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martes, 7 de septiembre de 2010

PAPEL PRENSA, FIBERTEL Y LA CUESTIÓN DE LA PROPIEDAD

(Primera entrega de las notas preparadas para una conferencia en el Centro Cultural Tinku, sábado 4 de septiembre de 2010.)

Para empezar, quiero expresar mi intención de correrme del eje jurídico de la discusión en torno a las decisión del Gobierno Nacional sobre la licencia de Fibertel para operar en el mercado de servicios de Internet, y sobre la medida de llevar ante la Justicia la investigación sobre la venta de una parte de las acciones de Papel Prensa a Clarín y La Nación. Dos razones me mueven a ello. Primero, carezco de conocimientos necesarios para decir algo satisfactorio en términos jurídicos. Segundo, y esto es mucho más relevante que lo anterior, la cuestión de Papel Prensa y de Fibertel es principalmente política, en el sentido pleno del término. De hecho, el debate en estas últimas dos semanas ha girado en torno a la política y no al derecho.

Ahora bien, para entender en profundidad el significado político de la lucha en torno a Papel Prensa (desde ya tengo que decir que considero que el caso Fibertel es secundario, y que la trascendencia que le han dado los Grupos Clarín y La Nación se deriva, en buena medida, de la elevada conciencia de clase que poseen sus directivos) hay que comenzar haciendo algunas aclaraciones, lo que nos llevará, en apariencia, bastante lejos del tema principal. Desde ya pido disculpas si me extiendo en demasía.

En primer lugar, hay que partir de la constatación de un hecho que ha quedado en buena medida oculto en el debate. Argentina es una sociedad capitalista, lo cual implica que un sector de la población concentra la propiedad de los medios de producción, en tanto que la mayoría de las personas carecen de dicha propiedad. Del carácter capitalista de la sociedad argentina se derivan una serie de consecuencias interesantes desde el punto de vista político. Ante todo, la diferencia en cuanto a la propiedad de los medios de producción genera una diferencia fundamental de poder al interior de la sociedad. Así, quienes cuentan con los medios de producción pueden tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida de las personas; así, los empresarios deciden qué se va a producir en las empresas, cómo y en qué cantidad, sin necesidad de consultar a los trabajadores, valiéndose para ello de su derecho de propiedad. Por otro lado, los desposeídos de medios de producción se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en el mercado para así ganar un salario y poder comprar las mercancías con las que satisfacer sus necesidades. Esto ocurre así porque los medios de producción permiten controlar las condiciones de producción de la existencia de las personas. Sin ellos, el ser humano es incapaz de reproducir su vida. De ahí que la no propiedad de los medios de producción coloca a las personas en una situación de carencia plena, y las vuelve permeables a todas las formas de dependencia. De este modo, y a diferencia de otras formas de sociedad, en el capitalismo opera la coerción económica, es decir, la falta de propiedad de los medios de producción obliga a las personas a aceptar las condiciones que dictan los empresarios so pena de caer en la indigencia. Solo esta situación permite explicar que las mayoría de las personas pasen la mayor parte de sus vidas en el trabajo, haciendo cosas que no quieren y sintiéndose profundamente ajenas al mismo.

En segundo lugar, las diferencias en cuanto a la propiedad de los medios de producción se traducen en diferencias importantes en la estructura política de la sociedad. Para expresarlo de manera esquemática, nuestra sociedad se halla dividida en dos grandes compartimentos estancos, profundamente separados entre sí en apariencia. De un lado, está la producción tal como se verifica en las fábricas, oficinas, etc.; en ella impera la dictadura del empresario, quien dice a los trabajadores qué, cómo y cuánto producir sin hacer ni una votación ni una consulta. De otro lado, se encuentra el mercado, al que definiré como el lugar en el que se encuentran los compradores y vendedores de todo tipo de mercancías (incluidas las personas mismas en tanto mercancías). A diferencia de lo que ocurre en la fábrica, en el mercado las personas son libres e iguales en términos jurídicos; en el mercado laboral, en el que los trajadores ofrecen su capacidad y habilidad para trabajar, y los empresarios acuden para comprar el derecho a usar de esa capacidad durante un tiempo determinado, ambos actores sociales se encuentran en condiciones de iguadad jurídica. Un trabajador, por ejemplo, puede demandar al empresario por incumplimiento de contrato, justamente porque el trabajador es un sujeto jurídico pleno, cuyo estatus es muy diferente al del esclavo, quien no se pertenece a sí mismo. La dualidad entre la dictadura a nivel fábrica, y la libertad jurídica a nivel mercado es una de las características distintivas del capitalismo, y tiene consecuencias politicas significativas.

En tercer lugar, la acción omnipresente de la coerción económica (que se manifiesta no sólo entre los trabajadores, sino también entre los capitalistas -vía competencia -.) y la existencia del mercado como instancia social en la que todas las mercancías (incluidas las personas) son iguales (es decir, todas ellas son iguales en el sentido de que una cantidad de valor se cambia por otra cantidad igual de valor de cambio, haciendo abstracción de las diferencias existentes entre la mercancía en tanto valor de uso), genera la posibilidad misma de la dualidad entre el nivel de la economía y el nivel de la política. En el capitalismo, poder económico y poder político pueden estar formalmente escindidos. Así, los empresarios dictan sus leyes al interior de la fábrica y de la oficina, en tanto que el Estado formula las leyes que rigen todos los demás aspectos de la sociedad. Aquí hay que insistir en el hecho de que es la coerción económica la que permite a los empresarios independizarse hasta cierto punto del Estado, pues los trabajadores, desposeídos de medios de producción van a trabajar coaccionados por la necesidad de obtener un salario para vivir. En condiciones normales, los capitalistas no precisan de la violencia para obligar a trabajar a los trabajadores. En este sentido, y sin desmerecer las luchas por las libertades y los derechos, puede decirse que fueron los empresarios quienes se "independizaron" del poder político y no a la inversa.

En cuarto lugar, en una sociedad capitalista el Estado no puede se otra cosa que un Estado capitalista. Como esto se presta a malentendidos, es necesario explicar en detalle este punto. El capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción; por tanto, cualquier forma de organización política que se dé en los marcos de una sociedad capitalista, está obligada a respetar la propiedad privada de los medios de producción. Este es el límite último del sistema, y no puede ser traspasado a menos que se produzca una transformación radical de la sociedad. Esta verdad elemental está ausente, generalmente, en los debates sobre la política capitalista, y su olvido puede llevar a pensar que en un régimen democrático todo es posible. En un sentido opuesto, la insistencia en el carácter capitalista del Estado puede derivar en visiones instrumentalistas, que hacen del Estado una mera herramienta de los distintos bandos capitalistas. Ambas concepciones, aparentemente antagónicas, expresan una misma manera de ver la realidad y se complementan. En el punto siguiente examino esta cuestión.

En quinto lugar, la separación relativa entre economía y política genera el espacio de posibilidad para la emergencia de la democracia como forma de gobierno. Como dije anteriormente, la gestión de la fuerza de trabajo es muy diferente en el capitalismo que en las sociedades anteriores. La igualdad jurídica entre empresarios y trabajadores se manifiesta en la figura del trabajador formalmente libre, que posee la condición de ciudadano que elige a sus gobernantes. En un sentido, pude decirse que el proceso de constitución del trabajador libre y ciudadano, que atraviesa los siglos XIX y XX, fue funcional a las necesidades de la reproducción del capital, pues la preocupación por comprar barato los insumos del proceso productivo y por evitar el desperdicio de los mismos durante el proceso de trabajo, se ve satisfecha con trabajadores libres (por tanto, responsables). Sin embargo, y con ser correcta de modo parcial, esta concepción olvida que la libertad y la ciudadanía de los trabajadores fueron el resultado de duras luchas sociales y no de un efecto de la benevolencia o el interés de los empresarios. En el capitalismo, como en toda sociedad de clase, los trabajadores no aceptan resignadamente su condición. No existe ningún estado natural de sumisión. Por el contrario, la historia muestra que tanto la libertad como el sometimiento deben ser conquistados por las clases interesadas. En este sentido, la implementación de la coerción económica como la principal herramienta del poder de los empresarios constituye un logro significativo en el desarrollo de las técnicas de sometimiento, pues promueve tanto la internalización de la dominación como la sensación de impersonalidad d ela misma dominación. Pero, al mismo tiempo, conlleva problemas inéditos para la burguesía, pues los trabajadores pueden, en teoría, ocupar los cargos de gobierno en tanto ciudadanos. Como quiera que sea, la relación entre capitalismo y democracia es mucho más frágil que la que surge de las apariencias. Ahora bien, es esta situación la que no puede ser percibida por los argumentos mencionados en el cuarto punto de esta enumeración.

Finalmente, y esto se desprende de todo el argumento que desarrollé hasta aquí, el Estado capitalista y la forma democrática de gobierno no son un mero instrumento que cumple las demandas de la clase empresaria. Constituyen un espacio de lucha de clases, en el que se dirime la confrontación entre la hegemonía de los grupos dominantes y las tentativas contrahegemónicas de los trabajadores. Esto no significa que la instancia democrática suprima el carácter capitalista del Estado, sino que lo obliga a volver más complejas las formas por las que se asegura la puesta en práctica de la hegemonía empresaria. De todos modos, y esto no debe perderse de vista, el mecanismo fundamental de la dominación capitalista radica en la coerción económica y en la internalización de las disposiciones a la sumisión de los trabajadores.

[Continuará]

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010

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