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viernes, 17 de octubre de 2014

LUCIANO ARRUGA

En la Universidad se aprende a tomar distancia de los sufrimientos generados por la estructura social que nos ha tocado vivir. Este distanciamiento se manifiesta, entre otras cosas, en la utilización de un lenguaje aséptico, desprovisto de asperezas e ironías. Expresar sentimientos es el colmo de la herejía y es considerado como un indicador de la incapacidad de pensar científicamente. Los pobres son buenos en la medida en que sirvan de material de estudio para ganar becas y financiamiento para programas de investigación. Eso sí, tienen que estar en una “jaula” y a una prudente distancia del investigador.

El asesinato de Luciano Arruga no puede ser tratado siguiendo las reglas de juego académicas. Hacerlo implicaría una falta de respeto hacia Luciano, su familia y todos aquellos que lucharon en estos años por esclarecer su desaparición. Sería convalidar la gigantesca operación de encubrimiento en la que están involucrados la policía, la justicia y los políticos de la burguesía.

Luciano Arruga tenía dos defectos: ser joven y ser pobre. A los 16 años era hostigado por la policía de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que saliera a robar en beneficio de ella. Negarse a hacerlo le ocasionó detenciones y torturas. Finalmente fue secuestrado, torturado y asesinado por la policía. Hasta hoy, nada se sabía del destino de su cuerpo. Fue hallado en el Cementerio de Chacarita, donde estaba enterrado como NN.

La suerte de Luciano no es obra de la casualidad o el producto de la maldad de un grupo de policías perversos. Es expresión de la realidad cotidiana de los jóvenes trabajadores en nuestro país. Ser joven y pobre equivale a no concurrir a la universidad, a terminar a duras penas la escuela secundaria y a conseguir trabajos de baja calificación por salarios miserables (cuando no a ocuparse en los circuitos ilegales de la actividad económica). Los pobres están para ser usados por los poderosos, sean estos empresarios, policías, políticos o traficantes de drogas. Los pobres son cosas que sirven en la medida en que puede obtenerse de ellos algún beneficio. Para la policía, Luciano merecía vivir en la medida en que robara para ellos. Si no lo hacía, no tenía sentido que siguiera vivo. Así de simple.

Luciano, torturado y asesinado, muestra a las claras los límites de la política de Derechos Humanos del kirchnerismo. Dicha política está siempre dirigida al pasado, y nunca al presente. Luciano fue torturado y asesinado porque la tortura y el gatillo fácil son prácticas cotidianas del aparato represivo del Estado argentino. Pero estas prácticas son “invisibles” porque están dirigidas contra trabajadores, jóvenes y pobres, jamás contras las clases dominantes o las capas medias. Como todos sabemos, los pobres son “invisibles”; su suerte individual no le importa a la burguesía, porque el país está lleno de pobres. Sobran.

La democracia, la protección del derecho, no cuentan para los jóvenes como Luciano. Estos saben desde muy temprano que sólo cuentan con sí mismos y con sus amigos. Todas las políticas sociales desde 1983 hasta ahora tuvieron como objetivo principal mantener controlada a la pobreza, no disminuirla o suprimirla.
La democracia, entendida como participación efectiva en el gobierno, no incluye a los jóvenes como Luciano. Por el contrario, los expulsa y/o mantiene a raya, para lograr así que el gobierno sea ejercido exclusivamente por la burguesía y su troupe de políticos más o menos corruptos. El caso Luciano indica , a través de los mecanismos de protección judicial a los policías, de la connivencia de políticos, jueces y funcionarios de salud, cuál es el destino que nuestra democracia le reserva a los trabajadores.
Luciano muestra cuál es el papel de la policía y demás órganos de seguridad en nuestro país. Si en los boliches se vende droga, la policía lo sabe. Si la policía lo sabe y no hace nada, es porque obtiene algún beneficio. Si hay prostíbulos, la policía lo sabe. Si lo sabe y no hace nada es porque se beneficia con la existencia de prostíbulos. Dos más dos es cuatro. La policía no sólo se ocupa de mantener a raya a los indeseables, sino que también proporciona protección a todos los negocios ilegales de la burguesía. Cuando Luciano se negó a robar, pecó contra las leyes sacrosantas de nuestra burguesía, cuya búsqueda de ganancias sólo puede compararse a su carácter despiadado al momento de reprimir cualquier tentativa contra su dominación.

El cuerpo de Luciano fue encontrado gracias a la tenacidad de la lucha de sus familiares y de algunos organismos de derechos humanos. El Estado, tanto el nacional como el provincial, optó por mirar para otro lado. No hay casualidades. El Estado requiere de la existencia de la pobreza para poder justificar su existencia. Así puede desplegar su doble actividad de represión y asistencialismo.

Luciano, Melina Romero y tantos otros, son las víctimas de un sistema basado en la cosificación de las personas y en la utilización de las mismas para obtener ganancias. Como cosas, las personas pueden ser descartadas y tiradas a un arroyo o a un cementerio. El capitalismo no es nada más ni nada menos que esto. Lejos de ser producto de una perversión, la suerte de Luciano expresa de un modo concentrado  la normalidad del sistema social en que vivimos.

Policías, jueces, funcionarios de hospitales y de cementerios, políticos. Todos ellos intervinieron en el crimen de Luciano. Para evitar que haya otros Lucianos, los trabajadores sólo cuentan con ellos mismos. No se puede confiar en las instituciones que se nutren de la desigualdad.

Luciano murió a manos de una manga de hijos de puta. Pero esos hijos de puta expresan la normalidad del sistema capitalista. Sólo la lucha de los trabajadores puede quebrar esa normalidad.


Buenos Aires, viernes 17 de octubre de 2014

domingo, 10 de agosto de 2014

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA DEL PHOTOSHOP

En estos días está de moda hablar de derechos humanos. Por eso, y a sabiendas de que lo que voy a decir resultará desagradable para algunos, es conveniente recordar algunas cuestiones pasadas y presentes.

Las luchas entre capital y trabajo ponen al desnudo las miserias y contradicciones de nuestra sociedad. No es casualidad, puesto sobre el antagonismo entre empresarios y trabajadores se encuentra edificado todo el orden social. Esta afirmación puede sonar anticuada al lector, sobre todo si se trata de un estudiante o de un graduado en alguna de las ciencias sociales. Capitalismo, clase social, lucha de clases, explotación, constituyen categorías de las que no se habla o que se esconden debajo de la alfombra. No se trata, por cierto, de que las ciencias sociales hayan refutado al marxismo. Por el contrario, es cuestión de comodidad o, dicho en criollo, de “hacerse amigo del juez”. Así, declararse defensor de la Patria Grande o de la liberación latinoamericana no compromete a nada. En cambio, poner el cuerpo en una huelga trae consecuencias concretas, como los palazos y gases lacrimógenos de la policía, la cárcel y el procesamiento, la incorporación a listas negras de variada índole y otros simpáticos procedimientos. Los empresarios, la gendarmería, la policía, saben por instinto y por interés, dónde está lo importante en nuestra sociedad. Así, cuando los obreros toman una planta fabril o pretenden impugnar el sacrosanto derecho empresarial a despedir trabajadores, se convierten en delincuentes que hay que castigar cueste lo que cueste.

En nuestra sociedad “está permitida” casi cualquier cosa… menos tocar la propiedad privada de los medios de producción. Es más, hay una prohibición tácita a hablar de esta propiedad privada. Quien piense que esta afirmación es exagerada, puede hacer el ejercicio de revisar los diarios, los programas televisivos y las emisiones radiales, y constatar si en ellos se habla de propiedad privada o de proceso de trabajo.

Los conflictos obreros ponen a prueba en qué medida un gobierno respeta los derechos humanos. Cuanto más intensa es la lucha de los trabajadores, más se resquebraja la apariencia de defensa de esos derechos.




Esta semana fue recuperado el nieto de Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El reencuentro de Guido con Estela fue aplaudido por los medios oficialistas (Página/12) y por los medios “opositores” (Clarín y La Nación). La presidenta Cristina Fernández recibió en la residencia de Olivos a Guido (el nieto recuperado) y a Estela. Se habló de triunfo del amor, se dijo que el kirchnerismo había hecho posible el reencuentro de los nietos con sus abuelos, etc., etc.

Por enésima vez se repitió la historia de la defensa de los derechos humanos por el kirchnerismo.




El viernes 8 de agosto, la nieta recuperada Victoria Moyano Artigas participaba de una manifestación en contra de los despidos realizados por la empresa de autopartes Lear, una multinacional de origen norteamericano. La Gendarmería irrumpió en el auto en que viajaba junto a otros compañeros, rompió los vidrios del mismo, tiró gas pimienta dentro del vehículo y finalmente la detuvo junto a Guillermo Pistonesi (presidente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Patricio del Corro (dirigente del PTS) y María Chávez (investigadora del CONICET). Los detenidos fueron llevados al Departamento de Gendarmería de General Pacheco y liberados la noche del mismo día.

¿Cómo es posible que el mismo día que un nieto recuperado era recibido por la Presidenta, otra nieta sufría violencia y prisión a manos de una fuerza de seguridad dependiente de esa misma Presidenta?

La explicación debe buscarse en la naturaleza del kirchnerismo. En 2003, Néstor Kirchner llegó a la presidencia con poco más de un 20 % de los votos emitidos. Sin un aparato nacional, sometido al control de Duhalde, quien fue el padrino de su candidatura, Kirchner debió encarar la tarea de construir apoyo para su política. En este punto se produjo la conexión entre kirchnerismo y derechos humanos. Kirchner vio que levantar la bandera de los derechos humanos le generaba grandes beneficios con un gasto ínfimo de su capital político. En 2003 los militares genocidas de la última dictadura eran cadáveres políticos a los que casi nadie quería defender. En 2003 pegarle a los militares era tarea sencilla, que no acarreaba ninguna consecuencia peligrosa y que, en cambio, vendía mucho entre las capas medias progresistas, ansiosas de defender causas nobles sin tener que poner en riesgo ni sus propiedades ni su integridad física. En pocas palabras, proponer juicios a los militares y reivindicar un setentismo descafeinado era la manera rápida de ganar apoyo entre el progresismo y los intelectuales.

Lo expuesto en el párrafo anterior se refiere al carácter general de la política de derechos humanos del kirchnerismo. No implica negar que dicha política haya tenido algunos aspectos positivos (que fueron, por cierto, producto de la lucha sostenida por décadas por los organismos de derechos humanos). Supone, en cambio, marcar los límites de esta política.

El kirchnerismo restringió el alcance de su política de derechos humanos a las causas derivadas de la dictadura militar de 1976-1983. Su combate contra el terrorismo de Estado tuvo amplias limitaciones. Por ejemplo, no abarcó la acción de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en el período 1974-1975, acción que contó en sus orígenes con el aval de Juan Domingo Perón. Tampoco abarcó las torturas y ejecuciones sumarias cometidas por la policía contra pobres y/o jóvenes. Los “delincuentes comunes” no son aptos para la defensa de los derechos humanos emprendida por el kirchnerismo.

El kirchnerismo procuró captar el apoyo de los organismos de derechos humanos, en especial Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Con algunas concesiones, dinero y otras prebendas, consiguió el apoyo de varios dirigentes, sobre todo de Hebe de Bonafini y de Estela de Carlotto. El kirchnerismo, con poco esfuerzo, logró así una cara amable, a imagen y semejanza de los deseos del progresismo argentino.




Pero la cara amable del kirchnerismo tiene mucho de photoshop.

El caso Lear demuestra que las cosas son un poco diferentes. Los trabajadores de Lear están luchando por la defensa de sus puestos de trabajo. Pocas cosas hay más terribles para un trabajador que el despido. Es cierto que los funcionarios ignoran estas cosas, acostumbrados como están a vivir de los fondos públicos y a almorzar y/o cenar con empresarios. La empresa desoyó varias resoluciones judiciales que la obligaban a reincorporar a los despedidos. Los obreros fueron puestos contra la pared: o luchaban o quedaban en la calle en un contexto de crisis económica.

Los trabajadores de Lear, apoyados por los partidos de izquierda (se entiende, la izquierda clasista, no el progresismo que dice ser de izquierda y mira con desprecio a los trabajadores), fueron reprimidos en varias oportunidades por las fuerzas de seguridad. Para el kirchnerismo, los derechos humanos se aplican hacia el pasado, no en el presente. Por lo menos, no tienen vigencia en el caso de los trabajadores de Lear y de tantos otros lugares.

Es bueno recordar que Lear es una empresa norteamericana. El mismo gobierno que dice luchar contra los “fondos buitres”… pagando hasta el último centavo y más de la deuda externa contraída por los milicos de la dictadura y por el peronismo menemista de los años 90, aplica generosamente palos contra los trabajadores que enfrentan a una corporación norteamericana.

La lucha de los trabajadores de Lear no fue acompañada por los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo.  Ni Hebe ni Estela dijeron una palabra a favor de los trabajadores. Tampoco se manifestaron en contra de la detención de Victoria ni de los demás detenidos. Para ellas, la defensa de los derechos humanos quedó congelada en el período de la dictadura. Los apaleados y torturados actuales no merecen una marcha de los jueves. Ese es el precio a pagar por las prebendas que ofrece el kirchnerismo.




No todo es photoshop. Mientras estaba detenida, Victoria fue visitada por Mirta Baravalle, una de las fundadoras de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Mirta, con 89 años, tiene claro que los derechos humanos no son cosa del pasado. También estuvieron presentes Nora Cortiñas y Elia Espen.

El encuentro entre Mirta y Victoria, en una dependencia de Gendarmería, es todo un símbolo. Defender los derechos humanos implica poner el cuerpo y acompañar las luchas de los trabajadores. Es, además, un homenaje a la memoria de tantos compañeros que dieron su vida en la lucha contra el capital.

Porque, guste o no, la dictadura militar fue una ofensiva gigantesca del capital sobre los trabajadores. El kirchnerismo, que se ufana de que las ganancias de los empresarios durante la “década ganada”, nunca se propuso enfrentar a la burguesía. Por eso su política de derechos humanos es una política de photoshop.


Villa del Parque, domingo 10 de agosto de 2014

jueves, 3 de febrero de 2011

EN ARGENTINA REINAN LOS DERECHOS HUMANOS... PERO, ¡POR FAVOR NO ME HABLES DE LOS POBRES!

Empecemos por los hechos. En el día de ayer, el diario PÁGINA 12 publicó una nota titulada "Imagen del horror penitenciario" y firmada por Horacio Cecchi. (1) Junto con la misma se encuentra una subnota titulada "La peor de todas", que contiene una investigación firmada por el periodista Leonardo Rossi. (2).

Ambos artículos están referidas a la situación de los internos en las cárceles de la provincia de Mendoza. Cecchi informa sobre la denuncia realizada por la ONG (Organización no gubernamental) Asociación Xumex, especializada en derechos humanos. (3) Un familiar de los reclusos encontró un teléfono celular extraviado en las cercanías del complejo San Felipe, contruido recientemente como "unidad de Fase de Confianza, que en la jerga carcelaria viene a representar un espacio para internos que pasan por su última etapa en prisión, bajo un régimen supuestamente más benigno." Según la denuncia realizada, la benignidad del régimen del nuevo complejo es sumamente problemática, porque en las imágenes que se pudieron descargar del celular se puede ver a varios agentes del servicio penitenciario sometiendo a los internos a diversos vejámenes. Cecchi transcribe algunos pasajes que fueron rescatados del mencionado teléfono celular:

"Lo que sigue son los diálogos que surgen de los videos presentados como pruebas de tortura en la cárcel de San Felipe, en la ciudad de Mendoza. Los dos corresponden al 6 de junio, el primero con el número 050 (en el celular) y el segundo con el 051.

Penitenciario que filma:–Así es con la ratita, ah. La ratita que boconea al personal... Atado como un perro, está, mirá... el bocón (golpes).

Interno: (exclamaciones de dolor).

Penitenciario que filma: –Ah, uh... (reproduciendo las exclamaciones de dolor del interno), no me diga.

Interno: –¡Ya está...! ¡Uh! (mientras se lo golpea).

Penitenciario que filma: –¿Quién “ya está”, quién “ya está”?

Interno:–Se me ha quebrado una costilla, ya está ¡Por favor!



Penitenciario que filma: –¿Se te ha quebrado una costilla? Mire, se le ve el poto.

Otros penitenciarios: (No se entiende por superposición de voces).

Penitenciario que filma: –Claro...

Otro penitenciario: –Yo soy más bueno.

Interno: (exclamaciones de dolor).

Penitenciario que filma: –Somos más buenos nosotros...

Interno: –¡Ya está..., uh! (mientras se lo golpea).

Penitenciario que filma: –Ahora ya está, viste (mientras era nuevamente golpeado). Ah, uh... (reproduciendo las exclamaciones de dolor del interno), no me diga.

Interno:–¡Ya está..., uh! (mientras lo siguen golpeando).

Otro penitenciario: –¿Ahora ya está, ya? Cuando nos puteaste recién... (no se entiende) eras repiola.

Interno: –¡Ya está encargado, por favor!

Otro penitenciario: (le hace señas al filmador que no focalice su cara e insignia para no ser identificado) –Hay un olor a chizito, ¡culiado!

Penitenciario que filma: –Aha, viste...

Interno: –¡Ya está..., por favor!

Penitenciario que filma: –¿Cómo dice cuando toca con las manos en la pared? (inmediatamente el funcionario filmado comienza a llevarle las manos contra la pared en sentido contrario a su flexión natural). ¡Ay! ¡ay!, dice.

Interno: –¡Por favor! (mientras llora).

- - -

En cuanto al segundo video, N 51, se reproduce fielmente el siguiente diálogo:

Penitenciario que filma: –Atado como un perro, está, mirá... el bocón.

Interno: (exclamaciones de dolor).

Otro penitenciario: –¿Qué, sos bocón de los milicos?

Penitenciario que filma:–Salta Violeta, salta, ¡uh! (mientras lo golpea).

Otro penitenciario: –Por favor... pidió ahora.

Interno: –¡Ya está, por favor! ¡Ya está!

Todos los penitenciarios: –Agachá la cabeza, agachá la cabeza, agachá la cara.

Interno: (No se entiende, por las exclamaciones de dolor que sufre) –¡Por favor, ah!

Penitenciario: –Así que éste es el guapo...

Interno: –¡Ya está, me duele la costilla, por favor, ¡ah! ¡La costilla!

Penitenciario: –¿La costilla? Dejá de gritar, culiado.

Interno: –¡Por favor
!"



Estos diálogos entre los señores agentes penitenciarios y el interno al que martirizan exime de mayores comentarios. Se trata de un caso de tortura, se lo mire por donde se lo mire. Es preciso hacer esta aclaración, que en otro contexto sería innecesaria, porque muchas personas son renuentes a calificar de tortura los padecimientos a que son sometidos aquellos que pertenecen a las clases sociales que no se han visto beneficiadas con el crecimiento económico que ha experimentado nuestro país en la primera década del siglo XXI. Pero sigamos por el momento con el relato de los hechos tal como los describen los periodistas de PÁGINA/12.


En la subnota firmada por Leonardo Rossi se hace referencia a la cárcel denominada "La Penitenciaría", situada en la calle Boulogne Sur Mer, justo enfrente al complejo San Felipe. Entre comienzos de 2004 y mediados de 2006 murieron 28 reclusos en circunstancias violentas. No está de más recordar que en esos tiempos era gobernador de Mendoza el inefable Julio Cleto Cobos (n. 1955), cuyo curriculum vitae incluye la expulsión de la UCR, el calificativo de "traidor" que le han otorgado unánimente los partidarios del "kirchnerismo" y su "valiente" voto "no positivo" en favor de los empresarios agrarios en el 2008. A estos grandes méritos hay que agregarle el "detalle", menos conocido, de haber cobijado la tortura y el asesinato en las cárceles de la provincia que gobernaba. La situación fue tan escandalosa, y tan poco hicieron el gobierno provincial y el gobierno nacional por remediarla, que varios abogados realizaron presentaciones ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), denunciando los hechos que se sucedían en las cárceles mendocinas. (4). Luego de múltiples dilaciones a cargo del Estado provincial y del Estado Nacional, la CIDH presentó un fallo contra el Estado argentino, exigiéndole que "adopte en forma inmediata e inexcusable" medidas "efectivas" para proteger a los reclusos. Sin embargo, poco se hizo al respecto, mientras seguía subiendo el número de muertes violentas en La Penitenciaría. Los hechos relatados por Cecchi, ocurridos en el complejo San Felipe, demuestran que la situación en las cárceles mendocinas sigue siendo gravísima, de modo tal que no puede hablarse de que las torturas sean un "hecho vergonzoso y marginal", tal como afirmó el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Mario Adaro (5).


Los hechos de tortura acaecidos en el complejo penitenciario San Felipe obedecen a una lógica social, y no son el mero producto de las mentes perversas de algunos agentes del servicio penitenciario de la provincia de Mendoza. Hoy, en 2011, la tortura es una práctica que goza de buena salud entre las distintas policías, tanto nacionales como provinciales. La multiplicidad de hechos denunciados, que incluyen casos como la desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009, la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires (6), los casos de vejámenes en diversas comisarías, configuran un panorama en el que la tortura es cada vez más un hecho habitual que forma parte del paisaje natural. Sin embargo, y esto es significativo, muchas personas sostienen que nuestro sistema legal es absolutamente permisivo y que los detenidos "entran por una puerta y salen por la otra". En esta época, la tortura no es vista como un problema, como algo preocupante; por el contrario, importantes sectores de la población son partidarios de un "endurecimiento" de las penas y de la política de "mano dura" de parte de la policía y demás organismos de seguridad. Todo esto podría resultar paradójico si se tiene en cuenta que desde el 2003 ejerce el gobierno una fuerza política que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una de sus principales banderas. Pero no lo es.


Para comprender esta aparente paradoja hay que tener en cuenta un hecho fundamental. La economía argentina experimentó un crecimiento fenomenal y sostenido durante la mayor parte de la primera década del siglo XXI, luego del colapso del neoliberalismo. Este crecimiento se sustentó, además de una serie de factores internacionales favorables, en la vigencia de una legislación laboral sancionada durante la década menemista (y, en algunos casos, como las leyes de los trabajadores rurales, durante la dictadura militar) que permite la sobreexplotación de los trabajadores. La situación se ve oscurecida por el hecho de que la situación laboral en nuestro país es sumamente heterogénea, y en ella conviven sectores que están protegidos por la legislación laboral y los convenios colectivos, con estratos que trabajan "en negro" y con otros segmentos que están sometidos a condiciones cercanas a las de la esclavitud. Mal que les pese a los defensores del modelo, esta heterogeneidad de condiciones laborales, y la consiguiente debilidad política de los trabajadores, ha sido una condición fundamental del crecimiento económico. Sobre estas bases, los empresarios han visto aumentar sus ganancias sin ser perturbados mayormente por los trabajadores.

Ahora bien, en las condiciones que hemos enunciado, el crecimiento termina por generar fuertes tensiones sociales, pues las situaciones de sobreexplotación conviven con una sociedad en la que aumenta constantemente la riqueza. Así, por ejemplo, las luchas por la tierra y la vivienda hacen eclosión en un país en el que hay un boom de la construcción destinada a los sectores de altos ingresos (se privilegia construir barrios privados y no barrios populares). Frente al aumento de la desigualdad, los ganadores del modelo se atrincheran detrás de sus posesiones, y comienzan a gritar histéricamente "¡Orden!" cuando ven a un pobre. Independientemente de las intenciones de muchos defensores del modelo, el mercado sigue mandando "cruel en el cartel" y el individualismo sigue gobernando las conciencias de muchos honestos ciudadanos. En medio del crecimiento de la economía, los pobres pasan a ser vistos cada vez más como una fuente de temor, y se suceden los pedidos para aplicar "mano dura" contra esos desarrapados que les recuerdan a los ganadores del modelo que la fuente de su riqueza es la desigualdad. De hecho, varios candidatos de la autodenominada "oposición", como es el caso del hombrecito pequeño pequeño (Duhalde) o ese personaje tan propio de nuestras clases dominantes como es el señor Macri, han convertido la lucha contra los pobres en su principal consigna electoral.

En este contexto, la tortura es la consecuencia natural de un orden social que hace crecer la economía a base de trabajo esclavo, tercerización, trabajo "en negro", flexibilizacion y otras yerbas que hacen más agradable la vida de los trabajadores mientras aumentan las ganancias de las patronales. Toda esta violencia aplicada sobre importantes segmentos de la clase trabajadora, toda la violencia que se continúa en las condiciones de vida en los barrios marginales, toda la violencia que viven los niños desde su nacimiento por el mero hecho de haber nacido "negros" (pobres) en un país en el que mandan los "blancos" (ricos), tiene su apoteosis en cinco hombres que le pegan a un hombre esposado y que no puede hacer nada para defenderse.
La paradoja a que hacíamos referencia anteriormente se resuelve entonces si se tiene en cuenta que política de derechos humanos del gobierno nacional está dirigida hacia el pasado y no hacia el presente. Mejor dicho, la política de derechos humanos del gobierno nacional está regida por líneas de clase. Así, la tortura es condenada siempre y cuando haya sido aplicada por los militares genocidas de la dictadura o cuando algún agente de las fuerzas de seguridad se atreve a vejar a algún miembro de las clases que tienen el poder económico; sin embargo, el gobierno nacional tiende a ignorar la tortura cuando es aplicada sobre la "negrada" (así como también ignora que el "gatillo fácil" es una práctica habitual de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes de las barriadas pobres). En el caso de la tortura, como en tantos otros, "pertenecer tiene sus privilegios". (7)
Buenos Aires, viernes 4 de febrero de 2011


(3) Su presidente es Diego Lavado, abogado especializado en derechos humanos y ex Secretario de Justicia del actual gobernador de Mendoza, Celso Alejandro Jaque (n. 1960). Jaque, perteneciente al PJ (Partido Justicialista), fue elegido gobernador en 2007, terminando su mandato el año en curso.

Para información sobre la Asociación Xumex consultar: http://201.235.253.12/~xumekorg/acerca-de/


(4) Como ejemplo puede mencionarse el caso de Ricardo David Videla, un adolescente que fue condenado a cadena perpetua, quien apareció ahorcado el 22 de junio de 2005. Videla, a través de su abogado, Fernando Peñaloza, había iniciado los reclamos ante los organismos internacionales. Para el caso de Videla puede consultarse: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-161213-2011-01-27.html


(5) Las declaraciones del señor Adaro pueden consultarse en: http://www.mendoza.gov.ar/ y están fechadas el 2 de febrero.


(6) Para la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, puede consultarse el informe presentado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria: http://www.anred.org/article.php3?id_article=3939 En el informe consta que en 2010 hubo 118 muertes en las prisiones de la provincia. También se indica que la picana, el "submarino" seco y húmedo, el aislamiento, etc., se han convertido en moneda corriente en esos establecimientos modelo.
(7) También en la cuestión de la tortura en Mendoza afloran las contradicciones del discurso del "kirchnerismo". Como indicamos arriba, el señor Cobos, siendo gobernador de la provincia de Mendoza, debió enfrentar los reclamos de la CIDH ante la situación de las cárceles en su provincia. Esto era de público conocimiento. Sin embargo, Néstor Kirchner (1950-2010) lo eligió como candidato a vicepresidente, a pesar de que el mismo Kirchner fue el impulsor de los juzgamientos a las militares genocidas acusados, entre otras cosas, de...torturas. Cobos , por su parte, retribuyó las contradicciones del "kirchnerismo" con su antológico voto "no positivo".