 |
| Miguel Hidalgo |
Ariel Mayo (ISP. Dr. J. V. González / UNSAM)
Si bien no tenemos un cronograma establecido (nuestros recursos son escasos), en Miseria de la Sociología continuamos la publicación de materiales sobre historia de América Latina. Hoy es el turno de una ficha de lectura sobre un artículo del historiador mexicano Roberto Breña (n. 1962).
El proceso de emancipación de la Nueva España [actual México] presenta una serie de peculiaridades, a saber: a) se inició en una provincia del virreinato; b) sus dos principales líderes eran sacerdotes; c) el carácter popular de la insurrección en su primera etapa; d) luego de la guerra (1810-1815) los insurgentes estaban prácticamente derrotados; e) la manera en que se concretó la emancipación en 1821; f) el hecho de que luego de la independencia el ex-virreinato no sufrió ninguna desintegración territorial.
El proceso que culminó en la independencia “es el resultado final de una crisis política que se inició en 1808 en la Península” (p. 275).
Referencia bibliográfica:
Breña, Roberto (2009). Peculiaridades de la revolución hispánica: el proceso emancipador de la Nueva España (1808-1821). En M. Palacios (coord.), Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después (pp. 275-307). Bogotá, Colombia: Norma.
Cuestiones preliminares (pp. 276-281)
1808 es el año de la crisis política de la monarquía española. Napoleón hizo que el rey Fernando VII abdicara en favor de su padre, Carlos IV, quien a su vez abdicó en favor del emperador francés. José I, hermano de Napoleón, pasó a ser rey de España.
En América hubo un rechazo unánime a la imposición napoleónica. Se abrió la discusión sobre las medidas políticas que debían tomarse para evitar que Napoleón se apoderase de los territorios del imperio español.
En Nueva España, el Ayuntamiento de la ciudad de México se pronunció en favor de conformar una junta[1]; la Audiencia, en cambio, sostuvo que ello era innecesario, pues existía en la Península un poder legítimo: la Junta de Sevilla. La cuestión se zanjó con el golpe de Estado del 15/09/1808: un grupo de Peninsulares depuso de su cargo al virrey Iturrigaray (proclive a la conformación de una junta) y puso en su lugar a Pedro de Garibay. Se clausuró así la vía legal para la satisfacción de las aspiraciones de los criollos novohispanos y se rompió de manera violenta la legitimidad secular de las autoridades peninsulares para ejercer el poder secular en Nueva España.
Breña rechaza la idea de que las reformas borbónicas (implementadas a partir de 1770) provocaron la animadversión de los criollos contra los peninsulares; por el contario, esa animadversión estaba presente desde mucho tiempo antes y pudo haberse mantenido latente de no mediar la crisis española de 1808.
En 1810 existía un cierto estado de ánimo antipeninsular generado por: a) las continuas guerras de la Corona; b) la política borbónica respecto a la Iglesia, basada en el regalismo (el aumento de las prerrogativas de la Corona en su relación con la Iglesia; c) el fin del auge minero, que provocó desocupación; d) las malas cosechas de 1808 y 1809 y el alza del precio del maíz en 1810.
La insurrección de 1810-1815 (pp. 281-286)
El 16 de septiembre de 1810 se produjo el Grito de Dolores, insurrección dirigida por el sacerdote Miguel Hidalgo (1753-1811). Los motivos declarados fueron: la defensa del reino contra quienes querían entregarlo a los franceses; contra la opresión; contra los tributos. En poco tiempo Hidalgo pasó a dirigir a miles de hombres, en su mayoría indígenas y mestizos.
Se desató una guerra que se prolongó hasta 1815. En rigor, se trató de una guerra civil, pues la mayoría de los combatientes eran americanos. Además de las víctimas y de los destrozos económicos, la guerra “removió las estructuras de la sociedad, afectó notablemente la movilidad social y trastocó las jerarquías sociales” (p. 282).
Las autoridades peninsulares crearon milicias para contener a los insurrectos. Ello debilitó la autoridad del virrey, incrementó el poder local (o regional) y derivó en una militarización de la sociedad. En lo inmediato, esas milicias resultaron eficaces para combatir la insurrección.
Hidalgo fue derrotado, apresado y ejecutado en julio de 1811. Con ello concluyó la primera etapa de la insurrección y se inició la segunda, comandada por el sacerdote José María Morelos (1765-1815). Con la captura y ejecución de Morelos (diciembre de 1815) terminó la insurrección iniciada en 1810.
El primer liberalismo español y la cuestión de Cádiz (pp. 287-290)
La crisis de política de 1808 derivó en el rechazo de la mayoría de los españoles al descabezamiento de la monarquía provocado por Napoleón; se constituyeron juntas en todo el territorio español. En sí mismas, las juntas representaban una revolución política, pues invocaban la soberanía del pueblo. En septiembre de 1808 las juntas se subordinaron a la Junta Central, que logró imponer cierto orden. La Junta Central fue derrotada militarmente y se extinguió en enero de 1810. Fue sucedida por el Consejo de Regencia, que convocó a las Cortes (institución medieval que en el siglo XVIII sólo había sido convocada seis veces). Estas Cortes aprobaron la Constitución de Cádiz (o Constitución de 1812) [2].
Las Cortes fueron dominadas por el grupo “liberal”. Así, el 10 de noviembre de 1810 aprobaron el decreto de libertad de prensa. El decreto sirvió para difundir los principios del liberalismo hispánico (confluencia ideológica de España y América en el primer cuarto del siglo XIX): soberanía nacional; sistema representativo; libertades políticas; derechos individuales; igualdad ante la ley; división de poderes [3]. Con la separación de los territorios americanos de la monarquía llegó a su fin este liberalismo hispánico.
La Constitución de Cádiz se aplicó en algunos territorios americanos (ejemplo: México) e influyó en el resto. Su innovación política más significativa fue la realización de elecciones (para elegir miembros de los Ayuntamientos, diputaciones provinciales, etc.). Sin embargo, la aplicación en América de la Constitución de Cádiz tuvo alcances limitados por las guerras de independencia.
En Mayo de 1814, Fernando VII dejó sin efecto la Constitución de Cádiz y restableció el absolutismo. A pesar de que dicha Constitución estuvo vigente poco tiempo (1812-1814 y 1820-1823), su influencia es decisiva para comprender lo que aconteció en la América hispana.
Hacia Apatzingán: bases jurídicas, pensamiento político e ideología (pp. 291-296)
En 1813 se reunió el Congreso de Chilpancingo, convocado por Morelos. El 6 de noviembre de ese año el Congreso (autodenominado Congreso de Anáhuac) proclamó la independencia de México. El 22 de octubre de 1814 el Congreso promulgó el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán. Fue el único documento constitucional que produjo la insurgencia y se destaca por su carácter liberal.
Las peculiaridades del caso novohispano (pp. 296-302)
En primer lugar, el proceso se inició en una provincia. Esto se relaciona directamente con el fracaso del intento del Ayuntamiento de la ciudad de México para enfrentar la crisis de la monarquía (septiembre de 1808). A partir de ese fracaso, las preocupaciones políticas y el descontento político se manifestaron en las provincias, no en la capital.
En segundo lugar, los dos líderes más importantes (Hidalgo y Morelos) eran sacerdotes. Esto se relaciona con el carácter tradicionalista del movimiento revolucionario en Nueva España, que se manifiesta en el papel central concedido a la religión en la lucha emancipadora. Una parte importante del bajo clero participó en el movimiento revolucionario.
En tercer lugar, el carácter marcadamente popular que tuvo la insurrección. En vez de estar a cargo de los sectores capitalinos (urbanos), la insurrección de 1810 fue indígena y rural. En el resto de la América hispana, las elites criollas iniciaron los procesos y lograron mantener el control sobre los mismos.
En cuarto lugar, hacia 1815 los insurgentes estaban derrotados de un modo casi definitivo. Si bien quedaron insurrectos activos, hacia 1817 el cuadrilátero comprendido entre las ciudades de México, Oaxaca, Veracruz y Acapulco estaba libre de rebeldes. En otras palabras, los insurgentes ya no amenazaban la estabilidad política del virreinato.
En cuarto lugar, la forma en que se consumó el proceso emancipador. El disparador vino de España, donde en 1820 un golpe militar restableció la Constitución de Cádiz y el carácter constitucional de la monarquía.
En Nueva España, un militar que había combatido a los rebeldes, Agustín de Iturbide (1783-1824) desarrolló el Plan de Iguala (fechado el 24 de febrero de 1821), consistente en proclamar la independencia de Nueva España y su constitución en imperio. Su idea era ofrecer el trono a Fernando VII. El Plan estipulaba la conservación de la fe católica (sin tolerar ninguna otra), la declaración de la independencia y la proclamación de la monarquía, el ofrecimiento del trono a Fernando VII, con la aclaración de que si el rey no quería venir a América, el poder recaería en una Junta Gubernativa. Iturbide logró el apoyo de las elites regionales del virreinato, representadas sobre todo en los Ayuntamientos y en las milicias locales.
En Agosto de 1821 se acordó el Tratado de Córdoba, firmado por Iturbide y el virrey Juan de O´Donojú (1762-1821): España reconocía la independencia de México y el Plan de Iguala. En septiembre de ese año Iturbide entró en la ciudad de México.
El 28 de septiembre de 1821 la Junta Gubernativa emitió el acta de Independencia de México (en la práctica y a pesar del Tratado de Córdoba, España reconoció la independencia mexicana recién en 1836). Iturbide fue proclamado emperador de México en julio de 1822, cargo que mantuvo hasta marzo de 1823. Luego de ser desalojado del gobierno, Iturbide intentó retomar el poder y fue derrotado y fusilado en 1824; se proclamó la Constitución de 1824, que establecía un régimen republicano.
Breña remarca que no existe continuidad ideológica entre Hidalgo e Iturbide.
En síntesis, no hay que hablar de un proceso emancipatorio en Nueva España, sino de dos. El primero comprende entre 1810 y 1815; el segundo va de 1820 a 1821. Los sectores sociales que apoyaron el levantamiento del cura Hidalgo fueron completamente distintos de los que sostuvieron la empresa de Iturbide.
El artículo se cierra con un Apéndice bibliográfico (pp. 302-307).
Mataderos, sábado 10/10/2026
NOTAS:
[1] Los miembros del Ayuntamiento no buscaban la independencia, se consideraban leales a Fernando VII. En todo caso, querían una mayor autonomía del Virreinato respecto a la Corona.
[2] En las Cortes de Cádiz participaron representantes americanos (eran una minoría, compuesta por unos 60 representantes frente a cerca de 200 españoles). Nueva España fue la provincia del imperio que tuvo más firmantes de la Constitución: 19 en total.
[3] Estos principios fueron plasmados en la Constitución gaditana y eran opuestos a los fundamentos del Antiguo Régimen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario