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martes, 27 de enero de 2015

LA DISOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA

En un discurso transmitido ayer por cadena nacional, la Presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley por el que disuelve la SI (Secretaría de Inteligencia, ex SIDE – Secretaría de Inteligencia del Estado -) y crea la Agencia Federal de Inteligencia. Todo ello en el marco de la crisis desatada por la muerte del fiscal Nisman.

Abordé el caso Nisman en un artículo anterior; allí formulé el planteo general de la cuestión desde mi punto de vista. Como la medida anunciada por la presidenta pretende ser una respuesta a la crisis, es necesario efectuar un análisis de las implicancias de la disolución de la SI.

Los Servicios de Inteligencia actuales son producto de la dictadura militar de 1976-1983. El “jubilado” Stiusso, virtual jefe de la SI durante todo el período kichnerista, revistaba en los servicios durante la dictadura y continuó en funciones luego de la restauración del régimen democrático. Esta característica impregna toda la actividad de los servicios y se expresa en el hecho de que una de sus tareas primordiales es la acumulación de información sobre la militancia de izquierda, ya sea la de los partidos políticos de esa orientación o de la militancia clasista en los sindicatos. Pero, además, los servicios llevan a cabo otra actividad que hace que sean particularmente útiles para los gobiernos de turno, esto es, espiar a la oposición burguesa y a los jueces. Néstor Kirchner y Cristina Fernández aprovecharon al máximo esta segunda función de los servicios para fortalecer su poder, con la aclaración de que en esto actuaron igual que todos los gobiernos que los precedieron desde 1983 en adelante.

La crisis de sucesión desatada a partir de la imposibilidad de Cristina Fernández de volver a presentarse como candidata presidencial en las elecciones de este año, y la incertidumbre acerca de su sucesor, desató una crisis en el seno de los servicios. Ante la perspectiva de un cambio de gobierno, los servicios comenzaron a poner fichas en los candidatos presidenciales, chocando con sus amos de ayer. Como el mundo de los servicios es, por definición, un submundo secreto, esta lucha se expresó de un modo sordo y por medio de terceras personas. El descabezamiento de la SI, resuelto por la presidenta a finales del año pasado, llevó la crisis a su punto álgido. La muerte de Nisman fue consecuencia de ello.

La disolución de la SI es la respuesta (tardía por cierto) de Cristina Fernández a la crisis. Mediante la creación de un nuevo organismo de Inteligencia (la mencionada Agencia Federal de Inteligencia), pretende depurar a los servicios  y restaurar el control sobre ellos. Las perspectivas de éxito de esta medida parecen, cuanto menos, dudosas, dado que se trata de un gobierno que se retira en diciembre de este año, y de que la medida en sí parece, a simple vista, más un manotazo de ahogado que una respuesta coherente frente al problema. Es lícito preguntarse por qué la creación de un nuevo organismo habría de resolver una crisis que es producto de una política que atraviesa todo el mandato de los Kirchner, la cual consistió en fortalecer a los organismos de Inteligencia y emplearlos como herramienta de poder.

Sin embargo, hay una cuestión más importante, ausente en el discurso de ayer de la presidenta. Los servicios no giran en el vacío. La fortaleza adquirida por los mismos durante la dictadura y conservada (y aún incrementada) en el período democrático no es casualidad ni tampoco el fruto exclusivo de la necesidad de cada gobierno de turno de asegurar su poder controlando a la oposición. Es una consecuencia directa de las relaciones de fuerza entre las clases en la sociedad argentina. La dictadura de 1976-1983 significó una derrota formidable del movimiento obrero y se expresó en un incremento significativo de la desigualdad social. Los gobiernos que se sucedieron a partir de 1983 no disminuyeron esa desigualdad; todo lo contrario, la misma se cristalizó y profundizó. Sin ir más lejos, la “década ganada” del kirchnerismo, con sus elevadas tasas de crecimiento económico, dejó como herencia más de un tercio de los trabajadores en condiciones de “no registro”, es decir, sin aportes al sistema de seguridad social y por fuera de los convenios colectivos.

En un país donde la desigualdad social alcanza niveles nunca vistos anteriormente (compárese los miles y miles de asentamientos y villas miserias con los barrios privados de la burguesía), los servicios resultan imprescindibles. En otras palabras, el capitalismo argentino no puede funcionar sin servicios que espíen a la población. Por eso, toda iniciativa dirigida a reformar a los servicios está condenada al fracaso en la medida en que no sea destruida una situación social que requiere de la existencia de los servicios.
  
El problema no radica en que gobiernen los servicios; el problema consiste en que gobierna la burguesía.


Villa Jardín, martes 27 de enero de 2015

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