En un discurso transmitido
ayer por cadena nacional, la Presidenta Cristina Fernández anunció el envío al
Congreso de un proyecto de ley por el que disuelve la SI (Secretaría de Inteligencia,
ex SIDE – Secretaría de Inteligencia del Estado -) y crea la Agencia Federal de
Inteligencia. Todo ello en el marco de la crisis desatada por la muerte del
fiscal Nisman.
Abordé el caso Nisman en un
artículo anterior; allí formulé el planteo general de la cuestión desde mi
punto de vista. Como la medida anunciada por la presidenta pretende ser una
respuesta a la crisis, es necesario efectuar un análisis de las implicancias de
la disolución de la SI.
Los Servicios de
Inteligencia actuales son producto de la dictadura militar de 1976-1983. El “jubilado”
Stiusso, virtual jefe de la SI durante todo el período kichnerista, revistaba
en los servicios durante la dictadura y continuó en funciones luego de la
restauración del régimen democrático. Esta característica impregna toda la
actividad de los servicios y se expresa en el hecho de que una de sus tareas
primordiales es la acumulación de información sobre la militancia de izquierda,
ya sea la de los partidos políticos de esa orientación o de la militancia clasista
en los sindicatos. Pero, además, los servicios llevan a cabo otra actividad que
hace que sean particularmente útiles para los gobiernos de turno, esto es,
espiar a la oposición burguesa y a los jueces. Néstor Kirchner y Cristina
Fernández aprovecharon al máximo esta segunda función de los servicios para
fortalecer su poder, con la aclaración de que en esto actuaron igual que todos
los gobiernos que los precedieron desde 1983 en adelante.
La crisis de sucesión
desatada a partir de la imposibilidad de Cristina Fernández de volver a
presentarse como candidata presidencial en las elecciones de este año, y la
incertidumbre acerca de su sucesor, desató una crisis en el seno de los
servicios. Ante la perspectiva de un cambio de gobierno, los servicios
comenzaron a poner fichas en los candidatos presidenciales, chocando con sus amos
de ayer. Como el mundo de los servicios es, por definición, un submundo
secreto, esta lucha se expresó de un modo sordo y por medio de terceras
personas. El descabezamiento de la SI, resuelto por la presidenta a finales del
año pasado, llevó la crisis a su punto álgido. La muerte de Nisman fue
consecuencia de ello.
La disolución de la SI es la
respuesta (tardía por cierto) de Cristina Fernández a la crisis. Mediante la creación
de un nuevo organismo de Inteligencia (la mencionada Agencia Federal de
Inteligencia), pretende depurar a los servicios
y restaurar el control sobre ellos. Las perspectivas de éxito de esta
medida parecen, cuanto menos, dudosas, dado que se trata de un gobierno que se
retira en diciembre de este año, y de que la medida en sí parece, a simple
vista, más un manotazo de ahogado que una respuesta coherente frente al
problema. Es lícito preguntarse por qué la creación de un nuevo organismo
habría de resolver una crisis que es producto de una política que atraviesa
todo el mandato de los Kirchner, la cual consistió en fortalecer a los
organismos de Inteligencia y emplearlos como herramienta de poder.
Sin embargo, hay una
cuestión más importante, ausente en el discurso de ayer de la presidenta. Los
servicios no giran en el vacío. La fortaleza adquirida por los mismos durante
la dictadura y conservada (y aún incrementada) en el período democrático no es
casualidad ni tampoco el fruto exclusivo de la necesidad de cada gobierno de
turno de asegurar su poder controlando a la oposición. Es una consecuencia
directa de las relaciones de fuerza entre las clases en la sociedad argentina.
La dictadura de 1976-1983 significó una derrota formidable del movimiento
obrero y se expresó en un incremento significativo de la desigualdad social.
Los gobiernos que se sucedieron a partir de 1983 no disminuyeron esa
desigualdad; todo lo contrario, la misma se cristalizó y profundizó. Sin ir más
lejos, la “década ganada” del kirchnerismo, con sus elevadas tasas de crecimiento
económico, dejó como herencia más de un tercio de los trabajadores en
condiciones de “no registro”, es decir, sin aportes al sistema de seguridad
social y por fuera de los convenios colectivos.
En un país donde la
desigualdad social alcanza niveles nunca vistos anteriormente (compárese los
miles y miles de asentamientos y villas miserias con los barrios privados de la
burguesía), los servicios resultan imprescindibles. En otras palabras, el
capitalismo argentino no puede funcionar sin servicios que espíen a la
población. Por eso, toda iniciativa dirigida a reformar a los servicios está
condenada al fracaso en la medida en que no sea destruida una situación social
que requiere de la existencia de los servicios.
El problema no radica en que
gobiernen los servicios; el problema consiste en que gobierna la burguesía.
Villa Jardín, martes
27 de enero de 2015
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