LA MUERTE DEL FISCAL NISMAN

El fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación del atentado a la AMIA (julio de 1994) y quien presentó una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de los responsables del atentado, fue encontrado muerto en su domicilio en vísperas de presentarse en el Congreso, donde iba a defender su acusación contra la Presidenta. No es preciso abundar en la conmoción que produjo su muerte, que desató la crisis más importante del sistema político desde los hechos de diciembre de 2001.

El autor de este artículo no pretende esclarecer las circunstancias concretas del deceso del fiscal. Carece de información para ello y no quiere hacerle el coro a la confusión general. Prefiero concentrarme en una cuestión más general y que hace a la manera en que se encuentran estructuradas las relaciones de poder en Argentina. La muerte de Nisman está ligada a la relación de los servicios de inteligencia con el Estado argentino desde la restauración del régimen democrático en 1983.

En nuestro país existen varios servicios de inteligencia (los servicios a partir de aquí). El más importante de ellos es el SI (Servicio de Inteligencia, ex SIDE – Servicio de Inteligencia del Estado -). ¿Cuál es su cometido? Básicamente espiar a los ciudadanos y brindar esa información al personal político que detenta el control del Estado. O sea, su función es considerar a la población como un enemigo potencial, a quien debe vigilarse en todo momento. Para cumplir esta tarea, cuentan con presupuestos millonarios y con una plantilla numerosa, cosas particularmente escandalosas en un país donde, por ejemplo, los hospitales públicos carecen de equipamiento básico (como lo experimentó la propia Presidenta al sufrir una lesión en un pie y estar obligada a trasladarse desde Santa Cruz a Buenos Aires para recibir la atención adecuada).

Durante la dictadura militar de 1976-1983, los servicios jugaron un papel fundamental en la ofensiva contra los trabajadores y las organizaciones políticas revolucionarias. Como contrapartida, la derrota argentina en la guerra de Malvinas mostró, entre otras cosas, hasta qué punto los servicios eran inoperantes al tener que afrontar una amenaza externa. La dictadura dejó absolutamente en claro que los servicios actuaban en función de la lógica del enemigo interno, según la cual la propia población es el enemigo del Estado. No se trata de una lógica delirante. Todo lo contrario. Los servicios forman parte del aparato represivo del Estado, constituido, además, por las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y las policías provinciales, los servicios penitenciarios federal y provinciales, etc. Más allá de los matices, el Estado tiene como función primordial preservar el orden existente, es decir, el orden capitalista, con todas las relaciones de dominación que éste conlleva. En este sentido, los servicios proporcionan información al Estado sobre todos aquellos que cuestionan al orden capitalista. De ahí que los militantes de los partidos de izquierda, los militantes clasistas en el movimiento obrero, etc, etc., sean los principales objetivos de los espías. Las tareas de Inteligencia son indispensables para el sostenimiento del orden capitalista.

Pero los servicios han desempeñado otra función desde 1983. De Alfonsín para adelante, se encargaron de recopilar información sobre el conjunto de la oposición política y sobre los jueces, a los fines de proporcionar al gobierno de turno de una herramienta para extorsionar a los dirigentes opositores y a los magistrados. Lejos de ver menguado su poder, los servicios continuaron jugando un papel político fundamental en el escenario post dictadura. Ahora bien, estas funciones fueron llevadas a cabo por el mismo personal que se había encargado de las tareas represivas durante la dictadura. Antonio Stiusso, alias “Jaime”, agente de la SIDE (luego SI), jefe virtual del principal servicio del Estado argentino, permaneció en actividad desde la dictadura hasta 2014. Esta continuidad, sumada a los otros factores mencionados aquí, hizo que los servicios acrecentaran su poder mientras los gobiernos pasaban.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández no fueron la excepción en lo que hace a la utilización de los servicios. Las evidencias disponibles muestran que los utilizaron tanto contra la izquierda y el movimiento obrero (por ejemplo, el caso del famoso Proyecto X), como contra los jueces y los dirigentes políticos de la oposición burguesa. Hay que agregar que los dirigentes de dicha oposición, en los casos en los que ocuparon funciones de gobierno, armaron sus propias estructuras de espías con funciones semejantes a las de los servicios del Estado nacional (Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, procesado por el caso de las escuchas telefónicas, es el caso más escandaloso).

Como suele ocurrir, en épocas de crisis económica afloran todas las miserias del orden existente. La retracción del crecimiento económico y el hecho de que Cristina Fernández dejará el gobierno en diciembre de este año, debilitaron al kirchnerismo. La fragmentación de la oposición burguesa (Scioli, Macri, Massa) y la relativa lejanía de las elecciones, complican el cuadro, acotando la capacidad de control de la burguesía (ya sea del elenco gobernante como de la oposición que se prueba el traje de futuros gobernantes). Esto es especialmente visible en el caso de los servicios, debido a la interna entre el SI y la inteligencia militar, cuya cabeza es el actual jefe del Ejército, Milani. Frente a un poder estatal debilitado, los servicios cobran mayor autonomía y dirimen su interna apelando a los recursos a los que están acostumbrados, sólo que esta vez lo hacen a la luz del día. No se trata, por cierto, de que Argentina sea un país gobernado por los servicios; se trata de un contexto político particular, en el que los servicios han visto acrecentada su influencia de un modo desorbitado. Los cambios de gabinete efectuados por Cristina Fernández a fines del año pasado, centrados en el control del área de Inteligencia, son una muestra de la preocupación del kirchnerismo por esta situación. Por su parte, el caso Nisman indica que el kirchnerismo no ha tenido éxito en su intento de volver a controlar a los servicios.

La muerte del fiscal Nisman tiene poco y nada que ver con el caso AMIA. Al Estado argentino no le importa esclarecer el atentado. Desde 1994 a la fecha, todos los gobiernos que se sucedieron colaboraron en el encubrimiento de los hechos. Mientras tanto, los servicios incrementaron su poder y su capacidad de control sobre la población. La muerte de Nisman, en medio de una interna feroz entre los servicios, da la pauta de las dimensiones del problema. Pensar que las cosas se solucionarán con el recambio de gobierno es una utopía. En todo caso, la interna entre servicios pasará a dirimirse entre bastidores, dejando libre el centro de la escena política. Pero los servicios seguirán espiando a la militancia de izquierda, a los delegados clasistas, a los militantes barriales que no se encuadren con los punteros del PJ o del macrismo, etc. También continuarán espiando a jueces y dirigentes opositores burgueses. No es una deformación, es la naturaleza misma del Estado capitalista. En un país donde la desigualdad social es tan grande que permite que coexistan Puerto Madero y Nordelta con cientos de villas miserias y asentamientos, ¿puede esperarse otra cosa?

Villa del Parque, martes 20 de enero de 2015