Páginas vistas en total

sábado, 9 de octubre de 2021

CLÁSICOS RIOPLATENSES: VILLANUEVA, "EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ARGENTINA" (1972)


Puente de Barracas, Benito Quinquela Martín


Uno de los rasgos distintivos de la formación social argentina es el carácter temprano de su industrialización, si se la compara con el resto de América Latina; ella permite comprender el peso de la clase obrera en la vida política del país. Esto es ampliamente reconocido por los científicos sociales; sin embargo, no existe acuerdo respecto a la datación del desarrollo industrial. En años recientes, varios historiadores revisaron la teoría tradicional, que situaba el comienzo del desarrollo industrial en la década de 1930. Hay antecedentes de esta revisión: uno de ellos es el artículo de Javier Villanueva, “El origen de la industrialización argentina”, publicado en la revista Desarrollo Económico. [1]

Villanueva se propuso discutir algunos aspectos fundamentales de la versión “olímpica” de la génesis de la industria; la denomina así porque observa los hechos desde las alturas, perdiendo de vista los detalles en los que se encuentran las claves para entender el proceso. La resume así: 

“Como resultado de las dificultades para exportar (e importar bienes y capitales) emergentes de la Gran Depresión, mejoraron los precios relativos de los productos manufacturados localmente en nuestros países. Con el apoyo de una política económica destinada a mantener el nivel de la demanda interna, la rentabilidad de la industria local resultó acrecentada con relación al tradicional sector agroexportador. La consecuencia de este cambio en las posiciones relativas entre ambos sectores dio origen a una transferencia interna de recursos a favor de los bienes importables. [La cual] permitió el crecimiento de la industria local a niveles no conocidos hasta entonces. La depresión, a través del mecanismo descripto, había (...) logrado producir una ruptura en la tendencia anterior en materia de crecimiento industrial.” (p. 451)

La versión olímpica se basa en : a) efecto reajuste, entendido como mayor utilización de la capacidad industrial preexistente; b) efecto transferencia, consistente en la ampliación de la capacidad de producción manufacturera por reorientación de los recursos locales.

La existencia de capacidad industrial ociosa a principio de los años ‘30 nos pone sobreaviso: ya había industria en Argentina antes de esa fecha. Villanueva indica que el fenómeno de la expansión industrial en esa década debe ubicarse “dentro de un proceso de evolución que arranca desde muchos años antes de la década de la Depresión mundial” (p. 454) Para fundamentarlo compara distintos indicadores: 

  • La tasa de crecimiento industrial fue igual o mayor en 1911-1929 que en el período 1929-1939. En la década de 1930 no hubo una clara discontinuidad con el pasado. 

  • La participación porcentual de la industria en la producción total del país tampoco muestra cambios abruptos entre los dos períodos.

  • La composición del producto manufacturero muestra que en los años ‘30 se produjo cierto despegue en productos metálicos y, sobre todo, en textiles.

  • La comparación de establecimientos industriales según fecha de fundación (fuente: Censos Industriales de 1935 y 1946) muestra que en 1935 el 78 % de la producción industrial se realizaba en establecimientos fundados antes de 1930, número que cae al 60 % en 1946.

  • Respecto a la inversión: la inversión bruta fija en el sector manufacturero tuvo tres picos máximos: 1913, 1929-1930 y 1937. La tasa de inversión más elevada en el sector industrial se dio en 1923-1929, en tanto que la inversión en equipo y maquinaria industrial alcanzó su pico en 1924-1930 (cifra no superada hasta la SGM). En 1930 se verificó el pico en inversiones en construcciones, que no volvió a darse hasta 1946.

El autor concluye que es preciso modificar nuestra imagen del proceso de industrialización argentino. Se trató de una expansión paulatina, que fue generando cambios importantes dentro de la estructura industrial. Para la comprensión del proceso hay que poner la lupa en los cambios en la composición de la producción industrial. Aquí jugó un rol central el aumento de la inversión, y esto obliga a poner la mirada en la década de 1920, en la se produjo la confluencia de dos factores: por un lado, la oleada de inversiones de empresas internacionales (sobre todo norteamericanas), que introdujeron nuevos bienes y nuevas formas de producción y organización; por otro, la política del presidente Alvear, quien en su discurso inaugural en 1923 se distanció de la interpretación tradicional de la industrialización (que postulaba que había que utilizar materias primas locales) y apoyó el desarrollo de industrias que usaran materias primas extranjeras. El gobierno alvearista promovió una mejora en la protección aduanera a la industria. Como resultado de todo esto comenzaron a producirse localmente caucho, artefactos eléctricos, subproductos del petróleo, etc.

La radicación de empresas extranjeras, tecnológicamente avanzadas y que detentaban posiciones oligopólicas en sus países de origen, requirió dos condiciones: a) seguridad del mercado local en vías de expansión a través de protección tarifaria adecuada; b) preservación de los derechos de exclusividad sobre tecnologías y marcas por la vía de las patentes. 

En la década de 1920 Argentina importaba de Gran Bretaña bienes terminados; las nuevas empresas importaban equipos, partes, materias primas y patentes. La Gran Depresión cortó este circuito: las divisas se volvieron escasas; las empresas inglesas y norteamericanas compitieron por ellas. El Pacto Roca-Runciman (1933) benefició a GB, al establecer una política comercial de neto corte bilateral; se instauró el control de cambios y las divisas disponibles se destinaron al intercambio financiero y de bienes entre Argentina y GB.

Las empresas norteamericanas (y de otras naciones) respondieron por medio de la instalación local de sus firmas. Entre 1936-1938 se produjo el crecimiento de la IED. El control de cambios generó barreras a las importaciones (importar era más caro que producir localmente); sin embargo, el gobierno siguió promoviendo la instalación de nuevas empresas, pues ello estimulaba el empleo industrial. La prioridad en el uso de divisas era proveer los insumos necesarios para la industria. Las empresas norteamericanas aprovecharon la situación y se instalaron en el país (sobre todo en el rubro textil). 

En síntesis, la estrategia adoptada por Argentina en 1933 constaba de dos patas complementarias: a) mantenimiento de las relaciones con GB y el equilibrio de poderes interno (ganaderos); b) estímulo del empleo industrial y la IED.


Villa del Parque, sábado 9 de octubre de 2021



Abreviaturas

GB = Gran Bretaña / IED = Inversión extranjera directa / SGM = Segunda Guerra Mundial

Notas

[1] Villanueva, J. (1972). El origen de la industrialización argentina. Desarrollo Económico, 12, (47), pp. 451-476.


martes, 28 de septiembre de 2021

CRISIS, ¿QUÉ CRISIS?



En Argentina hablar de crisis es tan común como charlar sobre el estado del tiempo (¡Qué calor!, ¿lloverá mañana?) o discutir sobre fútbol (¿Messi es mejor que Maradona?). Convivimos con la crisis desde nuestro nacimiento (por lo menos este es el caso de los nacidos después de 1974) y por ello la sentimos como una compañera inseparable. Pero acostumbrarse a la crisis no es lo mismo que conocer sus causas y comprender su dinámica. En este punto vienen en nuestro auxilio las tan cascoteadas ciencias sociales. El politólogo argentino Guillermo O’Donnell (1936-2011) aborda el problema de la crisis política en el apartado 5 de la Introducción a su obra El Estado burocrático autoritario 1966-1973. (1) Escuchemos con atención sus palabras.

O’Donnell parte de la base de que hablar de crisis “es demasiado genérico”. Es preciso, por tanto, distinguir distintos niveles de intensidad en la crisis. Para ello elabora la siguiente tipología:

1. Crisis de gobierno

Se caracteriza por “desfiles de altos funcionarios, incluso presidentes, obligados a dejar sus cargos antes de los lapsos institucionalmente previstos.” (p. 47). Su importancia no debe ser minimizada, pues va acompañada de cambios erráticos en las políticas públicas y de la sensación de que no es posible estabilizar ningún poder público. En consecuencia, “el poder que el aparato estatal parece encarnar ante la sociedad pierde la autoridad emanada de una faz majestuosa, para mostrarse como un ámbito expuesto a los tirones de los grupos.” (p. 48).

2. Crisis de régimen

El rasgo que la define es la presencia de grupos que no sólo procuran cambiar el personal del gobierno, sino que también plantean “la pretensión de instaurar divergentes criterios de representación y canales de acceso a esos roles” (p. 48). Como en el caso 1, no debe ser despreciada, pues da cuenta de la existencia de desacuerdos potencialmente “explosivos” entre las élites.

1 y 2 se despliegan en la superficie de la arena política, no afectan “el mantenimiento de una férrea dominación en la textura celular de la sociedad” (p. 48).

3. Crisis de expansión de la arena política

Es más profunda que las anteriores (y puede superponerse a éstas). Constituye un tipo caracterizado por el hecho de que “grupos, partidos, movimientos y/o personal gubernamental realizan interpelaciones a clases o sectores sociales apuntados a establecer identidades colectivas conflictivas con las de los participantes ya establecidos en la arena política.” (p. 48). Una interpelación exitosa (por ejemplo, la invocación al trabajador asalariado en tanto clase en alguna forma más moderna de Estado) supone un desafío importante para el Estado y el régimen, que se ven obligados a emprender sustanciales transformaciones. No obstante, no implica necesariamente “que se hayan producido cambios paralelos en el plano celular de la dominación social; tampoco implican necesariamente el colapso de un régimen o gobierno” (p. 48). Genera una fuerte preocupación en la clase dominante, pues la interpelación a sectores excluidos del esquema político vigente puede escapar a su control.

4. Crisis de acumulación

“Ella resulta de acciones de clases subordinadas que, se enlacen o no con las crisis ya discutidas [1, 2 y 3], son percibidas por las clases dominantes como obstaculizando sistemáticamente un funcionamiento de la economía, y una tasa y regularidad de acumulación de capital, definidas por éstas como satisfactorias” (p. 48-49). 

Este tipo de crisis reviste mayor gravedad para las clases dominantes, ante todo porque supone un desafío de parte de las clases subordinadas. Si bien no implica necesariamente poner en juego la dominación celular, “puede tocar intereses (y temores) más fundamentales que [los casos de crisis 1, 2 y 3] (…). Esto por dos razones fundamentales. Una porque parece demostrar que con sus demandas las clases subordinadas están desbordando los límites objetivos de economía y sociedad y que, por lo tanto, de alguna manera – que puede variar entre enfatizar la cooptación o la coacción -, aquellas tienen que ser «puestas en su lugar». La segunda es que el diagnóstico de una reiterada obstrucción a la acumulación de capital tiende a ser definido como una situación que – sin perjuicio de que no sean esas las intenciones de sus actores directos ni las de quienes los expresan en los grandes escenarios de la política -, tiende a mediano o largo plazo a afectar la viabilidad de la sociedad capitalista, entorpecida en el nudo central de su funcionamiento económico. De esto también suele derivar la conclusión de que es necesario «poner en su lugar» a las clases subordinadas. Vemos ahí que, aunque la primera manifestación de esta crisis sea económica, su diagnóstico por las clases dominantes y los caminos de solución que éstas entrevén, tienden a trasladarla al plano de la política, para desde allí producir una más o menos drástica – pero siempre importante – recomposición de la relación de fuerzas dada.” (p. 49).

5. Crisis de dominación celular (o social)

Presenta las siguientes características: “Es una crisis del fundamento de la sociedad (incluyendo al Estado), de las relaciones sociales que constituyen a las clases y sus formas de articulación. Esto es, se trata de la aparición de comportamientos y abstenciones de clases subordinadas que ya no se ajustan, regular y habitualmente, a la reproducción de las relaciones sociales centrales en una sociedad qua capitalista. Rebeldía, subversión, desorden, indisciplina laboral, son términos que mentan situaciones en las que aparece amenazada la continuidad de prácticas y actitudes, antes descontadas como «naturales», de clases y sectores subordinados. Esto puede aparecer en la caducidad de ciertas pautas de deferencia hacia el «superior» social, en diversas formas expresivas (incluso artísticas) «inusuales», en cuestionamientos de la autoridad habitual en ámbitos como la familia y la escuela, y – caracterizando específicamente esta crisis – como una impugnación del mando en el lugar de trabajo. Esto implica no dar ya por irrefutable la pretensión de la burguesía de decidir la organización del proceso de trabajo, apropiarse el excedente económico generado y resolver el destino de dicho excedente. (…) Estas situaciones (…) implican por lo menos dos cosas: que se ha aflojado el control ideológico y que está fallando la coerción (sanciones económicas o, sencillamente, coacción física) que debería cancelar el «desorden» resultante. En otras palabras, indica un Estado que está fallando en la efectivización de su garantía para la vigencia y reproducción de fundamentales relaciones sociales. En su mayor intensidad, cuando se pone en cuestión el papel social del capitalista y del empresario, esta crisis amenaza la liquidación del orden – capitalista – existente. Por eso ésta es también la crisis política suprema: crisis del Estado pero no sólo, ni tanto, del Estado como aparato sino en su aspecto fundante del sistema social de dominación del que es parte. Esta crisis es la crisis del Estado en la sociedad, que por supuesto repercute al nivel de sus instituciones. Pero es sólo como crisis de la garantía política de la dominación social que puede ser entendida en toda su hondura.” (p. 49-50).

O’Donnell agrega: “los comportamientos e intenciones manifiestas de – al menos – los segmentos más activos y vocales de las clases subordinadas y de quienes invocan su representación política, apuntan a lo que más puede amenazar a la burguesía y al Estado, en tanto éste es el Estado de y en una sociedad capitalista: la supresión de la burguesía en tanto clase y, por lo tanto, del sistema de dominación que su propia condición de burguesía entraña.” (p. 50).

O’Donnell distingue, además, dos variantes más que pueden derivar en una crisis de dominación social:

6) La crisis de dominación social puede y tiende a combinarse en el mediano plazo con la crisis de gobierno, de régimen y de acumulación. “Es decir, la combinación de la primera – que por sí misma se limita a los intersticios celulares de la sociedad – con partidos y /o personal gubernamental que, engarzándose con aquel sacudimiento celular, proponen desde los grandes escenarios políticos nuevos criterios de representación y nuevos sujetos políticos dominantes para la instauración de un nuevo orden social, no ya la recomposición del dado.” (p. 50).

7) Otra posibilidad (que puede darse o no en conjunto con 6): “intentos armados de despojar a las instituciones estatales de su supremacía de poder coactivo sobre el territorio que delimitan.” (p. 51). Si bien puede darse con independencia de las otras crisis, su posibilidad de éxito tiende a aumentar cuando va de la mano con una crisis de dominación social.

Luego de esbozar su tipología, O’Donnell sostiene a continuación que “cada crisis admite diversas combinaciones con las demás, aunque algunas de ellas tienen mayor probabilidad de ligarse con otras” (p. 51), y proporciona una serie de ejemplos a partir de la historia de los países que estudia en su libro (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay).

La crisis de gobierno (nivel 1) fue característica de la historia política de América Latina; en muy pocos casos se extendió a los otros niveles. Las crisis de régimen (nivel 2) y de expansión de la arena política (nivel 3) marcaron la liquidación de la dominación oligárquica y condujeron a un orden social centrado en la dominación de la burguesía. La crisis de acumulación (nivel 4), no combinada con movimientos o partidos orientados a un cambio de la sociedad capitalista, fue específica del pretorianismo argentino hasta 1966. La crisis de dominación social (nivel 5) fue un componente decisivo para la implantación de Estados burocráticos autoritarios en Chile, Argentina y Uruguay en la década de 1970. La situación chilena previa a 1973 puede caracterizarse como nivel 6, en tanto que Argentina y Uruguay (previos a los golpes militares de 1976 y 1973, respectivamente) se encontraban en nivel 7.

O’Donnell examina la diferente percepción de los niveles de la crisis por los sectores dominantes: “Los niveles 1, 2 y 3 pueden ser percibidos por las clases y sectores dominantes como una anormalidad que sería bueno corregir. Y esto no necesariamente. En cambio, los restantes niveles de crisis son percibidos como una amenaza que, si no es eliminada, más tarde o más temprano liquidará su propia condición de dominantes.” (p. 51-52). En la mencionada percepción debe tenerse en cuenta que: “Cada una de las crisis que he delineado admite diversos grados de intensidad y puede combinarse con otras. Esos grados de intensidad y diversas combinaciones de dichas crisis nos permiten entender con más precisión la también variante intensidad de la reacción de las clases dominantes, y de no pocos sectores medios, que subyace a la implantación de diversos Estados burocrático autoritarios y a la represión a partir de ello aplicada.” (p. 52).

A partir de lo expuesto, O’Donnell puede avanzar hacia el concepto de crisis de hegemonía. Dado que ésta implica una impugnación de la dominación capitalista, queda fuera de la incumbencia de los niveles 1, 2, 3 y 4: “Parece que los niveles 1, 2 y 3 son más bien una «insuficiencia» de lo político-estatal que no alcanza a funcionar, en algunos de sus planos institucionales, de manera congruente con la apariencia majestuosa y estable que ayuda hacer del Estado el organizador y garante de las relaciones sociales, o que no puede absorber fácilmente nuevos actores e interpelaciones políticas. Pero esto no implica que la dominación celular esté puesta en cuestión. Esta puede seguir vigente, incluso en términos de un amplio control ideológico y de que el aparato estatal siga prestando, efectiva y eficientemente, su garantía de coacción a aquellas relaciones sociales. Por eso es erróneo confundir crisis de gobierno o de régimen con una crisis de hegemonía. Por su lado, una crisis de acumulación (nivel 4) conlleva un importante peso de demandas económicas y de mayor autonomía de sus organizaciones, por parte de las clases subordinadas cuya «exageración» en esas demandas tiende a ser percibida por las dominantes como el principal factor causal de aquella crisis. Pero por sí misma ella también se coloca, incluso por el economicismo de esas demandas, dentro de los parámetros capitalistas de la sociedad.” (p. 53-54).

Los niveles 1, 2, 3 y 4 no ponen en cuestión ni el carácter capitalista de la sociedad, ni la naturaleza de clase del Estado (esto es, su función de garante de las relaciones sociales capitalistas). Por eso no constituyen una crisis de la dominación capitalista. “En cambio, la crisis de nivel 5, ya sea que se combine o no con los planos 6 y 7, es propiamente una crisis de hegemonía. Ésta no sólo implica un difundido entorpecimiento de los patrones «normales» de reproducción cotidiana de la sociedad (específicamente de las relaciones capitalistas de producción). También entraña, como característica que la define como crisis de dominación social o celular (o, equivalentemente, de hegemonía), cuestionar sustanciales componentes de aquellas relaciones: el sujeto social – la burguesía – que se apropia del excedente económico, la naturalidad y equidad de la relación que constituye en tal a la burguesía y, en el microcosmos de la empresa, la pretensión de aquella de dirigir el proceso de trabajo.” (p. 55).

O’Donnell remarca que la crisis de hegemonía es también una crisis del Estado: “Esta [la crisis de hegemonía] pone en juego directamente la relación entre clases y, a través de ella, como temor más o menos inminente de la burguesía, su propia existencia en tanto tal. (…) es en este tipo de situación que el componente específico de lucha de clases aparece como un crucial componente de la situación global. (…) la crisis de la hegemonía de la dominación social es también la crisis del Estado. Pero, no es sólo, ni tanto, la crisis del Estado como aparato institucional. Es la crisis del Estado en su dimensión fundante y originaria: crisis del Estado en la sociedad. Es el «fracaso» del Estado como aspecto garante y organizador de las relaciones sociales fundamentales en una sociedad capitalista. Son ellas las que pasan a ser impugnadas en un proceso complejo y multidimensional que muestra – por lo menos – el tambaleo de la garantía coactiva y la atenuación de los encubrimientos ideológicos que, durante crisis menos profundas, permiten la cotidiana reproducción de aquellas relaciones y, con ellas, de la sociedad que se articula alrededor de ese eje. Crisis de la dominación social, de la dominación celular, de hegemonía y del Estado en la sociedad son, por lo tanto, términos equivalentes.” (p. 54-55).

Por tanto, sólo la crisis de hegemonía pone en cuestión la dominación capitalista. Cabe agregar que no se produce un ascenso mecánico de la crisis (es decir, pasaje del nivel 1 al nivel 2, de éste al nivel 3, y así sucesivamente). Cada crisis se verifica en el marco de una determinada estructura y una coyuntura específica, y su estudio debe ser abordado a partir de estos rasgos específicos y no por medio de recetas universales.


Villa del Parque, martes 28 de septiembre de 2021


NOTAS:

(1)  O’Donnell, Guillermo. (2009). [1° edición: 1982]. El Estado burocrático autoritario: Triunfos, derrotas y crisis. Buenos Aires: Prometeo Libros.

jueves, 12 de agosto de 2021

COMENTARIO A "LA ROSA ROJA DE NISSAN", DE JOHN HOLLOWAY



John Holloway (Dublín, 1947) es un autor marxista irlandés, uno de los principales representantes del autonomismo y simpatizante del movimiento zapatista. Su obra más conocida (aunque no la más importante desde el punto de vista teórico) es Cambiar el mundo sin tomar el poder (2002).

En 1987 publicó el artículo "La Rosa Roja de Nissan", en el que describió el proceso de crisis del modelo fordista de producción en Gran Bretaña, en el período comprendido entre 1970 y 1986. Para analizar la crisis del fordismo, Holloway concentró su atención en el caso específico de la empresa de la rama automotriz British Leyland. A su vez, y con el objetivo de mostrar las tendencias de la producción posfordista, examinó los rasgos principales de la radicación de la empresa japonesa Nissan, instalada en Gran Bretaña en 1986. Además de analizar el caso de la industria automotriz, el autor abordó las cuestiones más generales de las transformaciones del Estado inglés durante el período, así como también la nueva posición asumida por el partido Laborista y por una parte de los intelectuales.

En el citado artículo, Holloway presentó el proceso de derrotas obreras que permitió el triunfo del neoliberalismo . En lo que constituye una de las mejores partes del texto, conecta el proceso de derrota de los sindicatos con el surgimiento de la propuesta política encarnada por Margaret Thatcher (Grantham, 1925). A diferencia de muchos científicos sociales que sostienen que el neoliberalismo fue el resultado de la imposición de ciertas ideas de política económica que se oponían al "estatismo" vigente desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1945), Holloway afirma que el neoliberalismo expresó el triunfo obtenido por la burguesía entre fines de los ´70 y comienzos de los '80. En este sentido, Holloway escribió "la recuperación de la crisis [se refiere a la crisis del modelo fordista] significa para el capital, sobre todo, la reafirmación de su autoridad, su derecho a administrar y a mandar. Es dentro de este contexto - en el contexto de la crisis y no debido a elecciones o a alguna batalla de ideas autónoma - que hay un viraje de la estrategia capitalista hacia ideas más autoritarias, hacia una dirección empresarial más autoritaria. El creciente autoritarismo no resulta de los éxitos de la Nueva Derecha: al contrario, su éxito es el resultado de las presiones hacia un mayor autoritarismo. Para el capital, la reafirmación de la autoridad es la precondición de todo lo demás." (p. 52).

En un marco en el que el mundo académico evita toda mención a la lucha de clases, como si se tratara de la peste, el análisis que efectúa Holloway del triunfo del neoliberalismo en Gran Bretaña cobra enorme actualidad. Luego de casi tres décadas de predominio del pensamiento neoliberal en las ciencias sociales, resulta imperioso retomar el análisis social centrado en el carácter capitalista del proceso de producción y en la política concebida como lucha de clases.

El artículo de Holloway tiene otro mérito importante. En el capitalismo, la economía y la política aparece como espacios separados (1). Así, cuando se habla de política, se hace alusión a las elecciones, a la actuación de los dirigentes políticos y de los partidos, etc. En cambio, cuando se habla de economía se hace referencia a un espacio regido por la lógica del interés individual y la racionalidad medios-fines, en el que nada tienen que hacer los motivos políticos. De esta manera, el sentido común capitalista concibe a la política como el terreno propio de la ideología, en tanto que en la economía reina la racionalidad y la técnica. Por supuesto, y dado que la técnica es "neutral" en términos ideológicos, para este sentido común la economía es superior a la política, y está más autorizada, por su misma imparcialidad, para opinar sobre la sociedad.

Holloway deja de lado esta separación entre economía y política. En el texto demuestra que la lucha entre empresarios y trabajadores en British Leyland era un conficto político, en el que se dirimía la "cuestión" de quién tendría el mando en la empresa. Holloway cita a Michael Edwardes, ejecutivo jefe de la British Leyland a partir de 1977: "Para Edwardes, la clave del éxito estaba en la reafirmación del control del capital sobre el trabajo: «el sine qua non de la supervivencia era establecer el derecho a dirigir» (Edwardes, 1984, 54) y esto significaría «contrarrestar el poder de los delegados obreros» (Edwardes, 1984, 79)." (p. 28) (2). En otras palabras, en la fábrica no se estaba planteando una discusión técnica o una mera diferencia entre intereses corporativos, sino una cuestión abiertamente política que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿Quién tiene el poder de mando?

Si aceptamos el análisis de Holloway, la separación entre economía y política es insostenible. La fábrica y la oficina son lugares eminentemente políticos, y sólo pueden funcionar en un sentido capitalista a partir de una estructura de poder dictatorial, que nada tiene que ver con la democracia (3).

La sucesión de derrotas obreras que culminó en el neoliberalismo de Thatcher tuvo su necesario correlato en el campo de la teoría social. Como siempre sucede, las transformaciones en las relaciones de poder entre las clases sociales se reflejan, aunque de modo distorsionado, en el campo de la teoría social académica. Holloway resume así la posición de muchos intelectuales frente al triunfo del capital encarnado en el neoliberalismo: "En apariencia, la nueva realidad no consiste en el conflicto permanente entre capital y trabajo. Es una realidad que emerge y no confronta clases, sino «gente». Las clases no tienen lugar en este mundo: el cambio no se produce a través de la incesante lucha de clases sino a través de la democracia y ganando el apoyo de la opinión pública. (...) La gente de esta nueva realidad es toda gente razonable y gentil." (p. 50).

La teoría social que surge con el neoliberalismo es una teoría que ha perdido la cabeza, pues al abandonar la teorización sobre las clases sociales ha vaciado el contenido del concepto mismo de capitalismo. Al aceptar que sea el sentido común de la gente razonable, honorable y propietaria quien impone la temática de las ciencias sociales, la teoría social se ha transformado en una especie de cadete de los empresarios y de los organismos gubernamentales.

A modo de conclusión. El artículo de Holloway constituye una lúcida aproximación al estudio de las condiciones políticas que parieron al neoliberalismo. En este sentido, el énfasis en la lucha política al interior de la fábrica es su aporte fundamental al conocimiento de este proceso.


Buenos Aires, martes 5 de octubre de 2010


NOTAS:

En esta nota se ha utilizado la versión del artículo incluida en la compilación Holloway, John. (2003). Keynesianismo, una peligrosa ilusión: Un aporte al debate de la teoría del cambio social. Buenos Aires: Ediciones Herramienta. (pp. 17-55).
El texto se publicó originalmente en idioma inglés bajo el título "The Red Rose of Nissan" en la revista CAPITAL & CLASS, 1987, nº 167, pp. 142-164. Se encuentra disponible en: http://www.cseweb.org.uk/pdfs/032/032_142.pdf
(1) El filósofo alemán G. W. F. Hegel (1770-1831) pensó está distinción por medio de los conceptos de sociedad civil (el ámbito de las relaciones económicas) y de Estado (el ámbito del interés general).
(2) Holloway cita aquí la obra de Edwardes, Michael. (1984). Back from the Brink. Londres: Pan Book.
(3) Karl Marx (1818-1883) describió de un modo clásico la escisión entre política y economía, a través de la distinción entre mercado y proceso de producción, en el final del capítulo 4 del Libro Primero de El capital: "La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. ¡Libertad!, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la fuerza de trabajo, sólo están determinados por su libre voluntad. Celebran su contrato como personas libres, jurídicamente iguales. El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. ¡Igualdad!, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías, e intercambian equivalente por equivalente. ¡Propiedad!, porque cada uno dispone sólo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno de los dos se ocupa sólo de sí mismo. El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su egoísmo, el de su ventaja personal, el de sus intereses privados. Y precisamente porque cada uno sólo se preocupa de sí mismo y ninguno por el otro, ejecutan todos, en virtud de una armonía preestablecida de las cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, solamente la obra de su provecho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo.
Al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mercancías, en la cual el librecambista vulgaris abreva las ideas, los conceptos y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo asalariado, se transforma en cierta medida, según parece, la fisonomía de nuestras dramatis personae [personajes]. El otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan." Esta cita está tomada de Marx, Karl. (1996). El capital. México: D.F. (Tomo I, vol. I: 214).

domingo, 25 de julio de 2021

FICHA: EL BRASIL IMPERIAL, 1822-1889

 



Boris Fausto (Sao Paulo, 1930), historiador y cientista político brasileño, autor de la obra História Concisa do Brasil. EDUSP, IMESP, 2000. Existe traducción española, realizada por Juan Ferguson: Fausto, B. (2003). Historia concisa de Brasil. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina. 293 p.

La historia de Brasil es terreno desconocido en Argentina, salvo entre estudiantes de historia y especialistas en América Latina. No es este el lugar para explicar esta ignorancia ni mucho menos para remediarla. Sin embargo, consideramos oportuno publicar algunos materiales que pueden resultar de utilidad para el público en general.

La presente ficha abarca el capítulo 2 titulado “El Brasil monárquico (1822-1889)” (pp. 69-119). Todas las citas pertenecen a la edición del Fondo de Cultura Económica.


La consolidación de la independencia de Brasil fue rápida; el gobierno inglés (Brasil era su tercer mercado externo) aceptó informalmente la emancipación brasileña, aunque retrasó el acto formal, pues quería que Brasil adoptara la medida del cese inmediato del tráfico de esclavos. Portugal, por su parte, reconoció la independencia en 1825. Pero velocidad no es sinónimo de tranquilidad; la transición a la independencia no fue pacífica y se produjeron enfrentamientos armados. En todo caso, la rapidez con que se estableció el nuevo régimen estuvo relacionada con que este no implicó grandes alteraciones en el orden social ni en la forma de gobierno.

“La élite política que promovía la independencia no tenía interés en propiciar rupturas que pusieran en peligro la estabilidad y continuidad de la antigua vida de la colonia.” (p. 70)

La élite adoptó la monarquía como forma de gobierno, hecho que diferenció a Brasil del resto de América Latina. El régimen monárquico se transformó en símbolo de autoridad, más allá de que la figura de tal o cual emperador fuese cuestionada.

Sin embargo, es erróneo afirmar que nada cambió. La profundización de la relación de dependencia con Gran Bretaña (se venía robusteciendo desde 1808, cuando se produjo la apertura de los puertos al comercio) implicó el cambio de inserción de la ex-colonia en el sistema económico internacional. Además, surgió la necesidad de construir un Estado nacional, algo innecesario durante el período colonial. En este punto es necesario aclarar otro malentendido: en 1822 (y en los años subsiguientes) no existía una élite política homogénea; por el contrario, faltaba un acuerdo sobre las líneas básicas de la organización del nuevo Estado. Esto hizo que se desarrollara un período de agudas luchas políticas entre 1822-1840.

La Constitución de 1824 representó el primer intento de organizar el nuevo sistema político. Fue sancionada de arriba hacia abajo; el emperador disolvió la Asamblea Constituyente y aprobó por decreto su propio proyecto. Estableció el régimen monárquico, hereditario y constitucional; había una nobleza, conformada en base a títulos no hereditarios otorgados por el emperador; la religión católica fue reconocida como religión oficial, aunque permitía el culto particular de otras religiones; el Poder Legislativo estaba constituido por el Senado (integrado por personajes elegidos de manera vitalicia por el emperador) y la Cámara (cuyos miembros eran elegidos de manera temporaria, por voto indirecto y censitario. En primer término se realizaban elecciones elecciones primarias, en las que votaban los ciudadanos que poseían una renta anual de 100 mil reis o más en bienes raíces, industria, comercio o empleo; de esas elecciones surgía un cuerpo electoral, cuyos miembros debían poseer una renta anual de 200 mil reis y no ser libertos; el cuerpo electoral elegía los diputados, entre los ciudadanos con renta anual de 400 mil reis o más, que profesaran la religión católica). Una de las paradojas del texto constitucional consistía en que, siendo el ordenamiento fundamental de una sociedad esclavista, en ella no se mencionaba a los esclavos. Su aplicación, por lo menos en lo que hace al terreno de los derechos, era muy relativa.

“A éstos [derechos] se superponía la realidad de un país donde incluso el conjunto de la población libre dependía de los grandes propietarios rurales, donde sólo un pequeño grupo tenía instrucción y donde existía una tradición autoritaria.” (p. 72)

En cuanto al ordenamiento de los poderes locales, la Constitución dividía al país en provincias; el emperador nombraba al presidente de cada una de ellas. Existía un Consejo de Estado, integrado por consejeros vitalicios designados por el emperador. Estos consejeros debían tener una edad mínima de 40 años, renta no inferior a 800 mil reis anuales. El Consejo daba su opinión en temas tales como declaración de guerra, ajustes en los pagos, negociaciones en las que el emperador se propusiera ejercer atribuciones propias del Poder Moderador.

El texto constitucional convertía al emperador en el Sol del sistema político. Su persona fue considerada inviolable y sagrada, y no estaba sujeta a ninguna responsabilidad. El emperador nombraba a los senadores, podía disolver la Cámara y convocar a elecciones para sustituirla. También estaba facultado para vetar las decisiones de la Cámara y del Senado. En definitiva, la Constitución fijaba el predominio del emperador y de los burócratas y comerciantes (muchos de ellos portugueses) que formaban parte del círculo de sus íntimos.

La Constitución de 1824 rigió, con algunas modificaciones, hasta el final del Imperio. Pero los comienzos del nuevo ordenamiento no fueron fáciles. El régimen imperial debió enfrentar la revolución de Pernambuco (julio-noviembre de 1824), de carácter marcadamente urbano y popular, aplastada por medio las tropas imperiales. Luego, Brasil afrontó la guerra con Argentina (1825-1827) por la posesión de la Banda Oriental. El conflicto fue un desastre militar y una catástrofe financiera para el Imperio.

Las rentas del gobierno dependían en gran medida del impuesto sobre las importaciones. En los primeros años del Imperio, los precios del algodón, cuero, cacao, tabaco y café tendieron a caer. Ello produjo una desvalorización de la moneda brasileña e inflación. Si bien la devaluación favoreció las exportaciones, también perjudicó las importaciones de bienes de consumo, demandadas por las élites y por los sectores medios urbanos. La situación económica agudizó el conflicto entre brasileños y portugueses (estos últimos controlaban la mayor parte del comercio al por menor). La élite política se hallaba dividida en absolutistas (defensores a ultranza del emperador, el orden y la propiedad) y liberales (defensores del orden y la propiedad, pero también de la libertad constitucional). Los brasileños adhirieron más a los liberales, en tanto que los portugueses se abroquelaron tras la figura del emperador.

El conflicto se resolvió en 1831: una revuelta apoyada por el ejército forzó la abdicación de Pedro I (1798-1834; emperador de Brasil en 1822-1831) en favor de su hijo, quien recibió la denominación de Pedro II (1825-1891; emperador de Brasil en 1831-1889).

Dada la corta edad del nuevo emperador, hubo un período de Regencia (1831-1840), a la espera de la mayoría de edad de Pedro II. Fue una etapa agitada en lo político, pues las élites no se ponían de acuerdo en torno al orden constitucional más conveniente. En principio, puede afirmarse que los liberales moderados se llevaron la parte del león con la abdicación. Se suprimió el Consejo de Estado, se crearon asambleas provinciales con poderes mayores (podían nombrar y destituir a los funcionarios públicos; se convirtieron en un arma importante para los políticos locales). En agosto de 1831 se creó la Guardia Nacional, en sustitución de las antiguas milicias; estaba compuesta por todos los ciudadanos con derecho a voto en las elecciones primarias con edades comprendidas entre los 21 y los 60 años.

Durante la Regencia se sucedieron las rebeliones y revueltas provinciales. Las más importantes: Guerra dos cabanos (Pernambuco, 1832-1835); Farroupilha (Rio Grande do Sul, 1835-1845). Todos estos movimientos fueron derrotados, no sin dificultades, por las fuerzas imperiales.

En esta etapa de la historia brasileña se conformaron los dos grandes partidos: conservadores y liberales. Los primeros agruparon a magistrados y burócratas, una parte de los propietarios rurales (Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco) y a los grandes comerciantes; los segundos, a la pequeña clase media urbana, algunos sacerdotes y propietarios rurales de áreas menos tradicionales (Sao Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul).

En julio de 1840 Pedro II asumió el trono, apoyado por los liberales. Entre sus primeras medidas estuvo el restablecimiento del Consejo de Estado. La totalidad del aparato administrativo y judicial volvió a manos del gobierno central, recortando los poderes locales. Se impulsó así la centralización política. De esta manera se dio el paso decisivo para terminar con las rebeliones provinciales, la última de las cuales fue la Praieira (Pernambuco, 1848-1850).

El período comprendido entre la independencia (1822) y el final de la Regencia (1840) estuvo signado por la inestabilidad política, cuyo indicador más evidente fue el número de rebeliones contra el poder central. En este punto cabe hacerse la pregunta: ¿Por qué Brasil logró mantener la unidad territorial? El profesor Fausto sostiene que el elemento explicativo fundamental es el sistema esclavista. El interés por el mantenimiento de la esclavitud llevó a las provincias más importantes a desechar una separación del Imperio, pues se verían debilitadas frentes a las presiones antiesclavistas de Gran Bretaña. Pero el mantenimiento de la unidad también fue apoyado por los ingleses, quienes defendían así su mayor mercado en América Latina. Además, se fue constituyendo una élite homogénea (cuyos integrantes se formaron en la Facultad de Derecho de Coimbra, luego en las Facultades de Olinda, Recife y Sao Paulo), dotada de una concepción jerárquica y conservadora.

El sistema político permitió la alternancia en el gobierno de los dos partidos (hubo 36 gobiernos en 50 años), sin que se recurriera a las armas. En 1847 se creó el Consejo de Ministros o Gabinete, encargado del Poder Ejecutivo. Debía contar con la confianza de la Cámara y del emperador para poder mantenerse en el gobierno.

¿Qué pasaba, mientras tanto, con la economía brasileña?

En las primeras décadas del siglo XIX surgió la producción de café para la exportación. Este cultivo se llevó adelante en el extenso valle del río Paraíba (que atraviesa gran parte de Río de Janeiro y Sao Paulo). Allí se instalaron las fazendas, grandes propiedades que utilizaban fuerza de trabajo esclava. Las tierras fueron ocupadas según la ley del más fuerte. Para instalar una fazenda de café, el fazendeiro tenía que realizar inversiones significativas (tala del bosque, preparación de la tierra, siembra, instalaciones, compra de esclavos). Las primeras cosechas sólo podían recogerse luego de cuatro años de espera. Los capitales provenían: a) ahorro obtenido con la gran expansión del comercio (luego de la llegada del rey de Portugal, Juan VI, a Brasil en 1808); b) ganancias obtenidas con la producción de café; c) capitales liberados por la finalización del tráfico de esclavos (luego de 1850). La producción tenía carácter extensivo. La mayor parte del café se producía para la exportación, siendo EE.UU. el principal comprador. Entre 1821-1830, el café generaba el 18 % del valor total de las exportaciones brasileñas; en 1881-1890, era el 61 % del valor total de las exportaciones del país. El complejo cafetalero desplazó definitivamente el centro dinámico del país hacia el centro y el sur del territorio. En contrapartida, se produjo la decadencia del noreste, proceso ya irreversible hacia 1870.

La economía brasileña tuvo problemas de balanza de pagos a lo largo del siglo XIX:

“Para conseguir créditos y empréstitos, el país dependía fundamentalmente de Inglaterra. En este sentido, su deuda externa estaba contraída fundamentalmente con los banqueros ingleses. Pero las transacciones comerciales con Inglaterra no proveían recursos suficientes para hacer frente a las importaciones de ese país y para atender los compromisos de la deuda.” (p. 92)

La esclavitud estaba sometida a crecientes presiones de parte de Gran Bretaña, que reclamaba su abolición. Brasil resistió la presión; el tráfico de esclavos creció: entre 1811-1820, el ingreso anual de esclavos fue de 32700 cautivos promedio; en 1821-1830, ascendió a un promedio de 43100 cautivos. Los esclavos ingresaban fundamentalmente por los puertos al sur de Bahía, sobre todo Río de Janeiro. La mayoría de los esclavos iban a las plantaciones de café del valle del Paraíba. El régimen esclavista permanecía firme pues “no existía una alternativa viable al trabajo esclavo en la gran propiedad, así como también [por] la falta de rebeliones generalizadas de esclavos” (p. 94). Sin embargo, a mediados de siglo la presión inglesa se volvió insostenible; la marina británica comenzó a bloquear los puertos brasileños. En septiembre de 1850 se aprobó una ley presentada por el Ministerio de Justicia, que equiparaba al tráfico de esclavos con la piratería. La entrada de esclavos cayó de 54000 en 1849 a menos de 23000 en 1850 y 3300 en 1851; en los años siguientes, desapareció. En un primer momento los fazendeiros se proveyeron de esclavos comprándolos en las regiones en decadencia.

En 1850 se aprobó la Ley de Tierras. Con ella se procuró evitar que la inmigración interna comprara tierras públicas (y, por ende, los inmigrantes se verían empujados a emplearse como mano de obra). Ese mismo año se aprobó, además, el primer Código Comercial.

El fin de la importación de esclavos trajo aparejada la liberación de capitales. Se desató una intensa actividad de negocios y de especulación: bancos, empresas de navegación a vapor, industrias, ferrocarriles.  En definitiva, dio comienzo la modernización capitalista en las áreas más dinámicas del país.

La producción de café, lejos la principal mercancía de exportación del país, se desplazó de la zona del valle del Paraíba (que alcanzó su apogeo alrededor de 1850) hacia el oeste paulista, donde existía gran disponibilidad de tierras que permitía la continua incorporación de nuevas áreas de cultivo; el valle del Paraíba había alcanzado su máxima extensión (las tierras, agotadas y erosionadas, bajaron su rentabilidad y perdieron valor). Se conformaron dos clases regionales: a) los fazendeiros del Paraíba, quienes apoyaban la monarquía, pero se separaron de ella a medida que se aprobaba la legislación contra la esclavitud; b) la burguesía del café del oeste paulista.

En las últimas décadas del siglo XIX la región de Sao Paulo comenzó su proceso de transformación en una economía capitalista. Acumulación de capitales, diversificación de las actividades económicas, formación de un mercado de tierras, de producción y de consumo. La acumulación de capitales comenzó con la producción cafetalera, combinada con inversiones en tierras, bancos y comercios. En torno a la expansión del café se constituyó una red de núcleos urbanos, centros de pequeña producción y consumo.  En la década de 1880 comenzó la entrada de inmigrantes.

Las diferencias entre los fazendeiros del Paraíba y la burguesía cafetalera no eran tan grandes:

“Los dos grupos partieron de presupuestos comunes y se diversificaron en razón de diferentes realidades del medio físico y social. Ambos practicaron la agricultura extensiva y utilizaron ampliamente la mano de obra esclava. Los fazendeiros paulistas no se volcaron al inmigrante porque creían en las virtudes o en la mayor rentabilidad del trabajo libre, sino porque la alternativa del esclavo iba desapareciendo y había que dar una respuesta al problema.” (p. 100)

A partir de 1850 el aprovisionamiento de esclavos se realizó por medio del tráfico interprovincial. “De esta manera, las migraciones internas en Brasil comenzaron bajo la triste forma de la transferencia forzada de esclavos de una región a otra.” (p. 100) Pero este tráfico no suplía de manera completa las necesidades de la producción; era necesario encontrar otra alternativa para proveer de mano de obra a las zonas dinámicas (como Sao Paulo). La burguesía exploró otras alternativas. No obstante la urgencia, no se intentó convertir a los esclavos en trabajadores libres, en parte debido al prejuicio de los fazendeiros hacia los esclavos, así como también a la probable reticencia de estos últimos a aceptar una condición no muy diferente a la que tenía. Tampoco se intentó promover la llegada de inmigrantes pobres desde el noreste, por prejuicio racista, que desvalorizaba no sólo a los esclavos, sino también a los ex-esclavos y a los mestizos. Además, los dueños de los ingenios y de las plantaciones de algodón del noreste no aceptarían de buen grado el traslado de una fuerza de trabajo que estaba bajo su control.

Se fomentó la inmigración europea: el número de inmigrantes a Sao Paulo pasó de 6500 personas (1885) a casi 92000 (1888); los italianos constituyeron la inmensa mayoría de la inmigración (cerca del 90 % en este período).

El profesor Fausto dedica bastante espacio al análisis de la Guerra del Paraguay (1864-1870):

“Paraguay quedó arrasado por el conflicto, perdiendo porciones de su territorio a manos de Brasil y Argentina, además de su propio futuro. El proceso de modernización se volvió una cosa del pasado y Paraguay se convirtió en un país exportador de productos de poca importancia.” (p. 108)

Brasil terminó la guerra endeudado con Gran Bretaña. Su esfuerzo bélico fue enorme: la población masculina era de 4.9 millones en 1865 y el número total de brasileños movilizados osciló entre 135 y 200 mil. “Pero la mayor consecuencia del conflicto fue la afirmación del Ejército como una institución con perfil y objetivos propios.” (p. 108)

Hacia 1870 aparecieron síntomas en el Segundo Reinado. Comienzo del movimiento republicano; surgieron fricciones entre el gobierno imperial y el Ejército y la Iglesia. El problema político central siguió siendo el fin de la esclavitud. El proceso comenzó en 1871, con la sanción de la Ley de Vientre Libre (proyecto elaborado por un gabinete conservador), que declaró libres a los hijos de la mujer esclava nacidos luego de la promulgación de la ley. Estos hijos quedaban en manos de los señores de sus madres hasta los 8 años de edad. Luego, los señores podían optar: a) recibir una indemnización del Estado, o b) utilizar los servicios del menor hasta que éste cumpliera los 21 años.

La ley fue sancionada debido al temor a las insurrecciones de esclavos (el Estado había quedado debilitado por la guerra). Pero la clase dominante consideraba que la ley era subversiva. Pero la norma legislativa tuvo poca efectividad en la práctica; se entregaron pocos niños al Estado y los dueños de esclavos continuaron utilizando sus servicios.

En la década de 1880 creció el movimiento abolicionista. En 1884 el estado de Ceará, en el noreste, declaró unilateralmente el fin de la esclavitud. En 1885 se aprobó la Ley de los Sexagenarios, que concedió la libertad a los cautivos mayores de 60 años; además, estableció normas para la liberación gradual de todos los esclavos mediante una indemnización. En la segunda mitad de la década de 1880 se produjo la desorganización del trabajo en las fazendas por la fuga en masa de los esclavos. La élite cafetalera paulista recurrió a la inmigración para aprovisionarse de fuerza de trabajo. En 1888 sólo adherían a la esclavitud los representantes de las zonas cafetaleras del valler del Paraíba. Finalmente, el 13 de mayo de 1888 se declaró la abolición de la esclavitud.

¿Qué sucedió con los ex-esclavos?

En el noreste se transformaron en dependientes de los grandes propietarios. En el valle del Paraíba se convirtieron en aparceros de las fazendas de café en decadencia; luego, en chacareros o peones de ganado. En el oeste paulista, se produjo una fuga en masa con anterioridad a 1888 hacia Sao Paulo y otras regiones. En general, persistió la profunda desigualdad social de la población negra; esto reforzó el prejuicio contra el negro, considerado un ser inferior (sobre todo en zonas de intensa inmigración). Eso muestra que,

“El sistema esclavista no estaba sostenido sólo por la violencia, aunque ésta fuese fundamental. Su amplitud, la diferenciación entre los esclavos, las expectativas - reales o imaginarias - de alcanzar la libertad, también contribuyeron a que tuviera una larga vida.” (p. 112)

El otro problema político central de las últimas décadas del Imperio fue el desarrollo del movimiento republicano, que hizo su aparición en Río de Janeiro hacia 1870. Su base social estaba constituida por militares, periodistas y miembros de las profesiones liberales. Luchaba por una mayor representación política de los ciudadanos, por los derechos y las garantías individuales, y por la finalización del régimen esclavista. En la década de 1870 también surgió el movimiento republicano conservador en las provincias. En 1873 fue fundado el PRP (Partido Republicano Paulista); sus cuadros provenían de la burguesía cafetalera; defendía la federación, que garantizaba una amplia autonomía a las provincias. El PRP pensaba que el Imperio era incompatible con la federación. A diferencia de los republicanos de Río de Janeiro, los republicanos paulistas evitaban tomar posición frente a la esclavitud.

La década de 1870 vio también la aparición de una crisis entre el Estado y la Iglesia (p. 115). También se tensaron las relaciones con el Ejército. Muchos oficiales eran críticos del Imperio desde la Guerra del Paraguay. Los jóvenes militares defendían el desarrollo de la educación y de la industria, la construcción de ferrocarriles y el fin de la esclavitud. La Escuela Militar de la Praia Vermelha (Rio de Janeiro) se convirtió en la práctica en centro de estudios de matemática, filosofía y letras; el positivismo tuvo gran influencia: “En el caso brasileño, el positivismo contenía una fórmula de modernización conservadora centrada en la acción del Estado y en la neutralización de los políticas tradicionales, que repercutió con fuerza entre los militares.” (p. 117). [No se trató de que los militares se convirtieran en filósofos; los militares tomaron del positivismo aquello que les servía en la práctica.]

En 1881 se sancionó la Ley Saraiva, que estableció una reforma electoral con el voto directo para las elecciones legislativas. No obstante ello, mantuvo el nivel mínimo de renta (censo económico). En 1882 se introdujo el Censo Literario (voto restringido a los alfabetizados). El voto se extendió a los no católicos, los brasileños naturalizados y los libertos. Pero los efectos del Censo Literario, en un país de analfabetos, fueron notorios: en 1872, los votantes eran el 10,8 % de la población del país; en 1886, el 0,8% de la población. Se mantuvieron el fraude y las presiones sobre los electores.

En junio de 1887 los oficiales organizaron el Club Militar, asociación permanente para la defensa de sus intereses. Crecieron los contactos entre los militares y los líderes republicanos paulistas y gaúchos. Su intención era derrocar a la monarquía.

15 de noviembre de 1889 = El mariscal Deodoro Da Fonseca ocupó el ministerio de Guerra y proclamó la República. A los pocos días la familia del ex-emperador partió al exilio. El Ejército derrocó a la monarquía, pero “la burguesía cafetalera le permitiría a la República contar con una base social estable, cosa que ni el Ejército ni la población urbana de Río de Janeiro podían asegurar por sí mismos.” (p. 119)

El profesor Fausto concluye afirmando que la caída de la monarquía fue el resultado de una disputa entre élites divergentes (p. 119)

 

Villa del Parque, domingo 25 de julio de 2021