FICHA: MARSHALL, T. H. "CIUDADANÍA Y CLASE SOCIAL" (1950)

Noticia bibliográfica:

Para la redacción de esta ficha utilicé la traducción española de Pepa Linares, incluida en: Marshall, T. H. y Bottomore, Tom. (1998). [1° edición: 1992]. Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza (pp. 13-82).

Este ensayo fue redactado por T. H. Marshall con motivo de su intervención en las Conferencias Alfred Marshall, Cambridge, 1949.

Advertencia:

Los pasajes entre corchetes corresponden a comentarios del autor de esta ficha de lectura.

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La obra se divide en cuatro apartados y las conclusiones. En el primero se presenta el problema a trabajar; los dos siguientes presentan el desarrollo histórico de los elementos que componen la ciudadanía; el cuarto analiza la evolución de los derechos sociales en el siglo XX.

Un par de citas para la comprensión del contexto en que escribe T. H. Marshall: “El sistema moderno es francamente un sistema socialista (….) Pero no es menos cierto que el mercado funciona aún, a pesar de ciertas limitaciones.” (p. 22). El Estado inglés es “un Estado democrático socialista.” (p. 62). [El autor identifica la planificación económica (heredada de la política económica seguida durante la Segunda Guerra Mundial) con el socialismo, sin tener en cuenta que la misma puede considerarse como un capitalismo de Estado. En otras palabras, identifica al socialismo con la planificación estatal y no con la abolición de la propiedad privada.]

Objetivo del ensayo: “demostrar de qué modo la ciudadanía, junta a otras fuerzas externas a ella, ha modificado el modelo de desigualdad.” (p. 74).

Definiciones de conceptos fundamentales:

Ciudadanía = “es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. (…) las sociedades donde la ciudadanía es una institución en desarrollo crean la imagen de una ciudadanía ideal que sirve para calcular el éxito y es objeto de aspiraciones.” (p. 37).

Clase social = “es un sistema de desigualdad que, al igual que la ciudadanía, puede basarse en un cuerpo de ideales, creencias y valores.” (p. 37).

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1.    El problema que ayudó a plantear Alfred Marshall (pp. 15-22)

El disparador del texto es una comunicación del economista Alfred Marshall (1842-1924), presentada en el Reform Club de Cambridge, en 1873. A. Marshall se planteó el problema de saber si el progreso económico y tecnológico terminaría por hacer que todo hombre fuera un caballero [Un individuo civilizado y culto, en el sentido en que se entendían estas palabras en la Inglaterra victoriana], manteniéndose la desigualdad social y el libre mercado. (1) Su respuesta fue afirmativa. (p. 17-18).

La hipótesis sociológica subyacente al análisis de A. Marshall era: “la existencia de una igualdad humana básica asociada al concepto de la pertenencia plena a una comunidad – yo diría, a la ciudadanía – que no entra en contradicción con las desigualdades que distinguen los niveles económicos de la sociedad. En otras palabras, la desigualdad del sistema de clases sería aceptable siempre que se reconociera la igualdad de la ciudadanía.” (p. 21).

T. H. Marshall retoma el problema de su tocayo y lo formula para la sociedad actual en forma de cuatro preguntas [A las que da respuesta en las conclusiones]:

I] ¿Sigue siendo cierto que la igualdad básica, enriquecida en lo sustancial y expresada en los derechos formales de la ciudadanía, es compatible con las desigualdades de clase?

Rta: Se sigue aceptando esa compatibilidad. “A mi parecer, el enriquecimiento del estatus de soberanía ha hecho más difícil conservar las desigualdades económicas, porque les deja menos espacio y aumenta las probabilidades de luchar contra ellas. En cualquier caso, hoy actuamos dando por supuesto la validez de la hipótesis” (p. 76).

II] ¿Sigue siendo cierto que se puede obtener y conservar esa igualdad básica sin invadir la libertad del mercado competitivo?

Rta: No se persigue la igualdad absoluta. El movimiento igualitario actúa de manera doble: a) a través de la ciudadanía; b) a través del sistema económico [acción de los sindicatos]. En ambos casos se procura eliminar las desigualdades que no son consideradas legítimas. El modelo de legitimidad es distinto en uno y otro caso. En a, la justicia social; en b, la justicia social combinada con la necesidad económica. (p. 76). Esa discordancia puede tener como consecuencia que sobrevivan distinciones de clase que carecen de función económica propia, y diferencias económicas que no se correspondan con las distinciones de clase aceptadas. (p. 76).

Pero la vigencia plena de los derechos sociales reduce el incentivo a trabajar. En este sentido, opera en contra del mercado competitivo.

III] ¿Qué efectos tiene el rotundo cambio de énfasis de las obligaciones a los derechos? ¿Se trata de un aspecto inevitable – inevitable e irreversible – de la ciudadanía moderna?

El desarrollo de los derechos sociales en el siglo XX, que permitió el aumento del nivel de vida de la clase trabajadora, redujo los incentivos a trabajar, pues desde el principio quedaba asegurado un piso mínimo de ingresos. La comunidad nacional resulta demasiado grande y demasiado remota como para imprimir en el individuo el espíritu de las obligaciones y asegurar que siga esforzándose en producir. Sugiere que la ciudadanía industrial [ver el apartado 3, p. 49] , mucho más limitada en cuanto a las unidades abarcadas, podría reemplazar a la ciudadanía política en el plano de las obligaciones. (p. 78).

IV] ¿Hay límites que la tendencia actual a la igualdad social no puede traspasar, o es poco probable que traspase, pensando, no en el coste económico (…) sino en los límites inherentes a los principios que la inspiran?

Ver la respuesta a la primera pregunta.

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2.    El desarrollo de la ciudadanía hasta finales del siglo XIX (pp. 22-36)

Propone una división de la ciudadanía en tres partes o elementos:

A] Elemento civil: Se compone de los elementos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia. Este último es el derecho a defender y hacer valer el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás, mediante los procedimientos legales correspondientes. Instituciones: tribunales de justicia. (p. 23).

B] Elemento político: derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembros de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros. Instituciones: Parlamento, juntas de gobierno local. (p. 23).

C] Elemento social: abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Instituciones: sistema educativo y los servicios sociales. (p. 23).

La división en elementos también es cronológica. Los derechos civiles corresponden al siglo XVIII; los políticos, al XIX; los sociales, al XX. (p. 31).

En el período medieval, los tres elementos de la ciudadanía estaban entremezclados. Por tanto, “la evolución de la ciudadanía implicó un doble proceso de fusión y separación. La fusión fue geográfica; la separación, funcional.” (p. 24). La fusión implicó la aparición de una autoridad nacional, que suprimiera o limitara las autoridades locales. La separación, implicó la división progresiva de los tres elementos y la aparición de instituciones específicas para cada uno de ellos.” (p. 24).

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3.    La temprana influencia de la ciudadanía en la clase social (pp. 36-50)

A partir de las definiciones de ciudadanía y clase social, establece que ambos se fundan en principios opuestos (Igualdad vs. Desigualdad). No obstante, la evolución de la ciudadanía se dio en los siglos XVII y XVIII, en coincidencia con el auge del capitalismo. Se trata de mostrar cómo fue esto posible, habida cuenta que durante el siglo XX ambos principios estuvieron en guerra. (p. 37-38).

Hay que distinguir dos tipos diferentes de clase social:

A] Clase basada en una jerarquía de estatus. Las diferencias se expresan en derechos legales y en ciertas costumbres establecidas que funcionan con el rango de leyes. En su forma extrema, divide a la sociedad en comunidades humanas hereditarias (Ej., patricios y plebeyos). “La clase es, ahora y siempre, una institución por derecho propio, y la estructura en su conjunto tiene el carácter de un proyecto, puesto que está dotada de sentido y finalidad,  y se acepta como orden natural. La civilización expresa, en cada nivel, ese sentido y ese orden, y las diferencias entre los niveles sociales no son diferencias en el nivel de vida, porque no existe un estándar común para medirlas. Ni existen tampoco derechos (…) que todos compartan.” (p. 38). La ciudadanía es destructiva para este tipo de clase social. (p. 38).

B] Clase como producto secundario de otras instituciones. Las diferencias de clase no se establecen ni definen mediante leyes ni costumbres. Surgen de la interacción de factores relacionados con las instituciones de la propiedad, la educación y la estructura de la economía nacional. Las culturas de clase se reducen al mínimo. Es posible calcular los distintos niveles de bienestar económico con referencia a un modelo común de vida.” (p. 39).

Como se indicó, durante la etapa de expansión de los derechos civiles, éstos no chocaron con el capitalismo. Más allá de que dichos derechos expandían la ciudadanía, también es verdad que eran necesarios para el capitalismo, pues “permitían conservar esa forma concreta de desigualdad [el régimen económico capitalista] (…) el núcleo de la ciudadanía en aquella fase estaba compuesto por los derechos civiles, y los derechos civiles resultaban indispensables para la economía competitiva de mercado, porque daban a cada persona, como parte de su estatus individual, la capacidad de implicarse como unidad independiente en la lucha económica, y hacían posible que se le denegara la protección social con la excusa de que existían medios para que se protegiera ella sola.” (p. 41).

Lo dicho en el párrafo anterior se nota en la función del contrato: “El contrato moderno no nació del contrato feudal, sino que marcó un nuevo desarrollo para cuyo progreso el feudalismo constituía un obstáculo. El contrato moderno es esencialmente un acuerdo entre hombres libres e iguales en estatus, aunque no necesariamente en poder. El estatus no quedó eliminado del sistema social. El estatus diferencial, vinculado a la clase, la función y la familia, fue sustituido por el estatus simple y uniforme de la ciudadanía, que proporcionó una base de igualdad sobre la que elevar una estructura de desigualdad.” (p. 41-42).

Durante los siglos XVIII y XIX no existía la igualdad ante la ley; existía el derecho, pero las reparaciones eran con frecuencia inalcanzables, tanto por prejuicio y parcialidad de clase, como por la distribución desigual de la riqueza a través del sistema de precios. (p. 42).

La situación cambió cuando se desarrolló una conciencia nacional. “La ciudadanía requiere otro vínculo de unión distinto [ a la ficción del parentesco común vigente en el feudalismo], un sentimiento directo de pertenencia a la comunidad basada en la lealtad a una civilización que se percibe como un patrimonio común. Es una lealtad de hombres libres, dotados de derechos y protegidos por un derecho común.” (p. 46-47).

A fines del siglo XIX se reconoció el derecho a la negociación colectiva. El Estado la concibió como una ampliación de los derechos civiles, claro que en la esfera económica. Sin embargo, al permitir que los sindicatos negociaran como grupo, dejando de la lado la negociación individual, “para los obreros estos derechos civiles se convirtieron en un medio de elevar su estatus económico y social, es decir, de establecer la aspiración de que ellos, en tanto que ciudadanos, disfrutaban de ciertos derechos sociales. Pero los derechos sociales se establecen en el ejercicio del poder político, porque aquéllos implican un derecho absoluto a cierto nivel de civilización que sólo depende de que se cumplan los deberes generales de la ciudadanía. Su contenido no depende del valor económico del reclamante individual; por tanto, hay una diferencia significativa entre una negociación colectiva genuina, por la que las fuerzas en un mercado libre buscan el equilibrio, y el empleo de los derechos civiles colectivos para plantear requerimientos básicos relativos a la justicia social.” (p. 49). Los sindicatos construyeron un sistema de ciudadanía industrial, complementario al sistema de la ciudadanía política. (p. 49).

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4.    Los derechos sociales en el siglo XX (pp. 51-74)

La ciudadanía creció, pero no tuvo efectos significativos sobre la desigualdad social. “Los derechos civiles conferían poderes legales cuya utilización quedaba drásticamente limitada por los prejuicios de clase y la falta de oportunidades económicas. Los derechos políticos proporcionaban un poder potencial cuyo ejercicio ejercía experiencia, organización y un cambio de ideas respecto a las funciones adecuadas de un gobierno.” (p. 51).

La situación comenzó a modificarse a finales del siglo XIX. Una serie de factores redujeron los niveles de desigualdad: a) un aumento de las rentas monetarias distribuido desigualmente entre las clases sociales hizo que disminuyera la separación entre mano de obra calificada y no calificada; entre aquellos y los trabajadores no manuales. Además, el aumento del pequeño ahorro redujo la distancia entre el capitalista y el proletario carente de propiedades; b) sistema de impuestos directos cada vez más escalonado que comprimió la escala total de las rentas disponibles; c) la producción masiva para el mercado nacional permitió a los pobres disfrutar de una riqueza material que se distinguía de los ricos menos que en cualquier otra época anterior.” (51).

Los cambios materiales enunciados en el párrafo precedente permitieron lo siguiente: “La integración social se extendió de la esfera del sentimiento y el patriotismo a la del disfrute material. Los componentes de una vida culta y civilizada, se pusieron paulatinamente al servicio de las masas, que de ese modo se sentían estimuladas a extender las manos hacia quienes aún se negaban a estrechárselas.” (p. 52).

Los derechos sociales se incorporaron al estatus de la ciudadanía. Esto “creó el derecho universal a una renta real que no está en proporción con el valor de mercado de quien la disfruta”. (p. 52). Ya no se trata de eliminar la miseria más aguda, sino de modificar “el modelo global de la desigualdad social. Ya no basta con elevar el nivel más bajo de todo el edificio social, dejando intacta la superestructura. Ahora se ha comenzado a remodelar todo el edificio” (p. 52). Ahora bien, “importa mucho considerar si una meta final de esta naturaleza está implícita en el desarrollo, o si (…) existen unas limitaciones naturales para la tendencia contemporánea a una mayor igualdad económica y social.” (p. 52).

Para ejemplificar la nueva actitud ante los derechos sociales y el intento de eliminar las barreras que limitan su ejercicio, describe la Legal Aid and Advice Bill, dirigida a proporcionar un servicio social para consolidar el derecho civil del ciudadano a plantear sus disputas ante un tribunal. (p. 52-56). Se basa en el principio de la escala de precios. (p. 57).

El principio más utilizado por los servicios sociales es el del mínimo garantizado: “el Estado garantiza una provisión mínima de bienes y servicios esenciales (asistencia médica y suministros de otro tipo, casa y educación) o una renta monetaria mínima para gastos de primera necesidad, como en el caso de las pensiones de los ancianos, subsidios sociales y familiares.” (p. 57).

¿Cuál es el objetivo de los servicios sociales?

“La extensión de los servicios sociales no es, en principio, un medio de igualar las rentas. (…) lo que importa es que se produzca un enriquecimiento general del contenido concreto de la vida civilizada, una reducción generalizada del riesgo y la inseguridad, una igualación a todos los niveles entre los menos y los más afortunados (…) La igualación no se produce tanto entre las clases como entre los individuos dentro de una población que, a este propósito, consideramos ya como una clase. La igualdad de estatus es más importante que la igualdad de rentas.” (p. 59; el resaltado es mío – AM-). “La norma del bienestar común no es la compra del servicio, sino la provisión del mismo.” (p. 61). [Refiriéndose a la selección en el ámbito de la educación]: “El derecho del ciudadano en este proceso de selección es un derecho a la igualdad de oportunidades, con objeto de eliminar los privilegios de la herencia.” (p. 67).

La obligación del Estado es para toda la sociedad, no para los ciudadanos individuales. Esto significa que debe conservar un equilibrio entre derechos sociales colectivos y derechos individuales. La eliminación progresiva de la desigualdad por el Estado puede acarrear reforzamientos provisorios de las diferencias sociales, que serán subsanados a medida que se desarrolle la política para erradicar la desigualdad. (p.62).

Algunos ejemplos de lo expuesto en el párrafo anterior. El caso de la vivienda (p. 62-64); el caso de la educación (p. 64-66).

¿Cuál es el efecto de los servicios sociales sobre la estructura de clases?

Luego de examinar la cuestión de la educación, concluye: “a través de las relaciones de la educación con la estructura ocupacional, la ciudadanía actúa como un instrumento de estratificación social. (…) El estatus que se adquiere con la educación encuentra en el mundo un marchamo de legitimidad porque se ha concedido por una institución creada para dotar al ciudadano de los derechos que le asisten.” (p. 68).

Los derechos sociales no eliminan, pues, la estructura de clases. Sin embargo, “los derechos sociales en su forma moderna suponen una invasión del contrato por el estatus, la subordinación del precio de mercado a la justicia social, la sustitución de la libre negociación por la declaración de derechos.” (p. 69).

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Conclusiones (pp. 74-82)

Están dedicadas a examinar las consecuencias de la extensión de la ciudadanía para la estructura de la clase social. Se limita a formular algunas observaciones a modo de respuesta a las cuatro preguntas planteadas al principio del ensayo. (p. 74).

Villa del Parque, lunes 16 de mayo de 2016

NOTAS:

(1)  En este punto corresponde aclarar que T. H. Marshall (como su predecesor del mismo apellido) consideran que la desigualdad es “necesaria y útil, porque proporciona incentivos para el esfuerzo y estructura la distribución del poder.” (p. 39).