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martes, 29 de noviembre de 2011

GRAMSCI Y LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917: COMENTARIOS AL ARTÍCULO "LA REVOLUCIÓN CONTRA 'EL CAPITAL'" (1918)

Antonio Gramsci (1891-1937) fue toda su vida un marxista revolucionario; como tal, siempre reconoció la existencia de la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores, así como también la necesidad de que los trabajadores construyeran una organización política autónoma, capaz de enfrentar con éxito al Estado capitalista. Casi podríamos escribir que era un “primitivo”, que todavía no había llegado al conocimiento de que entre empresarios y trabajadores existe una armonía invisible. Sin embargo, todo llega en este mundo. El marxista revolucionario Gramsci, andando los años, fue transformado en un “revolucionario cultural” para quien la lucha de clases era tabú. Gramsci, cuya intransigencia frente al Estado burgués lo llevó a la cárcel, pasó a ser un defensor del uso del Estado para obtener reformas (y algunos buenos empleos, dicho sea de paso). ¿Cómo pudo suceder este “milagro”? En artículos posteriores iremos contando algunos pasajes de esta alquimia invertida, que hizo del oro plomo. En este momento nos parece más relevante rescatar del olvido al Gramsci revolucionario, sepultado tras los escritos y discursos de los académicos y de los reformistas.

Un punto tiene que quedar claro desde el principio. Reivindicar al Gramsci revolucionario frente a los “revolucionarios culturales” no significa santificarlo ni convertirlo en un teórico y político infalible. De ninguna manera. Si se intenta retomar a un clásico es preciso, ante todo, comenzar por discutir cada una de sus afirmaciones, someter sus textos y sus acciones a una crítica constante. Sólo así se muestra respeto hacia los clásicos.

Para empezar esta relectura de Gramsci hemos optado por comenzar con sus artículos sobre la Revolución Rusa de 1917. Hay que decir, ante todo, que Gramsci se encolumnó desde el primer momento entre los defensores de los bolcheviques, frente a quienes sostenían que la “correlación de fuerzas era desfavorable” o que Rusia no estaba preparada para el socialismo.

En enero de 1918 Gramsci publicó en IL GRIDO DEL POPOLO (órgano del Partido Socialista Italiano) su artículo “La revolución contra «El capital». (1) En este texto se encuentran expuestas tanto sus ideas juveniles sobre el marxismo como su concepción sobre la Revolución Rusa.

Es un artículo provocador, nada complaciente con los puntos de vista admitidos por los socialistas de la II Internacional. La provocación comienza en el título mismo. ¿Qué sentido tiene la caracterización de “la revolución contra «El capital»”?

De ningún modo cabe pensar que Gramsci está expresando una renuncia a los principios del socialismo revolucionario, aceptando en su formulación el punto de vista de los reformistas, quienes pensaban que la Revolución bolchevique era un error histórico, pues Rusia carecía de las condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo, esto es, una industria fuerte y un proletariado industrial numeroso y educado. Al contrario, Gramsci veía en la Revolución liderada por los bolcheviques la respuesta finalmente encontrada al problema de cómo romper la hegemonía del reformismo y del oportunismo en el movimiento socialista. Gramsci se había opuesto desde el principio a la participación italiana en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y había defendido durante la guerra los principios del socialismo revolucionario, afirmando que sólo mediante la revolución los trabajadores podrían obtener un final de la guerra que les resultara beneficiosa. Estos puntos de vista acercaban a Gramsci a las posiciones defendidas por Lenin (1870-1924) durante la contienda.

Gramsci expone así el sentido del título. “[La Revolución de los bolcheviques] es la revolución contra El Capital, de Carlos Marx. El Capital, de Marx, era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la fatal necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una Era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental, antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han superado las ideologías. Los hechos han provocado la explosión de los esquemas críticos en cuyo marco la Historia de Rusia habría tenido que desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Los bolcheviques reniegan de Carlos Marx, afirman con el testimonio de la acción cumplida, de las conquistas realizadas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se ha creído.” (p. 34)

Gramsci dirige su crítica contra los socialistas de la II Internacional, quienes habían optado por seguir a sus gobiernos nacionales en la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial (1914-1918), antes que adoptar un camino revolucionario. Para estos socialistas la teoría de Marx era un dogma multiuso, que servía tanto para justificar la participación en la guerra imperialista, la política colonial, las alianzas con los partidos de la burguesía. Pero, sobre todo, la teoría de Marx era empleada, paradójicamente, como una herramienta contra la Revolución. Así, estos socialistas consideraban que la conquista del poder por los trabajadores sólo sería posible cuando estuvieran dadas las condiciones, cuando la educación socialista de las masas estuviera completa, cuando las instituciones de la sociedad civil pasaran a manos de los socialistas. Por supuesto, todo esto en el marco del desarrollo de las fuerzas productivas, pues para estos socialistas era impensable una revolución en un país atrasado o colonial.

“La revolución contra El Capital” debe entenderse, por tanto, como la revolución contra el marxismo dominante en la II Internacional. Sin embargo, Gramsci, en su afán de combatir el reformismo termina metiendo un poco a Marx en la misma bolsa. En parte, Gramsci es consciente de ello; así, más adelante escribe: “si los bolcheviques reniegan de algunas afirmaciones de El Capital, no reniegan, en cambio, de su pensamiento inmanente, vivificador. No son «marxistas», y eso es todo; no han levantado sobre las obras del maestro una exterior doctrina de afirmaciones dogmáticas e indiscutibles. Viven el pensamiento marxista, el que nunca muere” (p. 34-35)

¿Cómo concebía Gramsci al marxismo en 1918?

En primer lugar, pensaba que el marxismo “es la continuación del pensamiento idealista italiano y alemán, y que en Marx se había contaminado con incrustaciones positivistas y naturalistas” (p. 35). En segundo lugar, sostenía que el pensamiento marxista “no sitúa nunca como factor máximo de la historia los hechos económicos en bruto, sino siempre el hombre, la sociedad de los hombres, de los hombres que se reúnen, se comprenden, desarrollan a través de esos contactos (cultura) una voluntad social, colectiva, y entienden los hechos económicos, los juzgan y los adaptan a su voluntad hasta que ésta se convierte en motor de la economía, en plasmadora de la realidad objetiva, la cual vive entonces, se mueve y toma el carácter de materia telúrica en ebullición, canalizable por donde la voluntad lo desee, y como la voluntad lo desee.” (p. 35).

Se ha dicho muchas veces que aquél que enfrenta a un enemigo termina por parecérsele. Algo de esto le sucede a Gramsci en su lucha contra los socialistas de la II Internacional. Hay que insistir en que se trataba de socialistas que habían apoyado una de las peores matanzas de la historia (la guerra mundial) y que, por tanto, toda crítica dirigida contra ellos resultaba escasa. Esto permite comprender el ánimo de los socialistas revolucionarios como Gramsci. Sin embargo, Gramsci termina incorporando algunos elementos del pensamiento de los socialistas de la II Internacional acerca del marxismo. Vayamos por partes.

Como hemos visto, Gramsci afirma que el marxismo es la continuación del pensamiento idealista alemán e italiano. Más allá de la mayor o menor certeza de esta afirmación (y de su toque de localismo al incluir a los italianos), hay que decir que dicha afirmación deja fuera algunas de las influencias fundamentales en los orígenes de la teoría social de Marx. En primer término, omite a la economía política, cuyo influjo fue para Marx especialmente estimulante en lo que hace a prestar atención al proceso de producción como un elemento fundamental para entender la organización social. En segundo lugar, deja de lado al influjo que ejerció la crítica de la experiencia de la Revolución Francesa en la constitución del pensamiento político de Marx. En tercer lugar, quita de la escena el papel determinante que jugó el desarrollo del movimiento obrero en el acercamiento de Marx al socialismo y en su caracterización de la democracia. Tal como está planteada, la formulación de Gramsci encierra a Marx en el formato de la filosofía, cosa que está muy lejos de las intenciones y los planteos de éste último.

Gramsci acepta la pertinencia de una concepción reduccionista de la teoría de Marx, que concibe que el núcleo del marxismo se encuentra en el proceso de producción entendido en términos exclusivamente económicos. En otras palabras, el marxismo es concebido como la teoría que sostiene que la explicación última de todo proceso social debe buscarse en la economía. Gramsci compra aquí la interpretación de los teóricos de la II Internacional, que construyeron un Marx a imagen y semejanza de sus necesidades políticas.

Por último, Gramsci también reconoce implícitamente la validez de la atribución a Marx de una concepción etapista y lineal del proceso histórico, atribución realizada por los principales dirigentes de la II Internacional. Según esta tesis, la historia repite en todos los países las mismas etapas. De este modo, al esclavismo le sigue necesariamente el feudalismo y al feudalismo el capitalismo, sin que sea imposible saltar etapas o modificar el orden “natural” del desarrollo histórico. Era justamente esta concepción la que justificaba el cuestionamiento de la Revolución Rusa por los socialistas reformistas, pues éstos sostenían que el socialismo sólo era posible a partir de un desarrollo fenomenal de las fuerzas productivas, cosa que no había sucedido en Rusia. Según ellos, el socialismo se daría primero en los países capitalistas centrales, y de allí se expandiría a la periferia. Ahora bien, y a pesar de que pueden aducirse escritos de Marx que parecen postular una concepción lineal del proceso histórico, un examen de conjunto de la obra de Marx muestra que éste era refractario a la teleología y al finalismo en la historia. No estamos haciendo referencia aquí a textos que se publicaron bien entrado el siglo XX y que, por tanto, estaban fuera del alcance de Gramsci (como las cartas entre Marx y la militante rusa Vera Zasúlich), sino que tenemos en mente el Libro Primero de El Capital, que contiene numerosas indicaciones en las que se refuta la concepción lineal de la historia.

Lo expuesto en los párrafos anteriores no quita mérito al artículo de Gramsci, quien defiende a la Revolución bolchevique de los ataques del socialismo reformista. La lectura de su posición resulta interesante, además, frente a la multitud de análisis post facto sobre la Revolución Rusa, cuyos autores, muchos años después de la Revolución y con los resultados puestos, esbozan una mirada burlona y dicen: “¡Qué tipos ingenuos los bolcheviques! ¡Cómo se les ocurría pensar en el socialismo en Rusia en 1917!” Gramsci, con buen tino y sin tener a manos los “diarios del lunes”, escribe:”El capitalismo no podría hacer inmediatamente en Rusia más de lo que podrá hacer el colectivismo. Y hoy haría mucho menos que el colectivismo, porque tendría en seguida contra él un proletariado descontento, frenético, incapaz ya de soportar en beneficio de otros los dolores y las amarguras que acarrearía la mala situación económica. Incluso desde un punto de vista humano absoluto tiene su justificación el socialismo en Rusia.” (p. 37).

Gramsci, a despecho de sus intérpretes modernos, nuevos y novísimos, consideraba que la Revolución, entendida como conquista del poder político por los trabajadores, era el camino a seguir por los socialistas. The rest is silent.

Buenos Aires, martes 29 de noviembre de 2011

NOTAS:

(1) Todas las citas del texto han sido tomadas de la traducción española de Manuel Sacristán: Gramsci, Antonio. (2011). Antología. Buenos Aires: Siglo XXI. (34-37). El artículo está disponible en formato electrónico en: http://www.marxists.org/espanol/gramsci/nov1917.htm

jueves, 24 de noviembre de 2011

RESEÑA: BASUALDO, VICTORIA. (2010). "LOS DELEGADOS Y LAS COMISIONES INTERNAS EN LA HISTORIA ARGENTINA: 1943-2007". (1)

El artículo de Victoria Basualdo (2), "Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: 1943-2007" tiene un origen académico, pues es producto de la tesis doctoral de la autora, titulada "Labor and structural change: Shop-Floor organization and militancy in Argentina industrial factories, 1943-1983". Esta tesis fue defendida ante el Departamento de Historia de Columbia University (New York) en diciembre de 2009. La tesis mencionada sirvió de base a la autora para redactar el artículo que reseñamos en esta oportunidad.

Basualdo aborda en este largo artículo un tema de importancia fundamental tanto para la construcción de una política obrera autónoma como para la formulación de una teoría del poder y en la sociedad capitalista.

El capitalismo se caracteriza, en tanto forma particular de organización social, por el hecho de que los trabajadores son libres de toda forma de dependencia personal (es decir, que no son esclavos ni siervos en términos jurídicos). Es por ello que en nuestra sociedad los trabajadores van a trabajar forzados por la coerción impersonal pero inexorable de la necesidad económica (sin dinero en el bolsillo no se puede adquirir ninguna de las mercancías necesarias para vivir). En otras palabras, el trabajador asalariado es libre desde el punto de vista del derecho, pero se encuentra encadenado por las leyes de la producción capitalista. Esto determina que la estructura política de la sociedad capitalista sea radicalmente diferente a la de las formas sociales que la precedieron. Así, el capitalismo se caracteriza por una división entre el ámbito político, en el que todos los ciudadanos son iguales, y el ámbito de la sociedad civil, en el que impera la desigualdad originada en la propiedad privada de los medios de producción.

Lo expuesto en el párrafo precedente permite comprender por qué la clase capitalista puede permitir la existencia de formas democráticas en el plano de la sociedad política. En efecto, para la burguesía el régimen democrático de gobierno funciona como una formidable herramienta mistificadora, pues permite ocultar el hecho crucial de que en el lugar de trabajo reina la dictadura del capital.

Si el esquema presentado en el párrafo anterior es correcto, se comprende que la burguesía tenga un profundo interés en evitar la organización de los trabajadores en dicho lugar de trabajo, pues ésta pone en cuestión la dictadura que ejerce todos los días del año, estableciendo qué se produce, cómo se produce y en qué cantidad. En el plano de la teoría, este interés de la burguesía se refleja en los intentos reiterados de negar carácter político a las relaciones entre capital y trabajo, relegándolas a la condición de relaciones entre individuos o, dicho de otro modo, a un asunto privado, que carece de significación política general.

La existencia de formas de autoorganización de los trabajadores en el proceso de productivo pone en cuestión el núcleo duro de la dominación capitalista, esto es, la dictadura del capital en el proceso de trabajo, basada a su vez en la propiedad privada de los medios de producción. Desde esta perspectiva, las asambleas de base, los delegados y las comisiones internas constituyen fenómenos subversivos, pues ponen en cuestión la dictadura del capital.

Basualdo aborda, pues, una problemática central para entender la naturaleza de las relaciones entre capital y trabajo. Estas relaciones son muchas cosas, menos un vínculo armonioso entre dos actores que colaboran para el logro de la "grandeza del país". En estos tiempos en los que los principales dirigentes de la fuerza política gobernante en Argentina se cansan de proclamar la armonía entre empresarios y trabajadores, no hay nada mejor que volver a poner las patas en la fuente, recordando lo que ocurre en el mundo real del taller, el campo, la oficina, el comercio, etc. En este sentido, la revisión de la historia de la organización obrera en el lugar del trabajo es de suma importancia, porque muestra qué ocurre cuando los trabajadores avanzan sobre las prerrogativas de los empresarios.

Basualdo sostiene que “uno de los rasgos más destacados y particulares de la estructura sindical argentina es el alto grado de penetración que alcanzó en los establecimientos laborales a través de la instauración de instancias de representación directa de los trabajadores. Teniendo en cuenta la multiplicidad de funciones de los representantes en el lugar de trabajo desde el régimen peronista en adelante, su amplia difusión puede ser vista como uno de los logros más importantes del movimiento obrero argentino después de 1945. La existencia de estas instancias de representación directa otorgó a la estructura sindical argentina un carácter original y pionero respecto a la de la mayoría de los países latinoamericanos los cuales, o bien no habían podido aún obtener esta conquista o bien nunca podrían conquistarla.” (p 81-82).

La autora afirma que los estudios sobre la historia del movimiento obrero argentino se han concentrado, por lo general, en la conformación de un sistema sindical centralizado y con elevadas tasas de sindicalización de los trabajadores (por lo menos hasta el golpe militar de 1976). Esta historiografía tiende a ubicar en los sindicatos el poder de la clase trabajadora en el período que se extendió desde 1945 hasta 1976. La contrapartida de esta forma de hacer la historia del movimiento obrero es el abandono relativo en que han quedado las instancias de representación directa de los trabajadores al nivel del taller y la fábrica (3). El propósito de Basualdo es “destacar la importancia de su análisis [de los delegados, los cuerpos de delegados y las comisiones internas] para una comprensión cabal de la historia de la clase trabajadora en las distintas etapas históricas, y sus potencialidades para poner en perspectiva la situación actual e iluminar posibles vías de construcción futura.” (p. 82).

Basualdo define a los delegados como “los representantes de los trabajadores en los distintos establecimientos laborales con diez o más trabajadores. (…) En términos generales, los trabajadores deben, para ser candidatos a delegados, estar afiliados a la organización sindical legalmente reconocida (con personería gremial) correspondiente a su rama de actividad, presentarse a elecciones convocadas por el sindicato y acreditar una determinada antigüedad en el establecimiento en cuestión. Actualmente, los delegados son elegidos por la totalidad de los trabajadores por voto simple y directo, aunque en otros períodos históricos el sindicato parece haber tenido más peso e influencia en esta elección.” (p. 83). El cuerpo de delegados “es un órgano colegiado que comprende a la totalidad de los delegados de un establecimiento laboral.” (p. 83). Por último, la comisión interna es “un cuerpo colegiado compuesto por un número reducido de delegados que, de acuerdo a los distintos reglamentos internos de las organizaciones sindicales, pueden ser elegidos por la totalidad de los trabajadores del establecimiento por voto simple y directo, o, en su defecto, por los mismos integrantes del cuerpo de delegados. La comisión interna es la encargada de representar a la totalidad de los trabajadores de la fábrica ante la patronal, y de liderar los reclamos obreros vinculados con las condiciones de trabajo, la salubridad, el nivel salarial, incidentes o demandas específicas, entre otros. Al mismo tiempo, estas comisiones internas forman parte de la estructura sindical, y tienen una importante función de articulación entre los trabajadores del establecimiento y el sindicato de base nacional.” (p. 83-84).

Para abordar el tema, la autora establece la siguiente periodización: a) la expansión de las comisiones internas y los delegados durante los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955), b) la segunda etapa de la sustitución de importaciones (1955-1976); c) la desindustrialización y el retroceso de las instancias de representación directa de los trabajadores (1976-2001); d) la posconvertibilidad (2002-2007).

Al referirse a los dos primeros gobiernos peronistas, la autora señala que “la consolidación y expansión de instancias de representación de los trabajadores en los establecimientos laborales en el período inmediatamente posterior a 1946” ocupó un lugar marginal en la historiografía; ahora bien, esta laguna en la producción historiográfica contribuye a dejar de lado uno de los principales logros del movimiento obrero durante el primer peronismo (4). Basualdo afirma que “las comisiones internas adquirieron una importancia clave en varios sentidos. Primero, jugaron un papel decisivo para promover un grado tan elevado de afiliación sindical en un período tan corto. En segundo lugar, permitieron comenzar a garantizar una efectiva aplicación de la legislación laboral, y de los acuerdos colectivos firmados por los sindicatos, estableciendo un canal directo y continuo de comunicación entre las organizaciones sindicales y los trabajadores. En tercer lugar, transformaron profundamente las relaciones en el ámbito de la producción, otorgando a los trabajadores el derecho a tener representantes reconocidos por la patronal y con protección contra los despidos y las represalias. Finalmente, tuvieron un papel importante en la dinámica del conflicto sindical. Por un lado, en el caso de medidas convocadas por parte de los líderes sindicales, las comisiones permitían lograr la adhesión y participación de los trabajadores de base. Por otro lado, las instancias de representación de base permitían generar y sostener conflictos desde la base, superando a las dirigencias.” (p. 88).

Las instancias de representación directa de los trabajadores se expandieron fuertemente durante el período 1946.1955, a punto tal que los empresarios reclamaron la acción del Estado para recortar las prerrogativas con que contaban dichas instancias. En este sentido, los empresarios comprendieron que la existencia de las comisiones internas y de los delegados ponía en cuestión su autoridad en el proceso de producción, socavando la dictadura del capital en la empresa. Así, a partir de la implementación del Plan Quinquenal de 1952 se desarrolló una creciente ofensiva patronal contra los delegados y las comisiones internas, plasmada en un documento de la CGE (Confederación General Económica) que sostenía que “las comisiones internas han mostrado repetidamente no comprender cuáles son las precondiciones para una eficiente gestión de las empresas, y su actitud constituye uno de los principales obstáculos que traban la organización racional de la producción” (p. 91) (5).

Sin embargo, Basualdo enfatiza el carácter dual de las instancias de representación directa de los trabajadores: “al tiempo que permitían establecer límites al poder del capital, organizar la discusión sobre las condiciones de trabajo y las relaciones de producción, y disponer de mediaciones para ejercer presión sobre las instancias más altas de la representación sindical, las comisiones internas podían convertirse también, debido a que constituían una instancia de la estructura sindical, en instrumentos de control de las bases obreras, promoviendo su encuadramiento y subordinación en el seno de dicha estructura. Las funciones contradictorias de estos órganos de representación que estuvieron presentes desde su origen, marcaron a fuego su desarrollo en períodos posteriores y se encontraron en permanente disputa. La predominancia relativa de cada una de ellas sobre la otra fue variando históricamente en vinculación con la posición de los trabajadores en la estructura económica y social, con el desarrollo de la conciencia y las luchas obreras, y con las articulaciones de bases y líderes con las distintas fuerzas políticas, marcando distintas etapas en la relación de fuerzas entre capital y trabajo.” (p. 90-91).

La autora resume así el papel jugado por las instancias de representación directa: “la extraordinaria expansión de los representantes de base y las comisiones internas – que constituyó, más allá de toda posible discusión sobre el papel del gobierno en este proceso, sus intenciones y objetivos, una indudable conquista de la clase trabajadora – modificó las relaciones de fuerza en el interior de las fábricas, marcando con características particulares el funcionamiento de la estructura sindical y su impacto. La inclusión de este elemento central ocasiona una reevaluación del signo y alcance de los logros de la clase trabajadora durante los gobiernos peronistas. (…) este análisis pone de manifiesto que esta clase logró, a lo largo del decenio peronista, consolidar una estructura sindical de gran fortaleza no sólo por el liderazgo centralizado y por la sólida apoyatura de los sindicatos industriales de alcance nacional, sino también por la penetración que logró en los lugares de trabajo, que implicaron la construcción de instancias de «poder obrero» cuya existencia y desarrollo jugaron un papel fundamental en el período siguiente.” (p. 96).

El desarrollo alcanzado por las instancias de representación directa de los trabajadores durante el período 1946-1955 no pudo ser suprimido por la dictadura instaurada en 1955. Los delegados y las comisiones internas sobrevivieron a la represión y fueron un factor importante en la combatividad obrera en la década del ’60. En este sentido, Basualdo se apoya en investigaciones que demuestran que, a pesar del peso alcanzado por la burocracia sindical (simbolizada en la figura de Augusto Timoteo Vandor), la persistencia de formas de “poder obrero” en la fábrica permitió hacer frente con éxito a los diversos intentos de racionalización del trabajo promovidos por los empresarios. “La serie de tomas de fábrica de 1963 y sobre todo el desarrollo de la segunda etapa del Plan de Lucha en 1964 demuestran que las comisiones internas y la militancia obrera en los establecimientos industriales no habían sido eliminadas por el proceso de «racionalización», sino que a pesar de este impacto negativo seguían vigentes y jugando un papel importante en la lucha sindical.” (p. 113).

El rol de las instancias de representación directa de los trabajadores permite a la autora poner en cuestión algunos de los tópicos de la historiografía sobre el movimiento obrero de la década del ’60. Así, Basualdo cuestiona la centralidad otorgada a la importancia relativa de la izquierda y del peronismo en el movimiento obrero: “no resulta útil, para determinar el eje central que definió la confrontación en el seno del movimiento obrero durante la segunda etapa de la sustitución de importaciones, partir de la contradicción entre la «izquierda» y el «peronismo» en términos globales. El núcleo central de la confrontación en las fábricas y establecimientos laborales, que de hecho atravesaba y dividía tanto a la izquierda como al Peronismo, giraba en torno a las formas de concebir la relación entre las clases. Los dos polos de esta confrontación estaban constituidos por dos grandes corrientes, articuladas en torno a concepciones opuestas. Mientras la primera partía de la complementariedad entre el capital y el trabajo y de la posibilidad de mutuo beneficio de las clases, la segunda consideraba que existía una relación de oposición ineludible entre el capital y el trabajo, de la que se derivaba que, necesariamente, todo beneficio de una de las clases debiera obtenerse a expensas de la otra.” (p. 122). “En suma, a fines de los años ’60 las fábricas se convirtieron en un campo de batalla en el cual se dirimía esta confrontación y las comisiones internas y los delegados, lejos de estar desactivados y fuera de funcionamiento, estaban en el centro de este conflicto. La confrontación entre las distintas formas de comprender la relación entre las clases se traducía en combates permanentes sobre la función del delegado. Desde el punto de vista de los defensores de la conciliación, los delegados debían ser «intermediarios neutros» entre el capital y el trabajo, que debían estar encargados de mediar y encontrar soluciones que satisficieran a ambas partes. Por el contrario, aquellos que partían de la necesaria confrontación de las clases y de la intrínseca contraposición de sus intereses, consideraban al delegado como un representante de los trabajadores que debía liderar la lucha, defensiva u ofensiva, contra los avances del capital, con estrategias y medidas que estuvieran de acuerdo con las relaciones de fuerza. La existencia de representantes «combativos» en el lugar de trabajo que desarrollaban políticas de confrontación simultánea con la patronal y las dirigencias conciliatorias, enfrentando además en varias instancias – como en el caso del Cordobazo – al poder político, constituía un desafío abierto a las líneas predominantes en el sindicalismo a nivel nacional, y cuestionaba severamente el control de la patronal sobre las condiciones de producción, el ritmo de trabajo y la retribución de los asalariados. Fue justamente debido a estas razones que tanto las patronales como las fuerzas del «aparato» dominado por una dirigencia que defendía la posibilidad de «conciliación» de los intereses de clase y el beneficio simultáneo de capital y trabajo ejercieron esfuerzos denodados para frenar el ascenso de corrientes que, como partían de la necesaria confrontación entre las clases, confluían con organizaciones políticas y político-militares radicalizadas, constituyéndose en una amenaza, no sólo en términos económicos, sino también políticos y sociales” (p. 123-124).

En la perspectiva de la autora, el proceso abierto por el Cordobazo en 1969 representó, por tanto, una impugnación de la dominación del capital, motivada por la confluencia de la acción de las instancias de representación directa a nivel de las fábricas y por las organizaciones políticas que cuestionaban con mayor o menor profundidad la forma capitalista de organizar a la sociedad. Esta impugnación fue percibida como especialmente peligrosa por la burguesía debido a la existencia del “poder obrero” en la fábrica. Es a partir de la magnitud de este desafío que puede entenderse la acción de la dictadura militar en 1976. “El desarrollo y la vitalidad de los delegados y de las comisiones internas (en cuyo seno se dirimían las pugnas sobre la identidad de la clase y su relación con el capital) durante la segunda sustitución de importaciones es un factor esencial para explicar las raíces de este poder del trabajo sobre el capital, que se traducía, no sólo en el plano económico, en las luchas en el ámbito de la producción, sino también en términos de las grandes confrontaciones políticas y sociales. Las medidas aplicadas a partir de mediados de los ’70 (…) tuvieron como claro objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones (…) las diversas políticas operadas a partir de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder.” (p. 129).

Para Basualdo, uno de los objetivos principales de la dictadura militar de 1976-1983 fue desarticular las formas de “poder obrero” en el lugar de trabajo. Ello permite explicar, en parte, tanto el carácter sistemático como la ferocidad de la represión. El éxito obtenido por la dictadura en la desarticulación de las formas de organización de los trabajadores es uno de los principales factores que permiten explicar la etapa comprendida entre 1976-2001, signada por la debilidad del movimiento obrero.

El artículo de Basualdo constituye un aporte al estudio de la problemática del “poder obrero” en Argentina y al de la cuestión del proceso de trabajo como lugar político. En nuestra opinión, el pensar el lugar de trabajo como un lugar en el que se construye y se reproduce poder político constituye una de las diferencias sustanciales entre la teoría social académica y una teoría social revolucionaria.

Trenque Lauquen, sábado 26 de noviembre de 2011

NOTAS:

(1) Incluido en: Schorr, Martín. (2010). La industria y el sindicalismo de base en la Argentina. Buenos Aires: Atuel. (pp. 81-157).

(2) Victoria Basualdo es Licenciada en Historia (UBA) y Doctora (Universidad de Columbia, New York). Coordinadora del Programa Estudios del Trabajo del Área de Economía y Tecnología de FLACSO. Se desempeña como profesora en la Universidad de Columbia y en la Maestría en Economía Política de FLACSO.

(3) La autora sostiene que el estudio de la historia de dichas instancias “ha tenido, hasta muy recientemente, un lugar marginal en el campo de estudios del trabajo en la Argentina.” (p. 82).

(4) “Si bien el «caudillismo» y la centralización y verticalización de la estructura sindical fueron (…) herencias centrales de la década peronista y en este sentido parece correcta la afirmación de James de que la consolidación y el ascenso de la dirigencia sindical «burocrática» peronista en los años ’60 deben analizarse como un fenómeno con raíces profundas en este período previo, el nivel de organización en los lugares de trabajo fue otro resultante, no menos destacable, de las luchas y construcciones de la década 1946-55 que permitió – aunque por supuesto no garantizó – niveles muy altos de cuestionamiento y movilización de las bases.” (p. 94-95).

(5) Basualdo cita aquí el documento Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo, que data de 1954, reproducido por Doyon en su obra Perón y los trabajadores (p. 388-389).

martes, 15 de noviembre de 2011

RESEÑA: PORTILLO VALDÉS. (2006) CRISIS ATLÁNTICA: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN LA CRISIS DE LA MONARQUÍA HISPANA.(1)

Portillo Valdés es un historiador español, profesor titular en la Universidad del País Vasco desde 1991. Fue investigador visitante Istituto Italo Germanico de Trento (1988, 1989 y 1990), en el Centro di Studi Per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, Universidad de Florencia (Italia), (1992) y en el Institute of Latin American Studies, Universidad de Texas en Austin (EEUU) (2000-2001). Se ha especializado en el estudio de la crisis de la monarquía española.

El libro que reseñamos se ocupa de un período crucial en la historia de España y de los países latinoamericanos que pertenecían a su imperio. Crisis Atlántica está dedicada a “considerar el surgimiento de los conceptos de autonomía e independencia en el contexto de una crisis global del mundo atlántico hispano. Tal crisis vino marcada por tres hechos inéditos en la historia de la monarquía. En primer lugar, era la primera ocasión en que un ejército extranjero invadía la península hasta llegar a la Corte y desplazaba a la familia real conduciéndola al territorio del ocupante. En segundo lugar, fue también la primera ocasión en que se constituyeron poderes territoriales, juntas, que lideraron por sí mismos la resistencia militar, se comportaron como soberanos y organizaron un gobierno central con sus representantes. En tercer lugar, esa misma crisis planteada, así como lucha contra una dominación extranjera, se convirtió en una crisis constitucional que implicó también la lucha – no con armas, pero sí con leyes – contra el despotismo interior. Estos tres factores estuvieron además presentes en el conjunto de la monarquía.” (p. 24-25). La obra abarca el período comprendido entre los sucesos de Bayona (1808) y la independencia definitiva de los países latinoamericanos que habían pertenecido al imperio español (1825).

Portillo Valdés se interroga a lo largo de toda la obra acerca de los motivos por los que se produjo la disgregación del imperio español. En su opinión, la independencia de los países latinoamericanos no era un resultado inexorable y ni siquiera era algo deseado por las elites criollas al momento de producirse la crisis de 1808. Para resolver el problema de la dirección asumida por el proceso, Portillo desarrolla una investigación enmarcada en la historia de las ideas, basada en el análisis de numerosos textos de autores españoles y latinoamericanos que participaron directamente en el período previo y en el período de la crisis española y de la independencia latinoamericana. A través del examen de estas obras, Portillo Valdés procura establecer las matrices intelectuales que se fueron conformando tanto del lado español como del lado criollo y que, a la postre, desembocaron en la guerra y en la independencia de las colonias americanas del imperio español.

El autor concede especial atención al examen del pensamiento ilustrado y del primer liberalismo español, pues considera que en el seno de esta corriente se fueron generando las ideas refractarias a la autonomía de las colonias que terminaron por hacer inevitable el proceso de independencia. En este sentido, afirma que desde la década de 1740, y en el marco de las reformas borbónicas, “fue haciéndose hueco una imagen más decididamente imperial de la monarquía. Con una manifiesta vocación probritánica, fueron varios los intelectuales y políticos de los reinados de Carlos III y Carlos IV que propusieron concebir la monarquía como un entramado compuesto de metrópoli e imperio comercial.” (p. 20). Fue en este momento que se generó una corriente de opinión en España fuertemente opositora a cualquier intento de conceder márgenes de autonomía a las colonias americanas. El autor se ocupa de indicar que esto va de la mano con el desarrollo de las reformas administrativas borbónicas, que se tradujeron en un desplazamiento de las elites criollas de los puestos de mando en las colonias, quebrando así un acuerdo tácito entre la monarquía y dichas elites. De este modo, al producirse la defección de la monarquía española en 1808, los políticos e intelectuales españoles tendieron de manera unánime a rechazar cualquier concesión a las colonias americanas. Al mismo tiempo, las elites criollas manifestaron su intención de recuperar el espacio perdido a partir de la implementación de las reformas borbónicas.

A partir de los elementos presentados en el párrafo anterior, Portillo Valdés se dedica a analizar el papel jugado por el liberalismo español que elaboró la Constitución de 1812: “Lo que me propongo considerar críticamente son los límites de aquella formulación del primer constitucionalismo como contribución a una comprensión crítica del liberalismo euroamericano. Si los resultados que arroja el experimento del Estado en el Atlántico hispano son tan disonantes respecto de la ortodoxia liberal, es muy posible que los problemas estuvieran en los límites de la teoría liberal más que en la inadaptación de los nietos de la monarquía católica para la modernidad.” (p. 22).

Para Portillo Valdés, el curso que siguió la crisis de la monarquía española en 1808 fue el resultado, sobre todo, del carácter que fue adquiriendo la monarquía a partir de mediados del siglo XVIII, el cual se acentuó como consecuencia de la irrupción de Napoleón en la península. En este sentido, la interpretación realizada por el autor consiste en afirmar que “no fue la «decadencia» española, es decir, su paulatina pérdida de influencia en Europa desde Westfalia (1648), lo que marcó el proceso de contracción de la monarquía, sino su reformulación como nación española (…) El momento decisivo no es el final del siglo XVI –una vez que el esfuerzo expansivo ha demostrado toda su fuerza e intensidad – sino los comienzos del siglo XIX, cuando la monarquía entre en una serie de crisis que conducen al primer constitucionalismo hispano. La cuestión no es, por tanto, de decadencia española, sino de constitucionalismo hispano.” (p 23).

La desintegración del imperio español obedeció, por tanto, a la peculiar estructura del constitucionalismo español, que condicionó la respuesta que dio éste a la crisis de la monarquía en 1808. Así, ya desde mediados del siglo XVIII se fue conformando una concepción que consideraba que la nación española estaba constituida exclusivamente por los españoles peninsulares, en tanto que las demás partes de la monarquía eran concebidas como colonias que debían proveer a las necesidades de la metrópoli. Esta visión, que reconoce la fuerte influencia del pensamiento británico, fue arraigando entre los intelectuales de la Ilustración española, y fue retomada por las principales figuras del primer constitucionalismo español.

Portillo Valdés estudia el proceso mencionado en el párrafo anterior en el primer capítulo de la obra, “La federación negada” (pp. 29-103). Allí el autor realiza varias operaciones que permiten comprender la naturaleza del proceso que se operó a partir de 1808. En primer lugar, la Ilustración española fue construyendo una concepción de nación española en la que existía una gran diferencia en el tratamiento dado a los españoles peninsulares y a los criollos. Mediante referencias a distintos autores del período, Portillo Valdés demuestra que la Ilustración española aceptó de manera unánime la opinión acerca de la inferioridad de los americanos. El concepto de nación española, que se construyó en este período, tendía a negar sistemáticamente un status de igualdad a los españoles nacidos en América. De este modo, la monarquía “ocupaba toda la extensión de los dominios del rey (…) pero la nación española era un fenómeno estrictamente europeo.” (p- 46-47). Frente al fortalecimiento de esta concepción, varios intelectuales de las colonias americanas respondieron escribiendo trabajos en los que intentaban demostrar que América también podía ser considerada como una “comunidad política perfecta”, con un pasado en que había habido constituciones y formas de gobierno propias. Esta tarea coincidió con una percepción creciente por parte de las elites criollas de que estaban siendo desplazadas de las posiciones tradicionales de poder que detentaban, en beneficio de los españoles peninsulares. Sin embargo, el autor sostiene que dichas elites no buscaban, al momento de producirse la crisis de 1808, la independencia de España, sino tan sólo una mayor autonomía y un regreso a las posiciones que ocupaban en la sociedad criolla antes de las reformas borbónicas.

La “revolución de las provincias de España”, desatada como consecuencia de la conducta ilegal de los monarcas españoles, se desarrolló en torno a las líneas conceptuales que había trazado la Ilustración. Desde el momento mismo en que las Juntas provinciales intentaron constituir organismos centralizados, la posición de las colonias americanas fue totalmente subordinada, llegado al extremo de lo sucedido en la Junta Central, que hizo todos los esfuerzos posibles para violentar la representación de los territorios americanos de la monarquía. Según el autor, esta política deliberada de negación de los derechos de los españoles nacidos en América fue el germen que potenció las aspiraciones hacia la autonomía de los mismos. Portillo Valdés niega que la voluntad inicial de las elites criollas pasara por la independencia. Fue, por el contrario, la política de los liberales españoles la que permitió que dicha idea tomara cuerpo. En todo momento defendieron la desigualdad en la representación de España y América. En resumen, “las provincias americanas habían sido ya expulsadas de la federación hispana o, mejor dicho, nunca fueron admitidas realmente a la misma. En un momento en que tanto en la parte europea como en la americana se entendió que la monarquía debía refundarse y que, para asegurarse su permanencia, debía hacerse desde un nuevo planteamiento constitucional de la misma, a las provincias de América no les fue ofrecido un nuevo pacto que las vinculara de manera estable y aceptable a la patria política.” (p. 103).

En el segundo capítulo, “Pueblos, Congresos, Estados y naciones” (pp. 105-158) se estudia el proceso que se verificó en la América hispana a partir de 1810, marcado por la proliferación de juntas y congresos que fueron definiendo paulatinamente espacios autónomos respecto a la metrópoli. El autor dedica especial atención a señalar que, aún en esta etapa del proceso, las elites criollas no estaban decididas por dar el paso de la independencia respecto de España, y que su objetivo seguía siendo el de la autonomía. Portillo Valdés enfatiza las dificultades que tuvieron los esbozos de los futuros Estados latinoamericanos para constituir una autoridad central. Como en el caso de España, la época estuvo marcada por la defensa de las autonomías locales, pues el espacio local era el único que permitía bases sólidas para una construcción política diferente a la española. Como en el capítulo anterior, el autor analiza el tratamiento asimétrico recibido por las juntas españolas y por las americanas. La demanda de autonomía, que era perfectamente aceptada en el contexto español, pasaba a ser denostada cuando era formulada por los criollos.

En el tercer capítulo del libro, “El discurso de la independencia” (pp. 159-209) el autor analiza el proceso por el cual se fue conformando la noción de nación americana frente al de nación española. Portillo Valdés sugiere que al momento de producirse la crisis de la monarquía, no existía en América una opinión significativa a favor de la independencia. Por el contrario, las elites criollas se consideraban a sí mismas como parte de la nación española. Sólo a partir de la experiencia del rol que les asignaba el liberalismo español fue surgiendo la idea de una nación americana, contrapuesta a la española. Como en los capítulos anteriores, el autor sigue el proceso mediante el análisis de varios textos escritos durante el período.

Finalmente, en el cuarto capítulo, “Los indios calzados: la mayoría en minoría” (pp. 211-255), el autor se dedica a examinar las limitaciones del liberalismo de las elites criollas, haciendo hincapié en el hecho de que las organizaciones políticas que se conformaron a partir de la independencia de España se edificaron en torno a la negación sistemática de los derechos de los pueblos originarios, que constituían la mayoría de la población en la mayoría de los países del área de la colonización española. Los criollos, en este sentido, eran herederos del pensamiento de la Ilustración, que sostenía que los indígenas eran inferiores y que debían ser tratados como tales, con el objeto de elevar su condición. Este examen le permite al autor establecer que las limitaciones del liberalismo no sólo eran patrimonio de los peninsulares, sino que formaban parte de la matriz de pensamiento de las elites criollas. La reivindicación de la igualdad coexistía con la defensa de la desigualdad más extrema en la representación y en los derechos.

La obra de Portillo Valdés constituye un examen pormenorizado del proceso por el cual la construcción de una nación española, realizada en la matriz intelectual del liberalismo español, se mostró incompatible con el mantenimiento de la unidad entre los territorios españoles y americanos de la monarquía. El autor resulta especialmente agudo en el tratamiento de las limitaciones del primer constitucionalismo español en la cuestión de la representación de los americanos. Uno de los logros de la obra es la adopción de un enfoque iberoamericano (no exclusivamente español) de la crisis iniciada en 1808. Sin embargo, el enfoque adoptado tiende a dejar de lado temas fundamentales tales como la debilidad económica de España, y el interés de Gran Bretaña por controlar el espacio económico latinoamericano.

Buenos Aires, martes 15 de noviembre de 2011

NOTAS:

(1) Portillo Valdés, José María. (2006). Crisis Atlántica: Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana. Madrid: Fundación Carolina. Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos & Marcial Pons, Ediciones de Historia. 318 p.