ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA HERMANDAD LATINOAMERICANA: LA COMPRA DE ACCIONES DE YPF POR CARLOS SLIM

La hermandad latinoamericana, la unidad tan soñada por los héroes de la independencia, se va realizando poco a poco en este nuevo tiempo que nos toca vivir. Después de tanto sufrimiento, de dictaduras, golpes de mercado y neoliberalismo, llega al fin la hora de la “emancipación nacional y social”. No se trata, como en otros tiempos, de palabras vacías. Los hechos comienzan a demostrar el nuevo curso de la historia.

Pero la realidad adopta formas extrañas, que no quieren ser reconocidas por sus creadores. Razones tendrán para ello…


Pasemos ahora del reino de la ironía al mundo de lo real. 


En el día de hoy, los diarios trajeron el anuncio de que el multimillonario mexicano Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo, adquirió el 8,36% de las acciones de YPF. Slim compró las acciones a través de una de sus compañías, el Banco Inbursa, y se hizo en dos etapas. Las acciones adquiridas pertenecían a la familia Eskenazi, quienes fueron entronizados en su momento a la condición de héroes de la “burguesía nacional” por el finado don Néstor Kirchner. 

Hace un tiempo, la familia Eskenazi demostró que en el capitalismo se puede comprar parte de la propiedad de una empresa sin desembolsar un peso, cosa que demuestra que el sistema brinda oportunidades a todo el mundo. ¿Cómo pudo ser esto? Le damos la palabra al periodista Fernando Krakowiak: 

“El Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, llegó a tener el 25,46 por ciento de YPF. En febrero de 2008 adquirió un 14,9 por ciento por 2235 millones de dólares y para concretar la operación se financió con el aporte de un pool de bancos y de la propia Repsol. En noviembre de ese mismo año puso 100 millones para elevar su participación al 15,46 por ciento y, en mayo de 2011, hizo uso de la opción que tenía por otro 10 por ciento, llegando al mencionado 25,46 por ciento, también con dinero prestado (1304 millones) por Repsol y un grupo de bancos. Esa deuda, los Eskenazi la estaban cancelando con las propias utilidades de YPF, pero luego de la expropiación el Gobierno adelantó que no se distribuirían ganancias entre los accionistas para fortalecer las inversiones de YPF. Finalmente, los Eskenazi no pudieron cumplir con los vencimientos de deuda y los bancos y Repsol ejecutaron las garantías y se quedaron con esos papeles. Una parte de las acciones que cayeron en poder de los bancos es la que ahora posee Carlos Slim a través de Inbursa y de Inmobiliaria Carso.” (Página/12, 15 de junio de 2012).

En otras palabras, la familia Eskenazi (Grupo Petersen) se convirtió en propietaria de un cuarto del total de las acciones de la empresa más grande de nuestro país sin poner un peso. Fascinante, ¿no? Y esta maravilla se hizo efectiva durante el gobierno “nacional y popular” (años 2008 y 2011). No creo necesario decir mucho más, salvo que la incorporación a YPF de una burguesía tan emprendedora como los Eskenazi no contribuyó un ápice a mejorar la situación energética del país, pero si engrosó los bolsillos de la mencionada familia. Cuando Cristina Fernández decidió expropiar a Repsol el 51% de las acciones de la YPF, también resolvió que la empresa dejara de repartir dividendos entre los accionistas (había que fortalecer las inversiones en la empresa). Cuando la familia Eskenazi se dio cuenta de que no tenía más dividendos para pagar la deuda contraída para pagar la compra de las acciones de YPF, tomó la heroica decisión de dejar de pagar la deuda (en criollo, no poner un peso propio, como hizo todo este tiempo). Sucedió entonces lo inevitable. Los acreedores se quedaron con la porción de las acciones que correspondía a las cuotas impagas. Esas son las acciones que compró, a su vez, Slim. 

El ingeniero Miguel Galuccio (actual CEO de la YPF “nacional y popular”) saludó alborozado la llegada de Slim. Galuccio tiene motivos bien concretos. El Estado nacional no puede seguir pagando las importaciones de combustibles generadas por la política de la YPF “neoliberal” de Menem, Néstor Kircher y Cristina Fernández (digo esto haciendo referencia a que YPF fue controlada por Repsol durante la presidencia de estas personas), y tampoco dispone de los fondos necesarios para invertir en exploración de nuevos pozos. En consecuencia, la YPF “nacional y popular” de Cristina Fernández precisa con urgencia de inversiones extranjeras para poder salir adelante. Las multinacionales petroleras negocian desde una posición de fuerza, pues quieren el oro y el moro, aprovechando que la heroica “expropiación” dio una pátina “alocada” al gobierno argentino. La compra de acciones por Slim fue interpretada por Galuccio como un gesto hacia los mercados financieros, que puede favorecer la negociación con las multinacionales petroleras.

Slim, como es obvio, no actúa por un sentimiento de hermandad latinoamericana. Se calcula que su fortuna personal es de 69.000 millones de dólares. La compra de acciones de YPF le costó cerca de 330 millones de dólares. Slim “arriesgó” muy poco. Como botón de muestra basta decir que el grupo Eskenazi “abonó” un precio de 38,1 dólares por acción en febrero de 2008. Hoy, Slim pagó 11,1 dólares por acción. Conducta emprendedora, como acostumbran decir en esta época. Conocedor de la debilidad de YPF, Slim apuesta a pescar a río revuelto. No le falta, por cierto, poder de fuego.

Para completar esta epopeya: En su momento, la familia Eskenazi se endeudó con Repsol para “comprar” su parte de YPF. Como la familia Eskenazi dejó de pagar sus deudas, Repsol volvió a apropiarse de esas acciones. Gracias a esto, en el día de la fecha Repsol pasó a controlar otro 5,6% de las acciones. De modo que Repsol es propietaria del 12% de las acciones de YPF. 

Todo un logro de la “emancipación nacional y social”.

A despecho de los discursos, en América Latina la burguesía está más viva que nunca. No es ninguna novedad. 

Pero es bueno reconocerlo.

Buenos Aires, viernes 15 de junio de 2012

COMBATIENDO AL CAPITAL: CRISTINA FERNÁNDEZ Y EL ROL DE LA NUEVA YPF

"Por ese gran argentino

que se supo conquistar

a la gran masa del pueblo
combatiendo al capital"

La presidenta Cristina Fernández presentó al nuevo directorio de YPF, luego de la expropiación que desplazó a la multinacional Repsol de la conducción de la empresa. En otras notas ya me referí extensamente a la cuestión. Pero como la izquierda del kirchnerismo ha machacado una y otra vez acerca del significado “liberador” y “emancipador” de la expropiación de YPF, no está de más dedicar algún tiempo a examinar cómo la “jefa espiritual del movimiento” define la naturaleza de la “emancipación nacional y social” promovida por el “kirchnerismo”. Para ello tomaré el discurso de Cristina del 5 de junio pasado, fecha en que presentó el directorio de la nueva YPF, encabezado por Miguel Galuccio. Si bien en los párrafos que siguen haré uso abundante de la ironía, corresponde reconocer que Cristina ha sido siempre coherente en cuanto a su posición sobre el dominio del capital en la sociedad, y esta coherencia es pública y conocida. Sólo aquellos que desean ver la realidad según sus deseos pueden convertir a Cristina en una heroína de la emancipación social y a Néstor Kirchner en un compañero del Che y de Camilo en la Sierra Maestra. Del “kirchnerismo” pueden decirse muchas cosas, pero de ningún modo puede sometérselo a la calumnia de afirmar que le falta el respeto al capital. 

En los párrafos que siguen prescindo de todo otro material que no sean las palabras de Cristina en el discurso que pronunció con motivo de la presentación del nuevo directorio de YPF. Considero que las mismas son tan significativas que merecen una atención especial, sobre todo en tiempos en los que la militancia "kirchnerista" ha elevado a la figura de Cristina al rango de una especie de "madre de la patria".

Para empezar el analisis es preciso recordar algo que, de tan conocido, resulta ya banal. Todos sabemos que los empresarios hacen negocios para ganar dinero o, dicho de modo más preciso, para apropiarse el plusvalor generado por los trabajadores. Se puede ser marxista o liberal, pero no puede afirmarse, salvo que se padezca un grado extremo de candor, que los empresarios consideran a sus empresas como entidades de beneficencia o  instrumentos de bienestar social. Las empresas están para ganar, y para ello, aunque no sea agradable decirlo, deben explotar a los trabajadores. Si esto es así, hablar de “emancipación social” implica, como mínimo, la necesidad de confrontar con el capital. En algunos casos, dicha confrontación será tibia y tendrá por objetivo ponerle límites al capital (opción reformista); en otros casos, la lucha girará en torno a la supresión del poder del capital para dictar sus reglas al conjunto de la sociedad, y se hará efectiva en la exigencia de la supresión de la propiedad privada de los medios de producción (opción revolucionaria). Corresponde aclarar que aún los reformistas consecuentes, que no creen que sea preciso (o posible) suprimir la propiedad capitalista, están de acuerdo, sin embargo, en reconocer que el capital es un mal, aunque necesario. 

El caso de Cristina es diferente. Según ella, el capital (entendido como el poder de los empresarios para organizar la producción) es un componente ineludible de todo proceso productivo racional. La “emancipación social” es conducida por el Estado y los empresarios, y la explotación de los trabajadores pasa a ser, por tanto, uno de los logros de esa “emancipación social”. Si el lector sospecha que esto es una exageración, lo invitamos a leer los siguientes pasajes del discurso mencionado al principio de este artículo: 

“uno de los principales problemas que hemos tenido y que todavía vemos es cómo se abandonó el concepto de capitalismo. Sí, se abandonó el concepto de capitalismo, que es la interacción entre el capital, el trabajo, la producción de bienes y servicios para solamente dedicarse a lo estrictamente financiero y pensar que el dinero podría reproducirse a sí mismo sin intervenir en el circuito de producción de bienes y servicios.”

Luego de más de dos siglos de luchas entre capital y trabajo, Cristina descubre que la emancipación social” no se logró todavía porque hemos abandonado el concepto de capitalismo. El capitalismo constituye, por tanto, la forma de organización social que garantiza la “liberación” de los seres humanos de la opresión y de la explotación (¿acaso no es este el significado del concepto de “liberación social”?). Pero como Cristina es una persona inteligente, se da cuenta de que el capitalismo ha producido enormes desastres en el mundo. Para evitar entrar en contradicción, plantea que la “emancipación social” no se logra con cualquier capitalismo, sino sólo con el verdadero capitalismo, aquél que se basa en la producción y no en el capital financiero. Cristina sostiene, por tanto, que no hay explotación en el proceso de trabajo, sino que éste es simplemente una “interacción” entre capital y trabajo. 

La presidenta no se queda en generalidades y da, más adelante, su descripción de cómo debe ser esa interacción virtuosa entre capital y trabajo en el caso de YPF: 

“eso no significa que los contratistas tengan que trabajar a pérdida con la empresa. Nadie les va a pedir eso a ningún empresario, pero sí vamos a exigir eficiencia, tecnología, inversión, rentabilidad adecuada y también productividad a nuestros trabajadores, porque además son hoy de los mejores remunerados en el país.”

Traducido al criollo. En la interacción virtuosa entre capital y trabajo, a los empresarios les corresponde obtener ganancias (¡a quién se le ocurre que el capital pueda sufrir pérdidas!) y para ello es preciso que inviertan. Para los despistados: “exigir” inversiones parece mucho, pero no es más que un cacareo inofensivo para el capital. En una economía capitalista, la clase capitalista en su conjunto tiene la obligación de invertir, pues sólo con la inversión se pone en marcha el proceso productivo. Y es, justamente, el proceso productivo la fuente de dónde sale el plusvalor, cuya apropiación constituye la base misma del poder de los capitalistas. Sin inversión no hay producción. Sin producción no hay plusvalor. Sin plusvalor no hay dominación capitalista. ¿Y el dominio del capital financiero mentado por Cristina? No voy a negar el peso del capital financiero en una economía capitalista, pero si se entiende por capital financiero al dominio de los bancos sobre la economía (es una mala definición, pero la usamos porque es la que emplean los militantes de la “izquierda kirchnerista”) corresponde indicar que los bancos no producen nuevo valor, sino que se apropian valor ya producido. Para que los bancos puedan apropiarse una porción creciente del plusvalor, es preciso que ese plusvalor sea producido. Y el plusvalor es producido gracias a la EXPLOTACIÓN de los trabajadores. Cristina sabe esto, pero de ningún modo concibe al proceso de producción como un proceso en el que la clase capitalista explota a la clase trabajadora. Es por eso que, a la vez que les pide a los empresarios que “exploten a los trabajadores” (el pedido de que inviertan tiene que leerse de este modo, pues vivimos en una economía capitalista, a despecho de la puesta en marcha de la “emancipación nacional y social”), solicita a los trabajadores que se dejen explotar con alegría. “Muchachos, sean más productivos, déjense explotar un poquito más, para eso se los remunera mejor”, parece decir una Cristina nacional y popular. La “emancipación social” alcanza su clímax: ganancias para los empresarios, mayor explotación de los trabajadores a cambios de mejores remuneraciones para que se dejen explotar mejor. Prostitúyanse, pero que sea a cambio de una buena suma, así aportamos a la “emancipación” de los sufridos laburantes de nuestro querido país.

Pero la “emancipación social” exige esfuerzo. Las “mejores remuneraciones del país” deben ser sacrificadas en pos del ideal:

“Lo que viene a plantear el ingeniero Galuccio como un desafío no solamente a los trabajadores de quienes necesitamos el mayor grado de productividad y de apoyo y trabajo a la empresa, que es apoyarse a ellos mismos. (…) en realidad éramos una empresa petrolera que comenzó a dar pérdidas. Por eso es importante el compromiso de los trabajadores.”

No hay dudas de que Cristina tiene razón. En una empresa en la que el dinero para las inversiones va a ser aportado por los contratistas privados, y dado que dichos contratistas van a pedir el oro y el moro como condiciones para invertir (léase la garantía de obtener grandes ganancias), es lógico que el Estado se ponga duro con los trabajadores. Total, ellos aportan “solamente” su trabajo para la empresa, y esto cotiza poco en el mundo de la “emancipación nacional y social”. Para Cristina, la interacción entre capital y trabajo implica que los trabajadores acepten los mandatos del capital, a tal punto que terminen por identificar al capital con ellos mismos. Dicho de otra manera, el trabajo se “libera” en la medida en que acepta que su conciencia tiene que ser la del capital.

La “emancipación nacional y social”, la “recuperación de la soberanía” son tan palpables que, incluso,  pueden ser mensuradas:

“si bien la locutora oficial me anunció como siempre lo hace, con ese énfasis y fervor, como: “la Presidenta de los 40 millones de argentinos”, hoy acá más que como Presidenta de los 40 millones de argentinos vengo como representante del 51 por ciento, me tomo el atrevimiento de asumir también la representación de los estados federales. (…) Así que en realidad más que como Presidenta vengo a hablar en representación de los principales accionistas, que no es poca cosa. ” (El resaltado es mío)

No es poca cosa, en verdad…

Si la “emancipación social” consiste en la plena aceptación de la mentalidad del capital, es coherente anteponer la participación en el paquete accionario de una empresa a la soberanía popular. Aceptado esto, el corolario es la generación de un clima favorable a las inversiones de los capitalistas:

 

“La Argentina en materia de libertad para invertir, en el G-20 solamente es superada por Alemania; en el resto de los países del G-20 hay más restricciones para la inversión extranjera que en la República Argentina. Y son datos de la OCDE, no son datos nuestros. Pero además en un conjunto de aproximadamente 60 países, en los cuales obviamente están el grupo de los ocho, de los nueve, de los diez, de los que quieran estamos contando desde los que más libertades tienen para la inversión extranjera, nosotros en 11 lugar, en el décimo primer lugar, solamente superados en toda América por Colombia y pegado a nosotros. Esto para aquellos que hablan de restricciones a las inversiones, etc., etc. Y también un informe muy importante en la calidad de nuestras inversiones: somos el país – entre Brasil, nosotros, Perú, Colombia, y otros países – de mayor porcentaje en inversiones de alta densidad tecnológica, 51 por ciento.” (El resaltado es mío).

            

La “emancipación nacional” es sinónimo de una legislación favorable a las inversiones extranjeras. En ideario nacional y popular, las palabras adquieren significados verdaderamente curiosos…

Quienes piensen que todo esto no es más que la aceptación de las condiciones que impone el capital para invertir y explotar a los trabajadores, no entienden la astucia de Cristina. La conductora indica que todo esto forma parte de un nuevo modelo de organización de la producción:

“el mercado ha advertido que los países ya no quieren desprenderse de sus reservas y que se las manejen privadamente, en todo caso están dispuestos a asociarse con quienes las operen, a través de tecnología, y de esta manera lograr rentabilidad o un ganador-ganador, win to win, que es en definitiva lo que estamos proponiéndole hoy al mercado, desde esta YPF y por eso hemos adoptado el modelo del 51 por ciento. Hubiera sido más fácil, tal vez, estatizar, nacionalizar, no estar bajo el control o la mira de la Comisión Nacional de Valores, de la bolsa local, o de nada menos que la Bolsa de Nueva York.” (El resaltado es mío).

No se trata, como dicen las malas lenguas, de que el Estado no tiene un cobre para invertir en YPF. Afirmar esto sería poco patriótico. Es mejor plantear que las condiciones de la expropiación han sido impuestas por el gobierno nacional y popular, y que atraer a esas instituciones filantrópicas (las multinacionales petroleras) es una movida genial destinada a asegurar la “emancipación social”. 

Luego de las aclaraciones anteriores, queda claro que la "emancipación social" que nos propone Cristina supone la creación de un "hombre nuevo". Claro que este hombre nuevo se parece poco al imaginado por el Che. Veamos cómo lo describe la señora presidenta:

“lo más terrible de todo es que nos estamos peleando adentro del zoológico por mercados que ya tenemos y resulta ser que hay millones y millones en  el mundo que están esperando todavía energías, alimentos, en continentes olvidados como el África, en el propio gigante asiático que todavía faltan de incorporar, en nuestra propia región de la América del Sur en la cual todavía tenemos que incorporar a muchos compatriotas latinoamericanos a mejores condiciones de vida, o sea tenemos gentes que está apta para consumir y también apta para trabajar, y si puede trabajar también puede generar riqueza porque hay que retornar al viejo apotegma capitalista, lo que acumula riqueza es el trabajo. Entonces tenemos que tener mucha gente que trabaje para que también consuma al mismo tiempo y que la sociedad funcione armónicamente. (…) Para eso vamos a necesitar empresas que reinviertan sus utilidades; para eso vamos a necesitar empresas que también adviertan que es imposible tener rentabilidades del 20 o del 25 por ciento; que tenemos que volver a números normales por lo menos hasta que se normalice el mundo, porque si no, las cosas no van a ir bien en el mundo.”

Este “hombre nuevo” no busca la liberación de todos los seres humanos, sino que es un emprendedor que recorre cada rincón del mundo buscando… oportunidades para hacer negocios. El “hombre nuevo” no se nutre de experiencias que enriquecen y desarrollan su personalidad. Cristina es demasiado moderna para caer en antigüedades obsoletas. El “hombre nuevo kirchnerista” se nutre del consumo, que desarrolla el bolsillo de los empresarios al realizar el plusvalor contenido en las mercancías. Si no podemos cambiar el mundo, por lo menos podemos cambiar el auto y el televisor. Es algo…

Y lo mejor de todo: para construir el “hombre nuevo” no hace falta ninguna revolución ni nada por el estilo. Mejor dicho, sí hace falta una “revolución cultural”: consiste en que los empresarios inviertan y en que los trabajadores. Cada cual a su función “natural”. 

Frente a la “emancipación social” propuesta por la presidenta, nada mejor que recordar los versos del gran Discepolín:

“Cuando estén secas las pilas / de todos los timbres / que vos apretás / buscando un pecho fraterno / para morir abrazao… / Cuando te dejen tirao / después de cinchar / lo mismo que a mí. / Cuando manyés que a tu lado / se prueban la ropa / que vas a dejar… / Te acordarás de este otario, / que un día, cansado, / ¡se puso a ladrar!

Buenos Aires, sábado 9 de junio de 2012

ZONCERAS ARGENTINAS: “YPF ES DE TODOS”

En dos notas anteriores afirmé que la expropiación de YPF no era producto del "patriotismo" del partido de gobierno y que, por el contrario, respondía a necesidades económicas bien concretas del capitalismo argentino. Aprobada la ley de expropiación por las dos cámaras del Congreso y habiendo sido promulgada por la presidenta Cristina Fernández, es un buen momento para revisar la idea fuerza con la que el gobierno defendió la expropiación. 

El argumento gubernamental puede resumirse del siguiente modo. La expropiación de YPF, si bien representa una medida imprescindible para evitar la sangría de divisas en importaciones de combustibles y para asegurar la provisión de energía a las empresas, responde a una lógica que trasciende el ámbito económico. La medida constituye la “recuperación” de YPF para la Nación. YPF ha dejado de ser una empresa privada y se ha convertido en una empresa “de todos”. La medida está en línea con la profundización de una política de reconquista de la “soberanía económica” (que incluye hitos como la cancelación de la deuda con el FMI, la estatización del sistema AFJP y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central). La decisión de expropiar YPF debe leerse, pues, como un paso trascendental en la “liberación nacional y social” de nuestro pueblo. 

Es verdad que el argumento expuesto en el párrafo anterior no es compartido por el conjunto del partido de gobierno, y que ni siquiera Cristina Fernández lo defendió en su totalidad. Por el contrario, en estos días han abundado las argumentaciones que sostienen que YPF tiene que transformarse en un ejemplo de administración eficiente, para demostrar que el Estado puede hacer bien las cosas en la economía. También, aunque en menor medida, se ha sostenido la prioridad del logro de nuevas inversiones en el sector energético, lo cual obliga a una política de seducción del capital. Sin embargo, estas dos posiciones se mueven dentro de un marco conceptual que postula que el Estado representa “los intereses de todos”. La ambigüedad de esta expresión (y la política es, entre otras cosas, el arte de caminar sobre la ambigüedad para construir hegemonía) permite que la medida sea bien vista tanto por el conjunto del empresariado (mas allá de los rezongos de los nostálgicos de la década del ’90) como por las corrientes que representan la izquierda del “kirchnerismo”.

¿El Estado representa los intereses de todos? 

Si la respuesta es afirmativa, toda medida que tienda a reforzar la participación del Estado en la economía debe ser considerada como un fortalecimiento del interés general en detrimento de los intereses particulares. Cristina Fernández estaría obrando a favor de los intereses del conjunto de la sociedad. 

Si la respuesta es negativa, la expropiación de YPF tienen que pasar a ser evaluadas desde otra óptica, no tan optimista.

Si el Estado es el representante de los intereses de toda la sociedad, ¿por qué demora tanto – o no lo hace nunca – cuando se trata de hacer valer los derechos de los trabajadores, que constituyen el grupo más numeroso de dicha sociedad? Como ejemplo, basta recordar la tardanza en reaccionar frente a la masacre ocurrida en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento. El grupo Cirigliano, cuyo “poder de fuego” es sensiblemente menor que el de Repsol, sigue al frente de la empresa, a pesar de la intervención de la misma y de la evidencia de que la catarata de subsidios recibidos desde el Estado no mejoró en nada la calidad del servicio. Es cierto que, probablemente, el grupo termine siendo desplazado de la concesión; esto no modifica el hecho de que fue el gobierno “nacional y popular” el que convalidó y diseñó un sistema de transporte que hace sufrir padecimientos cotidianos a una parte importante del “todos” que compone la sociedad, los trabajadores. Si se compara lo que ocurre diariamente en nuestro sistema de transportes con la celeridad con que se ha obrado en el caso YPF, cabe preguntarse por las razones de las diferencias de velocidad en uno y otro caso. En YPF, la falta de combustible barato perjudica directamente la acumulación de capital y las ganancias de los empresarios; en el caso del Sarmiento, los afectados son los trabajadores, cuya participación en el “paquete accionario de la sociedad” parece ser bastante inferior al 51%.

El Estado argentino, como cualquier Estado real, está obligado a respetar la lógica del capital, guste o no al elento dirigente de turno. Esto es así porque el capital) controla las palancas del proceso económico (los medios de producción); los empresarios,  mediante las inversiones, pueden acelerar o detener el crecimiento económico. Si hay un menor nivel de actividad económica, los ingresos del Estado se deterioran. Aunque esto es más viejo que la pólvora, conviene recordar que las finanzas públicas dependen de la buena salud de la economía capitalista. De modo que el Estado no puede ser neutral frente a la clase capitalista. El Estado puede ir en contra de tal o cual grupo de empresarios particulares, pero no puede ir contra la clase capitalista en su conjunto, pues ello implicaría poner en riesgo su propia estabilidad. En su discurso de ayer, Cristina Fernández aclaró que no está en contra de que los empresarios obtengan ganancias. Con esto marcó claramente los límites del “Estado de todos”. El Estado, aun el “nacional y popular”, tiene que asegurar la acumulación de capital y disciplinar a los trabajadores que no quieran respetar las reglas de juego. 

El Estado argentino, como cualquier Estado, es el representante de los intereses de todos…los capitalistas. En otras palabras, y de manera siempre ambigua y contradictoria, el Estado cumple la función de representar al interés general de los empresarios  frente a los del resto de la sociedad. Si se acepta esta argumentación, la frase “YPF es de todos” adquiere un sentido un tanto diferente al que se le da en estos días. La Argentina es de todos, pero algunos viven en Nordelta y otros en una villa miseria en Soldati o en tantos otros lugares. No somos una sociedad igualitaria (¡nunca puede serlo una sociedad capitalista!), por ello no puede analizarse una medida de política económica como si afectara del mismo modo a todo el mundo.  ¡Más vale!, como diría Mario Wainfeld, pero el olvido de esta verdad sencilla sirve para construir la hegemonía de la clase dominante.

Por último, el objetivo de la nota es mostrar la falsedad de la tesis de que “YPF es de todos” o de que “el Estado representa los intereses de todos los argentinos”. Nada de lo afirmo aquí es novedoso u original, pero ha sido olvidado luego de las tremendas derrotas sufridas por los trabajadores en nuestro país y en el mundo desde la década del ’70 del siglo pasado en adelante.  Sin embargo, reconocer el carácter del Estado es sólo el comienzo, y de ningún modo debe utilizarse para cerrar el análisis. Hago esta aclaración para responder a los compañeros que afirman que sostengo que el menemismo y el kirchnerismo son lo mismo. Si fuera así, no tendría sentido escribir estas notas. Bastaría con decir que todo lo que ocurre en el mundo es producto de las conjuras de los capitalistas. Pero con ese tipo de análisis es imposible hacer política. Hay que dejar de lado la frase “todos los colectivos me llevan bien” y pasar a distinguir cuáles son las condiciones concretas que hicieron que el Estado argentino  privatizara YPF en los ’90 y que ese mismo Estado expropiara YPF en 2012. Guste o no, estamos frente a dos modelos de acumulación de capital diferentes. Decir que en ambos manda el capital no implica afirmar que hay que pasar por alto las diferencias y peculiaridades de cada uno. En la percepción de las diferencias y de las ambigüedades está la clave de la política y de la construcción de hegemonía.

Buenos Aires, sábado 5 de mayo de 2012

ZONCERAS ARGENTINAS: LA EXPROPIACIÓN DE YPF (II)

En el artículo anterior (ver aquí) intentamos demostrar que las apelaciones patrióticas a la soberanía y a la independencia no resisten la confrontación con el archivo. En el período comprendido entre 1992 y 2012 el peronismo en el gobierno promovió:

a) la privatización de YPF; 

b) la rapiña generalizada de las recursos energéticos a manos de Repsol; 

c) la incorporación a YPF SA de una "burguesía nacional" (el grupo Petersen - Eskenazi - ) tan emprendedora que su primera medida fue adquirir parte del paquete accionario de la empresa con un crédito contra garantía de futuros dividendos y sin invertir un solo peso; 

d) la expropiación en curso.

La actitud de Cristina Fernández y de Carlos Menem resume la parábola del peronismo: en 1992, el entonces presidente Menem impulsó la privatización, y Cristina Fernández apoyó la medida siendo diputada provincial por la provincia de Santa Cruz. En 2012, Cristina Fernández ocupa la presidencia de la Nación y promueve la expropiación de la compañía; el ex presidente Menem, que ahora es senador nacional por la provincia de La Rioja, anuncia su voto favorable a la medida. Dado que la política es el arte de lo posible, que obliga a sus protagonistas a sumergirse en el barro de la historia, no vamos a hacer ningún comentario respecto a la variación de las medidas y de las convicciones de nuestros patriotas antiguos y modernos.

Para empezar a entender el sentido de la expropiación de YPF hay que escapar por un rato del griterío de las declamaciones patrióticas. No es ninguna novedad que el petróleo y el gas juegan un papel fundamental en el proceso de producción moderno. Sin petróleo y gas baratos es imposible mantener el crecimiento económico. Además, y esto tampoco es novedoso pero suele olvidarse en medio de la exaltación que producen palabras como "independencia" y "soberanía", nuestro proceso de producción es capitalista. Hasta que se pruebe lo contrario, el capitalismo es una forma de organización social basada en la explotación del hombre por el hombre, en la que existen diferencias sustanciales de poder entre los capitalistas y los trabajadores. Es por ello que en la cuestión energética (como en todas las demás), no existe un punto de vista común a toda la sociedad, sino que predomina el punto de vista de la clase que tiene la sartén por el mango.

Si la caracterización del capitalismo que hemos presentado en el párrafo anterior es correcta, la "soberanía energética" cobra un sentido diferente al que le atribuyen nuestros patriotas de hoy. Si es falsa o si ha sido superada por el desarrollo de la historia, la argumentación propuesta por Cristina Fernández y cia puede ser aceptada (de hecho, hasta el comandante Mauricio Macri reconoció que mantendría el carácter estatal de YPF de ser elegido presidente en 2015).

En una economía capitalista como la nuestra, el crecimiento depende de la inversión que realicen los capitalistas. No tenemos espacio aquí para analizar el papel que juega la inversión estatal, pero basta decir que tiene la función de remover los obstáculos que se le presentan al capital (por ejemplo, la construcción de grandes obras de infraestructura es llevada a cabo por el Estado). Los empresarios invierten en función de la perspectiva de obtener ganancias. Sin petróleo y gas baratos, muchas actividades económicas pierden competitividad frente a la producción de otros países, el margen de ganancia se diluye y dejan de ser atractivas para los empresarios. Si el Estado, y por eso es importante el punto de vista de clase al que aludía nuestra caracterización del capitalismo, representa los intereses de la clase dominante, es evidente que tiene que ocuparse de asegurar la provisión de petróleo y gas para los capitalistas.

En las condiciones actuales, la "soberanía energética" no significa otra cosa que el traspaso  desde el ámbito de las empresas privadas hacia el Estado de la obligación de proporcionar petróleo y gas baratos ((o, si se prefiere, el "blanqueo" de la obligación estatal). Hasta el momento (y desde la privatización de YPF en 1992), eran las petroleras privadas quienes se encargaban de esa tarea. A esta altura del partido es una obviedad decir que lo hacían mal y que el Estado se veía forzado a subsidiarlas. En criollo, el Estado estaba obligado a transferir recursos hacia las compañias petroleras que operan en el país (por medio de subsidios varios) o hacia las compañias petroleras de otros países (vía importaciones). 

Basta leer los considerandos del Decreto 530/12, que establece la intervención de YPF por el Estado, para tener un somero panorama de la conducta de Repsol. Es verdad que los redactores de dichos considerandos tienen interés en cargar las tintas sobre Repsol para justificar la expropiación; pero también es cierto que se trata de testigos directos de la actuación de la petrolera afincada en España, pues el peronismo alabó la actuación de la compañía entre 1992 y 2011 (todos los balances de YPF SA fueron aceptador por el representante del Estado en el directorio de la empresa). En esta historia llena de paradojas se da el caso de que cada vez que el gobierno acusa a Repsol, se está acusando a sí mismo. 

En los considerandos se califica del siguiente modo la actuación de Repsol: "el proceder de la empresa se encontró guiado por una lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindero con la especulación y que se tradujo en el vaciamiento progresivo de la principal empresa de nuestro país". Un poco más adelante se usa un lenguaje todavía más fuerte y se habla de "política depredatoria llevada adelante por el principal accionista". Ahora bien, está claro que el peronismo, y vamos a ser generosos, toleró dicha política depredatoria. Hasta 2011 inclusive no hubo ningun signo de fervor patriótico en las filas del partido de gobierno en lo que hace a la actitud frente a Repsol. ¿Qué es, entonces, lo que cambió en 2012?

Dos factores confluyeron en el proyecto de expropiación llevado adelante por el gobierno. En primer lugar, la "política depredatoria" de Repsol y las demás compañías petroleras que actúan en el país, trajo como consecuencia la crisis energética. Entre 1998 y 2010 las reservas de combustible del país cayeron un 18%. Ante la caída de las reservas, la perspectiva era de aumento de los precios del petróleo y del gas. El gobierno, conciente de la importancia vital del combustible para mantener el crecimiento económico, optó por subsidiar a los empresarios petroleros a los que tanto les preocupaba el país (por ejemplo, planes Petróleo Plus, Refino Plus, Gas Plus) y por importar petróleo y gas. En otras palabras, el Estado transfirió recursos hacia los empresarios petroleros tipo Repsol y hacia las compañías petroleras de otros países, pero siguió sin decir una palabra sobre la "soberanía energética". 

En segundo lugar, la transferencia de recursos desde el Estado hacia las petroleras alcanzó su límite en 2011. En ese año, el fisco debió destinar 9000 millones de dólares para la importación de combustibles. En 2012, se calcula que esa cifra sería superada. El problema no fue el descubrimiento del patriotismo por los funcionarios del gobienro kirchnerista, sino la crisis de las finanzas públicas. En pocas palabras, el Estado no podía seguir financiando la importación de combustibles sin que sus cuentas entraran en rojo. Para que se entienda mejor, el superávit comercial de la Argentina durante el periódo 2003-2009 osciló entre los 12000 y los 18000 millones de dólares anuales. La cuenta de la importación de combustibles anulaba la mayor parte de ese superávit y comenzaba a poner en riesgo la solvencia estatal. Repsol era conciente de esto, y su política de transferencia acelerada de utilidades en los últimos años está relacionada con la convicción de que su negocio en Argentina estaba agotado (de hecho, el CEO de Repsol, don Brufau, había entablado negociaciones con China para desprenderse de YPF).

Lejos de ser el resultado de la profundización de un "proceso de liberación", la expropiación de YPF es un intento, bastante tardío, de resolver el agujero fiscal generado por la política energética de los gobiernos peronistas entre 1992 y 2012. En los hechos, la salida de Repsol será cubierta por otras petroleras, puesto que el Estado argentino no está en condiciones de realizar las inversiones necesarias para descubrir nuevos yacimientos de petróleo y de gas y resolver así el agotamiento de las reservas. Veamos esto con un poco más de detalle.

El problema reside en que el Estado tiene que pagar tres "facturas" en el área de combustibles: a) las importaciones de petróleo y gas, que seguirán este año en los niveles del año pasado (o, incluso, ascenderán), dado que, por más "patriotas" que seamos y en el mejor de los escenarios posibles, pasará mucho tiempo hasta que YPF pueda aumentar su capacidad de extracción; b) la compra de las acciones de Repsol; c) las inversiones destinadas a la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y gas. La factura a) es impostegable, pues contar con menos combustible implica un menor nivel de actividad económica. La factura b) se pagará a los premios, porque el valor de compra por el Estado de las acciones de Repsol se resolverá por vía judicial y eso lleva tiempo. La factura c) se ha vuelto urgente, por la necesidad de recomponer las reservas. Pero su monto es muy grande. Los especialistas estiman que solamente para desarrollar la explotación del yacimiento de gas de Vaca Muerta (provincia de Neuquén) es preciso invertir 5000 millones de dólares anuales. Esto equivale al 57% de las importaciones de combustibles durante 2011. 

¿Cómo hará el Estado para afrontar estas inversiones si el motivo de la expropiación fue, justamente, la imposibilidad de hacer frente al pago de la factura por las importaciones? Dado este contexto, es claro que se recurrirá a otros jugadores (ya sea nacionales o extranjeros). Es decir que la expropiación se plasmará en el reemplazo de Repsol por otras empresas, tan preocupadas por maximizar su rentabilidad como la compañía española. ¿Qué garantiza que no se repetirá el grado de rapiña realizado por Repsol? Los neo patriotas sostiene que el 51% de control del paquete accionario por el Estado es esa garantía. Sin embargo, cabe decir que se trata del mismo Estado que impulsó la llegada de Repsol a YPF y que no hizo nada por evitar la depredación de los recursos energéticos por parte de la compañía española. 

En síntesis, la expropiación de YPF supone el reemplazo de Repsol por otras compañías y el reconocimiento de parte del Estado de que una de sus funciones esenciales es proporcionar petróleo y gas barato para que los capitalistas de las distintas ramas de la producción puedan mantener su nivel de ganancia. El Estado, lejos de ser el representante de los intereses de "todos" (o de toda la sociedad), se presenta como el representante de los intereses generales de la clase capitalista. Pero esto último será el tema del siguiente artículo.

Mataderos, domingo 22 de abril de 2012

ZONCERAS ARGENTINAS: LA EXPROPIACIÓN DE YPF (I)

 "La unica verdad es la realidad"

Juan Domingo Perón

"Las ideas de la clase dominante son 

las ideas dominantes en cada época."

Karl Marx

Hay palabras cuya sola mención despierta en quien las escucha sentimientos y pasiones especialmente intensos. Este es el caso de sustantivos como "soberanía", "independencia", o adjetivos como "nacional", "popular". Su profusa utilización, su ubicación estratégica en una discusión, tiene, en muchos casos, el objetivo de cerrarle la boca al adversario, pues sólo un loco o un cipayo se atrevería a estar en contra de medidas que promueven la "independencia" del pais o que tienen carácter "nacional y popular". ¿Qué este procedimiento es deshonesto? Más vale, pero estamos hablando de política, y en política, como en el fútbol, suelen valer más los triunfos que los medios empleados para obtener esos triunfos.

Ante el anuncio hecho por el gobierno de Cristina Fernández de la expropiación de la gran mayoría de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol, se ha hecho uso y abuso del procedimiento indicado en el párrafo anterior. No es que la medida haya provocado una fuerte oposición. Todo lo contrario. El entusiasmo provocado por las palabras embriagó a quienes las pronunciaban.

Gobernadores acostumbrados a hacer genuflexiones diarias tanto ante los poderes terrenales (y no me refiero precisamente a la voluntad popular) como frente a los poderes divinos (pienso, por ejemplo, en el valiente gobernador de Salta, Urtubey, y la santa madre iglesia), sintieron de golpe el toque de la historia y se lanzaron de lleno al terreno de la epopeya. 

Funcionarios acostumbrados a compartir desayunos, almuerzos y cenas con los directivos de Repsol, decidieron patrióticamente cambiar de menú y pasarse al bando de los cocineros argentinos.

Senadores y diputados, cuya amplitud ideológica sólo se iguala a su habilidad para adaptarse a los hábitats cambiantes de la política nacional, pasaron a aplaudir el "modelo de desarrollo económico con inclusión", luego de su fervor juvenil por la "economía social de mercado".

Por supuesto, ninguna de estas conductas merece nuestro reproche. La correlación de fuerzas desfavorable, la vocación de servicio, el aprendizaje por ensayo y error, el espíritu de sacrificio, la construcción de poder, la ingesta de sapos, los vericuetos de la práctica transformadora, la causa nacional y popular que persiste más allá de las mujeres y hombres que negocian y se embarran, todo ello (y mucho más) sirve para justificar la conducta de nuestros próceres modernos. Además, ellos, que están libres de la vanidad de la falsa modestia, se encargan de recordarnos a diario sus muchos méritos en las gestas pasadas, presentes y futuras.

Para dar mayor lustre a las hazañas de nuestros héroes hemos decidido hacer un poco de historia. Es cierto que los hechos narrados pueden parecer grotescos para algunos lectores poco sensibles ante los sacrificios patrióticos, pero nadie puede dudar de que todos los actores que intervienen aquí están plagados de buenas intenciones. 

En 1989 la hiperinflación terminó por demoler al gobierno de Alfonsín. No era un momento para tibios. El PJ, encabezado por el entonces flamante presidente y actual senador por la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, decidió aplicar una política neoliberal basada en las privatizaciones de las empresas públicas, la apertura de la economía (que pulverizó a buena parte de la industria nacional), la flexibilización laboral y el endeudamiento externo. Esta política fue la respuesta a una relación de fuerzas desfavorable, que exigía coraje patriótico (léase vender por chirolas el patrimonio estatal). La privatización de YPF fue uno de los platos fuertes de esta política. El acto de valentía del por entonces presidente Menem tuvo efectos devastadores para el país: pueblos, ciudades y regiones enteras vieron desaparecer la principal fuente de actividad económica (como fue el caso de Tartagal, Cutral-Có, etc.). La empresa fue vendida a precio vil , para el regocijo de los bolsillos de las empresas a quienes les interesaba el (patrimonio) del país.

La magnitud del desastre no amilanó a nuestros héroes. Es en las situaciones de peligro cuando se ve la madera de que están hechos los hombres. En su segunda presidencia, Menem decidió profundizar el modelo y en 1998 se vendió la mayor parte del remanente de acciones de la empresa que quedaban en manos del Estado; Repsol pasó a controlar plenamente la empresa. Liberada de la ineficiencia estatal, YPF era ahora una empresa moderna.

La crisis de 2001, el descalabro subsiguiente y la recuperación posterior no modificaron la actitud de los patriotas (de los antiguos y de los modernos). Repsol siguió prosperando bajo las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, quienes habían formando en las filas de los que habían apoyado el acto de coraje del presidente Menem al privatizar YPF. Es posible que tanto Néstor como Cristina hayan estado profundamente en desacuerdo con la política del presidente Menem durante los '90; de ser así, durante esa década ambos protagonizaron una epopeya silenciosa. Nada dijeron ni hicieron en contra de la privatización. Pero no existe razón para dudar de su identificación con lo nacional y popular.

A mediados de la primera década del siglo XXI, en medio de un proceso de fuerte crecimiento económico, los patriotas decidieron que era el momento de darle una oportunidad a la "burguesía nacional". A finales de 2007, el grupo Petersen, liderado por el empresario argentino Enrique Eskenazi, "compró" el 14,9% del paquete accionario de YPF SA. La palabra compró está entrecomillada porque el grupo no puso un peso propio en la compra, sino que hizo la operación por medio de un préstamo que le hizo Repsol sobre dividendos futuros. Aquí la gesta adquiere perfiles tragicómicos. El grupo Petersen, supuesto representante de la supuesta "burguesía nacional", que supuestamente iba a dinamizar la producción de la empresa, dada su preocupación por el interés nacional, debutó en la empresa corriendo riesgo cero. ¡Pavada de emprendedorismo! Pero no podemos dudar de las patrióticas intenciones de Néstor y Cristina, que fogonearon el ingreso de dicho grupo en la empresa.

Como era de suponerse, el grotesco de Eskenazi no modificó un ápice la conducta cada vez más rapiñera de Repsol. A pesar de ello, la empresa seguía siendo elogiada por las autoridades (de la presidenta para abajo). 


Por el momento dejamos  en suspenso la continuidad de esta nota. Pero antes cabe hacer un breve comentario. Si algo queda de toda esta historia, es que resulta improcedente hablar de patriotismo, de gestas y otras yerbas en esta cuestión de YPF. No se trata de un prejuicio nuestro, sino de la evaluación de la conducta misma de los actores del sainete. Patriotas que en un momento votaron la privatización de la empresa y en otro momento decidieron expropiar a la empresa que ganó la privatización pueden ser muchas cosas, pero no son seres que actúan por impulsos patrióticos ni nada por el estilo. Si así lo fuera, sus convicciones serían extremadamente volubles. A nuestro entender, las causas de la actual expropiación tienen que ser buscadas en otro lado.


Carlos Saúl Menem, presidente cuando YPF fue privatizada y actual senador por la provincia de La Rioja, ¿votará a favor de la expropiación? De ser así, ¿será nuestro nuevo prócer, con un lugar asegurado en el panteón de los patriotas latinoamericanos? En todo caso, su voto afirmativo sería un acto de justicia poética.

Buenos Aires, miércoles 18 de abril de 2012

ESTADO, BURGUESÍA NACIONAL E YPF: COMENTARIOS A UNA NOTA DE EDUARDO ALIVERTI

Eduardo Aliverti, en un artículo publicado en Página/12 (1), expresa de manera particularmente aguda una serie de ideas que forman parte del sentido común del "kirchnerismo" sobre el Estado. Es por eso que creo conveniente hacer unas breves reflexiones sobre las mismas.

El señor Aliverti plantea el problema de qué hacer con YPF (la compañía petrolera que perteneció al Estado nacional antes de ser privatizada por el peronismo menemista), cuestión que ocupa un lugar central en la agenda política del gobierno de Cristina Fernández. Y lo hace desde una óptica "progresista", es decir, adoptando un punto de vista que difiere del neoliberalismo en boga durante la década del '90 del siglo pasado. Dado que YPF (y el déficit generado por las importaciones de combustibles destinadas a paliar la caída de la producción de dicha empresa) es un problema concreto, el análisis de Aliverti presenta interés, porque, como dice el dicho, "en  la cancha se ven los pingos". Ante los problemas concretos, hay poco espacio para el discurso vacío.

Aliverti comienza reconociendo del fracaso de la política del "kirchnerismo" en el sector energético. Según su opinión, dicho fracaso consta de dos momentos.

En primer lugar, Aliverti reprocha al "kirchnerismo" el haber mantenido "el manejo privado en áreas sensibles del encadenamiento productivo". Deja de lado, por cierto, el hecho de que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández apoyaron la privatización de la empresa durante la década del peronismo menemista. Es posible que esto sea una minucia para el señor Aliverti, pero creo que corresponde mencionarlo, porque sirve para explicar el sentido político del "error" de haber mantenido el manejo de un sector "estratégico" en manos privadas. Dicho en otros términos, los Kirchner (como lo hizo casi todo el peronismo en los '90) avalaron el proceso de privatización de la empresa y se beneficiaron, en tanto provincia petrolera, de las regalías pagadas por Repsol-YPF. Aliverti reconoce (en una muestra de candor) que el problema consiste en que "la lógica legítima de una compañía privada es maximizar ganancias e invertir de acuerdo con una tasa de retorno económico-financiera. Y en consecuencia, exigen un precio acorde con la utilidad esperada." No tengo ninguna duda de que el señor Aliverti sabe que esto es, ni más ni menos, que el comportamiento de una empresa capitalista, y no hay ningún derecho para reprocharle a los señores empresarios este tipo de conductas. Ahora bien, cuando muchos dirigentes del campo nacional y popular (incluyendo a Néstor y a Cristina) aprobaron y/o aceptaron calladamente la privatización de YPF, sabían que este era el comportamiento "legítimo" de las empresas. Entonces, ¿qué  sentido tiene plantear en 2012 el descubrimiento de la pólvora?

En segundo lugar, Aliverti sostiene que fue un error haber confiado en la llamada "burguesía nacional" para resolver el problema: " El grupo Eskenazi falló en YPF (...) la conducta de la burguesía nacional –fugadora serial de capitales– no se modifica con voluntarismo político." Ahora bien, esta apuesta por la "burguesía nacional" fue realizada por el ya mítico Néstor Kirchner (mítico en el sentido de que sus partidarios se han empecinado tanto en modificar su figura que ya resulta difícil dar con el original), siguiendo en este punto la vieja idea del peronismo acerca de las virtudes "fabulosas" del empresariado "nacional". La pregunta que corresponde hacer es, ¿por qué la burguesía nacional estaría obligada a seguir una "lógica" diferente a la del resto de los capitalistas? Curiosamente, Aliverti, un fervoroso partidario de la política "kirchnerista", contesta diciendo que la conducta de los Eskenazi (podríamos agregar los Cirigliano - TBA - y tantos otros) ha sido la esperable, esto es, la "lógica legítima" del empresario capitalista que sabe que, más allá de su carácter nacional o extranjero, debe obtener una ganancia o dejar de ser empresario. Este imperativo está por encima de cualquier otra consideración. Todo el lamento acerca de la falta de "sentido nacional" del empresariado se basa en ignorar los principios que rigen el comportamiento de los empresarios. La trayectoria de YPF luego de la incorporación del grupo Eskenazi muestra la validez de este viejo precepto.

Todo lo anterior deja en pie el problema de qué hacer con YPF. Independientemente de sus errores pasados, el "kirchnerismo" tiene que hacer algo con YPF en particular, y con el sector energético en particular, dado que la sangría de divisas para importar combustibles se ha transformado en un dolor de cabeza para la política económica. Sin energía, la actividad económica se desacelera y esto va en contra de los intereses de la clase capitalista en su conjunto, pues ¿cómo sostener la "lógica legítima de una compañía privada" si no se pueden producir mercancías para vender y realizar así la ganancia?

Si los empresarios "nacionales" carecen de "vocación nacional", ¿qué hacer con YPF? La crisis energética no se soluciona con lamentos. 

El señor Aliverti resuelve la cuestión apelando a la intervención estatal. Puesto que tanto la privatización como la incorporación de la "burguesía nacional" han fracasado, nada mejor que el Estado para poner remedio a la situación: "sólo con un Estado activo, estableciendo límites, puede cambiársela [se refiere a la conducta de la "burguesía nacional"]". En otras palabras, el Estado tiene que hacerse cargo de la empresa (el señor Aliverti se cuida de indicar cuál es el mejor camino para ello). Dicho de otro modo, el Estado tiene que servir como andador de la "burguesía nacional" o, para ser más precisos, el Estado tiene que promover por todos los medios posibles la acumulación de capital. ¿Hay algo nuevo en esto? De ninguna manera. Sin embargo, el señor Aliverti presenta esto como si se tratara de una revolución del pensamiento: "El tiempo “noventista” –y un poco para atrás, y otro poco hacia delante– en que la batalla cultural, por la construcción de sentidos y por tanto de conciencia popular, semejaba haber quedado en manos definitivas de la derecha. Ese tiempo de verdades presuntamente reveladas, incontrastables, según las cuales unos muy pocos sabían de mucho y los muchos se consideraban apartados de todo juicio crítico, porque los otros tenían la exclusividad de dar cátedra desde los medios del relato único. Se acabó, por fin. Las versiones de derecha ya no convencen caminando, al cabo o en medio de los atropellos, torpezas y desatinos que produjeron aquí y en el mundo." Así, la versión propuesta por el señor Aliverti no es, según sus dichos, una concepción de derecha. Se trata, en cambio, de una posición "progresista". En este punto, conviene precisar en qué consiste la concepción del "progresista" Aliverti sobre el Estado.

El "progresismo" propone redefinir la función del Estado en la sociedad capitalista. "El dilema es cómo contrariar, en la acción de un modelo o proyecto que se pretendería soberano, nacional, popular, liberador (palabra esta última con la que también es necesario vencer prejuicios), el precepto de que el Estado es la organización autoinstituida por la clase dominante para sojuzgar al resto." Ya no se trata, como dicen los marxistas, de que Estado defienda los intereses de las clases dominantes. Tampoco corresponde hablar de explotación de los trabajadores y sectores populares por los capitalistas. Estas ideas tienen que ser rechazadas desde el momento en que Aliverti reconoce la "legitimidad" del capitalismo. El capitalismo es la realidad eterna e inmutable, y los aspectos penosos de la misma tienen que ser corregidos por el Estado, que representa los intereses del conjunto (o los intereses "nacionales", para usar un término más caro a muchos militantes "kirchneristas"). En el caso concreto de YPF, el "progresismo" propone corregir el problema estableciendo desde el Estado el carácter "estratégico" de los recursos petrolíferos.

Como quiera que sea, ¿para quiénes son "estratégicos" el petróleo y el gas? Dado que nuestra economía es capitalista y que tanto el "kirchnerismo" como el señor Aliverti no tienen planes para que cambie nuestro sistema social, dichos recursos son "estratégicos" en función de la acumulación de capital. Si bien esto puede sonar desagradable, dado el peso que tienen las consignas nacionalistas entre muchos militantes populares, es forzoso decir que la modificación de la situación de YPF (léase mejorar la situación de crisis energética) se ha vuelto un imperativo para el capitalismo argentino. Y decir capitalismo argentino no es lo mismo que decir trabajadores y sectores populares.

El señor Aliverti no puede aceptar la formulación del párrafo anterior, pues implicaría reconocer la validez de la tesis marxista sobre el carácter de clase del Estado. En su opinión, el Estado (este Estado) es una herramienta para la puesta en marcha de un proceso "liberador", encarnado en la actualidad en el "kirchnerismo". Frente a esta afirmación pueden hacerse dos comentarios. Por un lado, el Estado real forma una unidad con el funcionamiento de la producción capitalista. Así, por ejemplo, su financiamiento depende del mantenimiento (y expansión) de los niveles de la actividad económica, actividad que responde a la lógica del empresario capitalista. El señor Aliverti nos presenta, en cambio, dos compartimentos separados: de un lado, las empresas, con su lógica orientada a la maximización de ganancias; del otro lado, el Estado, capaz de liderar un proceso de transformación (y de liberación, como indica el propio Aliverti) favorable a los intereses populares. En el fondo, Aliverti piensa al Estado como un instrumento neutral, cuya actuación depende de las fuerzas sociales que lo controlen. De este modo, si el Estado es controlado por los empresarios, tendremos un Estado neoliberal; en cambio, si son los sectores populares quienes tienen el control, tendremos un Estado nacional y popular. Pero esta concepción ignora el hecho de que la estructura del Estado está moldeada en función del capitalismo, de la lógica del capital. De modo que el Estado NUNCA ES NEUTRAL en términos de capitalismo. A esta altura resulta de utilidad recordar que el Estado moderno, guste o no, es creación de la burguesía.


Por otro lado, el capitalismo es una forma de organización social en la que impera la competencia, tanto entre los trabajadores como entre la burguesía. La lógica de la empresa capitalista, llevada al extremo, conduce a la crisis, dado que cada empresa privilegia su propio interés por sobre el del conjunto de la clase capitalista. En este sentido, el Estado opera como una especie de capitalista colectivo, que tiene presente los intereses del conjunto capitalista y que tiende, por tanto, a mellar los efectos más nocivos de la competencia entre capitalistas. Así, por ejemplo, el Estado establece los sistemas de educación pública y de seguridad social, porque si dichos temas quedaran librados a la voracidad de los empresarios (nacionales o extranjeros), en poco tiempo no quedaría clase trabajadora que explotar. El señor Aliverti pasa por alto esta función, y cree que el Estado regula a la sociedad en la medida en que representa a los intereses de TODOS. Ese todo es, cuanto menos, problemático, puesto que la sociedad capitalista es una sociedad desigual, con clases sociales que ocupan diferentes posiciones en el proceso productivo y que, por tanto, tienen desigual poder en la sociedad. Pero el "progresismo" se define, precisamente, por ignorar la existencia de las clases sociales. Sólo así puede entenderse que el "progresismo" conciba a una posible reestatización de YPF como un paso en la "liberación social".

La situación de crisis energética constituye un problema central para el capitalismo argentino, en la medida en que pone en riesgo la continuidad del crecimiento económico. Esto es lo que está en juego. Plantear la posible reestatización de YPF (o cualquier otro mecanismo alternativo) como un paso en la "liberación nacional" implica ignorar el papel del Estado en la economía capitalista en general, y en la economía argentina en particular. 


Por último. Al lector que piense que está frente a una defensa velada de la privatización de YPF o de la propiedad privada de las empresas le recomiendo prestar atención al contenido de la nota. Los prejuicios pueden ser tanto neoliberales como "progresistas", pero no por eso dejan de ser prejuicios.

Buenos Aires, viernes 6 de abril de 2012

NOTAS:

(1) Ver la nota completa en http://www.pagina12.com.ar/diario/econohmia/2-191268-2012-04-06.html