de la negociación colectiva. De hecho, durante los gobiernos militares reclamaron continuamente la vigencia de la ley 14.250 de negociaciones colectivas.

jueves, 13 de septiembre de 2018

FICHA: PORTANTIERO, JUAN CARLOS. “ECONOMÍA Y POLÍTICA EN LA CRISIS ARGENTINA: 1958-1973” (1977)


A modo de presentación, cabe decir que este artículo de Juan Carlos Portantiero (1934-2007) resulta de lectura imprescindible para el estudio de las características de la política argentina luego del derrocamiento de Perón (1955). Presento aquí una ficha de lectura, con abundantes citas textuales, con el objetivo de promover la lectura crítica del artículo. No dispongo de tiempo para realizar un comentario de los argumentos de Portantiero; basta señalar, por el momento, que el autor descuida el análisis de las formas de organización, los objetivos y la ideología de los trabajadores y demás sectores populares. Además, presenta al Estado como una entidad capaz de reorganizar a la sociedad, despojándolo así de su carácter de clase.

Para la elaboración de esta ficha utilicé la siguiente edición: Portantiero, Juan Carlos. (1977). “Economía y política en Argentina: 1958-1973”. EN: REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA, vol. 39, núm. 2, abril-junio de 1977, pp. 531-565.

1.    El «empate» argentino. (pp. 531-536)

El primer párrafo resume las preocupaciones que atraviesan todo el texto:

“Una imagen de sentido común preside este trabajo: la convicción generalizada acerca de la carencia, desde hace tiempo, de un verdadero Orden Político en la Argentina; la obvia certeza sobre la incapacidad que ostensiblemente muestran sus clases dominantes para construir alguna forma de dominación legitima sobre una sociedad progresiva y dramáticamente desintegrada en círculos de fuego.” (p. 531).

Portantiero empleó el concepto de empate hegemónico para explicar la situación política posterior a 1955. Durante dos décadas, los principales actores sociales carecieron de fuerza suficiente para imponer su proyecto, pero contaron con la suficiente fortaleza para vetar el de los demás. La consecuencia del empate fue “la presencia de un Estado progresivamente aislado de la sociedad” (p. 531).

Para comprender el carácter “ingobernable” de la sociedad argentina es preciso “penetrar más hondamente en el complejo de relaciones económicas, sociales y políticas que se va estructurando desde finales de la década de los cincuenta.” (p. 531).

1945-1955 = Orden legítimo constituido por el bloque populista de poder, articulado por Perón (1895-1974). Incluía a las Fuerzas Armadas, al Sindicalismo y a las corporaciones patronales del capitalismo nacional. En lo económico, siguió el modelo de acumulación iniciado luego de la crisis del ’30, reformado por el peronismo a mediados de los ’40, con un patrón ampliado de distribución.

Portantiero sintetiza así el problema planteado con el derrocamiento del peronismo:

“Durante 10 años, el peronismo había conseguido dar expresion política coherente a una etapa de desarrollo de la sociedad argentina. A partir  de su caída, ninguna experiencia gubernamental logró satisfacer los requisitos mínimos necesarios para sostener un Orden estable. Faltó desde entonces- pese a la versatilidad de las formulas utilizadas- una ecuación política capaz de articulara la Sociedad con el Estado, de establecer mecanismos claros de exclusión y de recompensa, de fundar, en fin, una legitimidad reproductora del sistema, basada en la fuerza y también en el consenso.” (p. 532).

1955-1958 = Período de transición. La burguesía (sobre todo la agraria) procuró recuperarse del daño que le había inferido el nacionalismo popular. Se intentó desarmar al sindicalismo peronista. Desarticuló la participación de los sindicatos como interlocutores privilegiados para el diseño de proyectos sociales.

Sin embargo, hasta 1958 no se modificó en lo sustancial la estructura social heredada del peronismo:

“la economía nacional, articulada básicamente hasta entonces a través del negocio de las exportaciones agropecuarias, de la presencia subordinada de una industria local productora de bienes de consumo no durable y de un Estado empresario que controlaba buena parte de los servicios, como herencia de la administración peronista.” (p. 537).

1958-1962 = Presidencia de Arturo Frondizi (1908-1995). Desarrollismo. Se sientan las bases para un nuevo modelo de acumulación de capital. Se produce la sustitución de trabajo por capital en el desarrollo industrial. Esto se dio mediante la incorporación masiva de capital extranjero en la industria, desplazando a otras fracciones de la burguesía. El principio dinámico de la economía argentina se desplazó desde el mercado externo a la demanda interior. A partir de este momento se plasmó la situación de “empate hegemónico”.

“El «empate» político entre los distintos grupos se articularia, así, con una modalidad especifica de acumulación de capital en la Argentina basada, a su vez, en una situación de poder económico compartido que alternativamente se desplaza a la burguesía agraria pampeana (proveedora de divisas y por lo tanto dueña de la situación en los momentos de crisis externa) y a la burguesía industrial, volcada totalmente hacia el mercado interior. Según cuál sea el momento del ciclo - y los movimientos de este están determinados finalmente por la situación de la balanza de pagos - será la probabilidad de las alianzas que tiendan a establecerse.” (p. 533).

La base económica del empate político radica en un ciclo que comienza con una devaluación y la mejora de los precios relativos industriales y del salario real, hasta que la caída de la producción de la burguesía pampeana provoca una crisis en la balanza de pagos, a la que posteriormente sigue una devaluación.

“La particularidad de esta forma de acumulación, sustentada por un poder compartido cuyos desajustes internos se zanjan mediante bruscas y sucesivas traslaciones de ingresos que sacuden el cuerpo social del país, ciertamente explica, en una instancia ultima, las formas políticas del capitalismo argentino. Formas que testimonian una suerte de «imposibilidad hegemónica», dadas las recurrentes dificultades que enfrentan para elaborar una coalición estable las capas más concentradas de las burguesías urbana y rural.” (p. 534).

En el período analizado hubo dos intentos de la burguesía urbana para dividir el frente de los agrarios, agrediendo con medidas impositivas a los sectores más parasitarios de esta última: el primero, comandado por Adalbert Krieger Vasena (1920-2000), ministro de Economía de Onganía (1967-1969); el segundo, por José Ber Gelbard (1917-1977), durante la tercera presidencia de Perón (1973-1974). Portantiero considera que el primero de estos intentos fue la tentativa más coherente y sólida por superar el “empate hegemónico”; no obstante, luego de tres años, ya se encontraba agotada. Por eso, la pregunta que se hace Portantiero es: “¿Por qué, en fin, los sectores más dinámicos del capitalismo no pudieron sintetizar en el Estado la complejidad de la Sociedad Civil a través de un equilibrio entre los distintos factores de poder y terminaron aislados y derrotados políticamente?” (p. 534).

2.    Los preludios del cambio (pp. 536-542)

1962-1963 = Crisis económica. Recesión por déficit incontrolable en la balanza de pagos. La respuesta consistió en una devaluación, cuyo objetivo fue aumentar las exportaciones de la burguesía pampeana. La crisis económica llevó al derrocamiento de Frondizi por las FF.AA. Pero el desarrollismo había provocado cambios sustanciales en la economía: el capital extranjero pasó a controlar las industrias más dinámicas. La burguesía pampeana fue desplazada del centro de la escena política, aunque su rol siguió siendo fundamental en situaciones de crisis. En los tres años de frondizismo cambiaron los rasgos de la clase dominante. Ocupó el primer plano la “burguesía internacionalizada”.

Portantiero proporciona varias cifras para mensurar la inversión extranjera directa durante el frondizismo y los años posteriores. Basta con decir que entre 1960 y 1968 el monto de las inversiones norteamericanas en Argentina pasó de 472 millones de dólares a 1148 millones, es decir, un incremento del 243 %, mientras que en el resto de América Latina el incremento ascendió al 32 %. El 90 % de las radicaciones de empresas extranjeras efectuadas entre diciembre de 1958 y 1962 se concentró en industrias químicas, petroquímicas y derivados del petróleo, material de transporte, metalurgia, maquinaria eléctrica y no eléctrica.

¿Cuáles fueron los efectos sociales del crecimiento de la inversión extranjera directa?
a)    Concentración de las inversiones en la Capital Federal y su periferia, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Córdoba.
b)    Las variaciones en la distribución del ingreso beneficiaron a los sectores medio y medio superior, en detrimento de los superiores, pero también de los inferiores.
c)    Mayor heterogeneización de la clase dominante, que complejizó la trama de acuerdos-oposición de intereses en el interior de la burguesía, tanto urbana como rural.
d)    Modificaciones (en una primera etapa) en la composición interna de la fuerza de trabajo, a través de diferencias salariales nítidas a favor de los trabajadores de las ramas dinámicas.

El éxito del desarrollismo trajo nuevas complicaciones para la economía argentina; entre ellas, el aumento de las importaciones (materias primas, bienes intermedios, maquinaria, tecnología), que debían ser pagadas con dólares provistos por las exportaciones de productos agropecuarios.

Marzo de 1962 = Derrocamiento de Frondizi. José María Guido presidente. Federico Pinedo, representante de la burguesía agraria tradicional, ministro de Economía, aplica plan económico contra la recesión: liberalismo económico extremo.

1962-1963 = Inestabilidad política. Enfrentamientos armados entre sectores militares (“Azules” vs. “Colorados”) en septiembre de 1962 y abril de 1963. Los nuevos actores sociales generados en 1958-1962 se consolidan en los niveles ideológico y organizativo; buscan transformar su predominio económico en hegemonía política.

“El impulso modernizante del «desarrollismo» había comenzado a promover como participante significativo en el funcionamiento del Sistema Político, a una capa tecnoburocrática directamente ligada con los nuevos procesos de acumulación capitalista en todas sus esferas; intelligentsia en muchos casos fusionada absolutamente con la clase a la que estaba vinculada, hasta el punto de constituir una verdadera "burguesía gerencial". Representante directa o indirecta de los intereses de ese sector económico que apostaba a la consolidación de su hegemonía sobre la sociedad, esta capa tecnocrática (la que llamaremos el nuevo «Establishment») comenzara ya en época de Guido a proyectarse hacia la función publica, desplazando a los viejos políticos y abogados ligados con otras formas de acumulación (y de representación) que pasaban a ser subordinadas.
La emergencia de ese estrato era indicativa de una modernización general de la sociedad argentina, presente tanto en el tipo de consumos (y en las expectativas de consumo) de las clases medias, cuanto en la estructura antitradicionalista que comenzó a darse durante ese periodo a los patrones ideológicos dominantes, desde la Universidad en plena expansión «cientificista», hasta los medios de comunicación.” (p. 539).

El movimiento hacia la modernización política involucró el ascenso de otra fuerza social: la Burocracia Sindical.

“El crecimiento del papel del sindicalismo y el reflujo sufrido por los partidos políticos, colocó también en un primer plano institucional a las organizaciones corporativas empresarias, expresivas, en su variedad, de los intereses económicos directos de las distintas fracciones del capital (cada vez más diversificados), pero también articuladoras de proyectos políticos de mayor alcance. Es alrededor de ellas que se nuclea la tecno-burocracia, como asesora y redactora de programas tendientes a la constitución de alianzas con otras fuerzas sociales, condición indispensable para desemparejar la relación equilibrada vigente en el interior de las clases dominantes.” (p. 540).

Los nuevos actores sociales: Establishment, Burocracia Sindical, Organizaciones Empresarias. A ellos debe sumarse el cambio en las Fuerzas Armadas: la tendencia que quería volver a la situación anterior a 1943 fue derrotada; el general Onganía lideró al sector vencedor.

1963 = Arturo Humberto Illia (1900-1983) presidente. Portantiero afirma que pretendió gobernar el país como en el período anterior a la década del ’30. Su modelo era Hipólito Yrigoyen (1852-1933). Durante su gobierno la economía argentina inició un período decenal de crecimiento, cuyo eje fue la coyuntura internacional, que favoreció los precios de los productos argentinos en el mercado mundial.

Entre 1964-1971 la economía tuvo las siguientes características:
1)    Crecimiento ininterrumpido del PBI;
2)    Crecimiento sostenido del producto industrial;
3)    Aumento de la capacidad del sector industrial para ocupar mano de obra;
4)    Participación de las grandes empresas de las ramas vegetativas, junto a las pequeñas y medianas del sector dinámico, y las empresas extranjeras de este último sector, en los mayores crecimientos del monto de ventas;
5)    Atenuación de los ciclos originados en el sector externo;
6)    Estabilidad de los patrones de distribución del ingreso y atenuación de las diferencias al interior de los asalariados;
7)    Descenso de la desocupación del 7,2% al 5,8%.

3.    El tiempo de la euforia: Onganía – Krieger Vasena (pp. 542-556)

1966 = Derrocamiento de Onganía. Portantiero sostiene que el gobierno de Illia no podía dar respuesta a las demandas de los nuevos actores sociales: acumulación de capital, incremento de la eficacia del sistema económico, racionalización del sistema económico. En sus proclamas, los militares anunciaron que se proponían lograr la “modernización del país”.

Portantiero argumenta que la modernización capitalista motorizada por el Estado fracasó, entre otros motivos, por la propia debilidad del Estado en Argentina:

“Pedirle al Estado argentino que con sus propios recursos reordene desde arriba a la sociedad es pedirle algo que esta mas allá de sus capacidades. Expuesto a las demandas alternativas de las distintas coaliciones de fuerzas sociales, ese Estado es demasiado vulnerable, pe sea la imagen en contrario que podrían proponer las recurrentes caídas en el autoritarismo y aun en la represión más brutal que vienen sucediéndose desde 1930. Carente de una fuerte organización burocrática dotada de estabilidad y de una eficaz gestión como empresa económica, el aparato estatal no posee una capa de funcionarios autónomos, de «policy-makers», capaz de proponer metas y ejecutar proyectos, de controlar efectivamente a la sociedad, de fundar un Orden Político. Su intervencionismo a menudo obsesivo nunca puede llegar mas allá de un complicado engranaje de reglamentos, mecanismo defensivo con el que busca constreñir a la Sociedad Civil pero sólo logra irritarla. Esta nula tradición de Estado fuerte (por innecesaria antes de 1930; por imposible-salvo en ráfagas fugaces: el primer peronismo, por ejemplo- desde 1930 en adelante), no pudo ser revertida por Onganía pese al celo «reglamentarista» y al boato formal con que intentó revestir su poder.” (p. 544).

Portantiero periodiza así el período de la autodenominada Revolución Argentina:

·         1966-1970 = Intento de modificar el modelo de acumulación, la relación de fuerzas sociales básicas y el modelo político. Adalbert Krieger Vasena, ministro de Economía. Hegemonía del capital monopolista industrial dentro del bloque dominante, subordinando al capital nacional y la burguesía agraria. Los militares encabezaron el proyecto.

El proyecto de Onganía requería la supresión de los Partidos Políticos. Portantiero explica así la cuestión:

“Todo plan tendiente a la concentración de los recursos económicos tiende también a la estructuración de un modelo de Estado autoritario que concentre el Poder, asociando los núcleos de decisión económica con los de decisión política. Los Partidos Políticos, como categoría institucional, suponen la vigencia de un sistema particular de toma de decisiones. Ese sistema incluye, básicamente, un escenario y determinadas condiciones para su constitución: ese escenario es el parlamento y su condición de existencia la consulta electoral periódica. Ambos elementos conforman un espacio en el que confluyen múltiples intereses particularistas: el único recinto social en el que las clases y fracciones de clase económicamente subordinadas pueden Ilegar a predominar políticamente. En esta suma de intereses particularistas se incluyen también, por supuesto, los del gran capital, pero la condición de su presencia es la del compromiso permanente. Un compromiso que debe abarcar, además, a intereses de las clases y fracciones dominadas, porque las consultas electorales periódicas suponen la asunción, aunque fuere retorica, de intereses universalistas. La elaboración de un proyecto hegemónico por parte de los sectores más concentrados del moderno capitalismo no pasa por ese escenario, propio del capitalismo competitivo: se desplaza hacia otros centros de decisión: la tecnoburocracia estatal, las Fuerzas Armadas, aun la burocracia sindical, con la que está relacionada a través de la negociación económica.” (p. 546).

El proyecto de 1966 pretendía dejar de lado los Partidos Políticos y las instituciones parlamentarias, poniendo en su lugar a un Ejecutivo fuerte, exponente de una coalición entre las Fuerzas Armadas y el Establishment.

Portantiero analiza así el papel de los Partidos en el sistema político argentino:

“En el caso argentino, por diversas razones que no se analizarán acá, los partidos tienden a ser la forma más nítida de articulación política de sus intereses para el viejo capitalismo nacional, urbano y rural, considerado como conjunto. Representan, además, al liberalismo ideológico de las clases medias, a ese substractum democratizante que se mueve en los pliegues de la sociedad argentina desde su constitución como espacio social abierto tras la ola inmigratoria de fines del siglo pasado y principios del actual. Estas características socio-culturales que apuntalan el hoy desfalleciente pero no muerto pluralismo de la sociedad argentina- y que impidieron a las fracciones superiores de las clases dominantes construir una derecha política moderna- obligan a un arrasamiento de Ia representación partidaria cada vez que la fracción predominante en la economía busca estructurar un orden hegemónico, reemplazándola por la emergencia de las Fuerzas Armadas, como eje posible de una nueva coalición. Expresivos de una zona intermedia en las relaciones de fuerza, los partidos políticos aparecen como una institución ejemplar del «empate»: incapacitados como ordenadores de ninguna hegemonía estable, son instrumentos eficaces para bloquear la posibilidad de salidas alternativas. Pero en el momento de ofensiva del gran capital, al iniciarse la «Revolución argentina» no tenían otra opción que el repliegue.” (p. 547-548).

Portantiero sintetiza así la gestión de Krieger Vasena al frente del ministerio de Economía: “el equipo de Krieger Vasena fue el único que realizo un esfuerzo coherente, sistemático y global para forzar desde el Estado un proceso de recomposición hegemónica a favor de las fracciones superiores de la burguesía urbana consolidada económicamente en los años sesenta.” (p. 547). Esto ocasionó tensiones al interior de la clase dominante, pues el modelo de industrialización posterior a la crisis del ’30 había permitido hasta entonces la coexistencia “pacífica” de las distintas fracciones. Con Krieger las cosas cambiaron: se verificó una transferencia de plusvalía desde las fracciones pequeñas y medianas hacia la gran burguesía, y desde el interior hacia el Litoral. Por eso, el éxito del Plan Krieger dependía de la capacidad del Estado para contener el descontento de los sectores afectados (la burguesía agraria, los asalariados, los trabajadores estatales, las economías regionales), por lo menos hasta que comenzaran a notarse los primeros éxitos económicos.
Portantiero se refiere así al papel del Estado:

“Todos estos costos sociales pueden ser sobrellevados si la capacidad de presión efectiva de estos sectores sobre el Estado es baja o si encuentran dificultades para articular acciones de protesta que vinculen sus demandas particulares. Ninguna de estas dos razones opera en la Argentina. La complejidad de la sociedad civil, medida por el grado de organización de los intereses particulares, por su capacidad de presión en todos los niveles de las relaciones sociales, por la permeabilidad para la recomposición permanente de coaliciones entre los distintos actores, generó la acumulación de puntos de ruptura de origen diverso.” (p. 550).

Las rebeliones de 1969, la mayor de las cuales fue el Cordobazo, pusieron al desnudo que el Estado carecía de esa capacidad de contención.

1969-1970 = Emergencia de una crisis orgánica (social, cultural y política). La Sociedad avanzó sobre el Estado y lo desbordó.

“Los reclamos del capital pequeño y mediano y de la burguesía agraria; las explosiones regionales que abarcaban zonas de desigual desarrollo económico, político y social; la situación de los asalariados (más perjudicados por los intentos de superexplotación al interior de las plantas que por el deterioro de sus salarios reales) y el descontento generalizado de las capas medias expropiadas políticamente por el autoritarismo estatal, crearon una acumulación de fuerzas opositoras tan poderosa, abrieron unta crisis social tan honda, que precipitó la fractura del monolitismo militar. A partir de esta grieta apuro sus pasos la Burocracia Sindical y, luego, el sistema de partidos.” (p. 550).

El autor plantea que la crisis hizo estallar las divisiones al interior del Ejército. Al respecto, señala que fue en esa fuerza que surgió el nacionalismo popular argentino (el peronismo) en la década del ’40.

“Cuando en 1966, convencidas del fracaso de los partidos políticos para superar la crisis de hegemonía, las Fuerzas Armadas deciden ocupar el poder para poner en marcha un proyecto de «grandeza nacional» en sociedad con el «establishment"» que representaba al gran capital monopolista, traducen esa coalición en términos de «doctrina militar». Las relaciones de la institución con el universo de las clases siempre se hallan mediadas por la ideología. Como aparato del Estado que debe justificar la especificidad de sus acciones en términos de las necesidades de la Nación y no de sus parcialidades, las Fuerzas Armadas siguen siempre una determinada «doctrina» que le otorga sentido a su función y en la que tratan de socializar a sus cuadros. Es a través de esa ideología que puede reconstruirse la relación de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas sociales v, por lo tanto, la coincidencia o disidencia con intereses de clase, expresados como proyecto.” (p. 551).

El tándem Onganía-Krieger Vasena no pudo superar la crónica crisis estatal argentina. En palabras de Portantiero, “no distinguió al Estado como un interlocutor dotado de peso propio para inter-venir en la ordenación de la fragmentada sociedad civil. La inexistencia de tradición estatal no pudo ser revertido.” (p. 548). La resistencia al Plan Krieger provocó la caída de Onganía y recreó la situación de “empate” anterior a 1966.

Pero también la acumulación de tensiones repercutió en la Burocracia Sindical, que inicialmente apoyó el golpe militar de 1966. Dicha Burocracia enfrentó dos desafíos:

a) la CGT de los Argentinos, que agrupó a varios sindicatos y cuya orientación era socialcristiana radicalizada: “expresaba, (…), el descontento de aquellos sectores de la fuerza de trabajo empleados en las ramas o zonas que el plan económico calificaba como ineficientes: trabajadores del Estado, ferrocarrileros, obreros de las regiones criticas sometidas a «racionalización» (como Tucumán, por ejemplo) que el impulso modernizante buscaba redimensionar o hacer desaparecer. Salvo excepciones, se trataba de gremios pequeños, ligados a los servicios o a formas arcaicas de producción, pero de gran capacidad -por el mensaje ideológico que transmitía- para movilizar a otras capas: estudiantes, intelectuales, sectores radicalizados de la iglesia.” (p. 554);

b) el clasismo, un alzamiento de bases en el que creció la influencia del socialismo marxista: “implicaba un tipo de movilización obrera opuesto [al de la CGT de los Argentinos]. Sus protagonistas eran los trabajadores de las industrias «de punta», generadas o expandidas después de 1958, y su centro era Córdoba, la ciudad que mas bruscamente vivió el impacto de la modernización. El eje de sus reclamos no era el salario ni la ocupación: el «clasismo» venía a incorporar al debate sindical argentino, desde la democracia directa con que relacionaba a dirigentes y bases, reivindicaciones "cualitativas" que la centralizada Burocracia Sindical era incapaz de asumir. Sus reclamos tenían que ver con temas que pueden ser agrupados en la discusión sobre la "condición obrera" en general y sobre el control que los trabajadores deben ejercer en relación con la actividad productiva en las grandes empresas: determinación de los ritmos de producción, de los tiempos y de los sistemas de «job evaluation», del ambiente de trabajo, de las condiciones de salubridad. Era una lucha contra el autoritarismo en la fábrica, que naturalmente se vinculaba con la lucha contra el autoritarismo en la sociedad. Problemas nuevos, alojados más en la empresa que en el mercado, que acompañaban al modelo de desarrollo monopolista y que los sindicatos a nivel de rama se encontraban con carencias de todo tipo para negociar.” (p. 554-555).

“Ambas rebeliones internas se ligaban con la impotencia de la Burocracia Sindical -por su sometimiento frente al Estado, pero también por su insuficiencia estratégica- para canalizar la protesta obrera frente a las principales contradicciones que el modelo de acumulación generaba en los asalariados.” (p. 554).

Las carencias políticas de la Burocracia obedecían, en parte, a su condición material. Había crecido al calor del desarrollo industrial de las décadas del ’40 y ’50, basado en la industria liviana. A partir de 1955, a su función económica, reivindicativa, referida a las condiciones de venta de la fuerza de trabajo, hay que sumarle una función política, derivada de la proscripción del peronismo.

“Esa política de alianzas desplegada por la Burocracia Sindical marca una clara línea de tendencia. El modelo de sociedad y las medidas económico-sociales que propugna la CGT desde los años sesenta no difieren virtualmente de los reclamos del capitalismo nacional, agrupado en la Confederación General Económica. El objetivo político de la Burocracia Sindical es recrear las condiciones que gestaron la coalición sobre la que se fundó el peronismo, a mediados de la década del 40: sus interlocutores principales no pueden ser otros que los representantes de la burguesía nacional y los grupos nacionalistas de las Fuerzas Armadas. El horizonte de su programa es la protección del mercado interno, la defensa de la capacidad de consumo de las grandes masas de trabajadores generadas durante la industrialización sustitutiva. En ese sentido, el nacionalismo popular de la CGT -que la lleva a ser el eje del bloque social con el empresariado nacional- es algo más que un movimiento táctico o una decisión oportunista; es la forma específica con que la Burocracia Sindical busca asumir la representación política de las masas peronistas; es su proyecto de Poder.” (p. 555).

Las etapas posteriores de la dictadura militar fueron las siguientes:

·         1970-1971 = Intento de formular un modelo de mayor participación del capitalismo nacional, siempre bajo moldes autoritarios.
·         1971-1973 = Intento de salida de la situación.

4.    Un interregno: Levingston – Ferrer (pp. 556-558)
Junio de 1970 = Derrocamiento de Onganía. El general Roberto Levingston (1920-2015=, nuevo presidente de facto. Aldo Ferrer (1927-2016), ministro de Economía. Se intenta una política reformista, en la que la burguesía agraria y el capital urbano nacional ganaran posiciones en detrimento del capital monopolista. Dependía del apoyo de las Fuerzas Armadas. Fracasó.

5.    La “salida”: Lanusse – Perón (pp. 558-562)

El general Agustín Lanusse (1918-1996) llegó al gobierno con un objetivo: “reconstruir el poder del Estado para todas las fracciones de la clase dominante, otorgándole al sistema político el máximo posible de consenso.” (p. 558).

“El elemento indispensable para construir ese mínimo consensual que reconstruya al Estado, es la articulación de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas, los Partidos Políticos y la Burocracia Sindical. El carácter del acuerdo y el contenido de las fuerzas sociales convocadas para ponerlo en práctica determina, de hecho, un repliegue político del capital monopolista que debe aceptar un pacto con el resto de las fracciones en el espacio que menos controla, dada su virtual carencia de representación partidaria directa.
Esta salida negociada, si no significa la derrota de la cúpula moderna del capitalismo pues el desarrollo de la economía sigue un rumbo autónomo que le permite acentuar su predominio en ese nivel, importa, en sentido contrario, la mayor victoria que, dadas las relaciones de fuerza económicas, pueden conseguir el resto de las fracciones de la clase dominante. Esto es, reubicarse en el Poder Político aunque fuere para restablecer las condiciones del «empate», ya que carecen de recursos para instrumentar un proyecto hegemónico alternativa.” (p. 559).

Lanusse y Perón presentaron dos soluciones a la crisis orgánica del Estado. Ambas agrupaban a los mismos actores sociales y perseguían una política reformista, protectora del mercado interno, a pedido del capitalismo anterior a los cambios introducidos por el desarrollismo. Pero Lanusse no podía hacer las concesiones que demandaban la Burocracia Sindical y los movimientos populares desarrollados desde 1969.  

El triunfo de Perón en 1973 fue la revancha de los desalojados del poder en 1966. Pero, la coalición de fuerzas que lo llevó a la presidencia tenía grandes limitaciones: “E! recambio político, pese a los entusiasmos despertados, no resolvía la crisis orgánica. Implicaba la reconstitución de una salida transaccional en la que fuerzas intermedias, rezagos políticos de una etapa anterior del des- arrollo capitalista, llegaban a ocupar el centro de la escena como alternativas principales, pese a ser estructuralmente inexpresivas, por su carácter residual 3 por su contenido heterogéneo, de las nuevas líneas que definían el conflicto social.” (p. 562).

Fallecido Perón (1974), las fuerzas sociales terminaron de vaciar de todo contenido al Estado, que terminó por disolverse en las determinaciones fraccionadas de la sociedad, hasta su colapso en marzo de 1976.


Villa del Parque, jueves 13 de septiembre de 2018