ZONCERAS ARGENTINAS: “YPF ES DE TODOS”

En dos notas anteriores afirmé que la expropiación de YPF no era producto del "patriotismo" del partido de gobierno y que, por el contrario, respondía a necesidades económicas bien concretas del capitalismo argentino. Aprobada la ley de expropiación por las dos cámaras del Congreso y habiendo sido promulgada por la presidenta Cristina Fernández, es un buen momento para revisar la idea fuerza con la que el gobierno defendió la expropiación. 

El argumento gubernamental puede resumirse del siguiente modo. La expropiación de YPF, si bien representa una medida imprescindible para evitar la sangría de divisas en importaciones de combustibles y para asegurar la provisión de energía a las empresas, responde a una lógica que trasciende el ámbito económico. La medida constituye la “recuperación” de YPF para la Nación. YPF ha dejado de ser una empresa privada y se ha convertido en una empresa “de todos”. La medida está en línea con la profundización de una política de reconquista de la “soberanía económica” (que incluye hitos como la cancelación de la deuda con el FMI, la estatización del sistema AFJP y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central). La decisión de expropiar YPF debe leerse, pues, como un paso trascendental en la “liberación nacional y social” de nuestro pueblo. 

Es verdad que el argumento expuesto en el párrafo anterior no es compartido por el conjunto del partido de gobierno, y que ni siquiera Cristina Fernández lo defendió en su totalidad. Por el contrario, en estos días han abundado las argumentaciones que sostienen que YPF tiene que transformarse en un ejemplo de administración eficiente, para demostrar que el Estado puede hacer bien las cosas en la economía. También, aunque en menor medida, se ha sostenido la prioridad del logro de nuevas inversiones en el sector energético, lo cual obliga a una política de seducción del capital. Sin embargo, estas dos posiciones se mueven dentro de un marco conceptual que postula que el Estado representa “los intereses de todos”. La ambigüedad de esta expresión (y la política es, entre otras cosas, el arte de caminar sobre la ambigüedad para construir hegemonía) permite que la medida sea bien vista tanto por el conjunto del empresariado (mas allá de los rezongos de los nostálgicos de la década del ’90) como por las corrientes que representan la izquierda del “kirchnerismo”.

¿El Estado representa los intereses de todos? 

Si la respuesta es afirmativa, toda medida que tienda a reforzar la participación del Estado en la economía debe ser considerada como un fortalecimiento del interés general en detrimento de los intereses particulares. Cristina Fernández estaría obrando a favor de los intereses del conjunto de la sociedad. 

Si la respuesta es negativa, la expropiación de YPF tienen que pasar a ser evaluadas desde otra óptica, no tan optimista.

Si el Estado es el representante de los intereses de toda la sociedad, ¿por qué demora tanto – o no lo hace nunca – cuando se trata de hacer valer los derechos de los trabajadores, que constituyen el grupo más numeroso de dicha sociedad? Como ejemplo, basta recordar la tardanza en reaccionar frente a la masacre ocurrida en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento. El grupo Cirigliano, cuyo “poder de fuego” es sensiblemente menor que el de Repsol, sigue al frente de la empresa, a pesar de la intervención de la misma y de la evidencia de que la catarata de subsidios recibidos desde el Estado no mejoró en nada la calidad del servicio. Es cierto que, probablemente, el grupo termine siendo desplazado de la concesión; esto no modifica el hecho de que fue el gobierno “nacional y popular” el que convalidó y diseñó un sistema de transporte que hace sufrir padecimientos cotidianos a una parte importante del “todos” que compone la sociedad, los trabajadores. Si se compara lo que ocurre diariamente en nuestro sistema de transportes con la celeridad con que se ha obrado en el caso YPF, cabe preguntarse por las razones de las diferencias de velocidad en uno y otro caso. En YPF, la falta de combustible barato perjudica directamente la acumulación de capital y las ganancias de los empresarios; en el caso del Sarmiento, los afectados son los trabajadores, cuya participación en el “paquete accionario de la sociedad” parece ser bastante inferior al 51%.

El Estado argentino, como cualquier Estado real, está obligado a respetar la lógica del capital, guste o no al elento dirigente de turno. Esto es así porque el capital) controla las palancas del proceso económico (los medios de producción); los empresarios,  mediante las inversiones, pueden acelerar o detener el crecimiento económico. Si hay un menor nivel de actividad económica, los ingresos del Estado se deterioran. Aunque esto es más viejo que la pólvora, conviene recordar que las finanzas públicas dependen de la buena salud de la economía capitalista. De modo que el Estado no puede ser neutral frente a la clase capitalista. El Estado puede ir en contra de tal o cual grupo de empresarios particulares, pero no puede ir contra la clase capitalista en su conjunto, pues ello implicaría poner en riesgo su propia estabilidad. En su discurso de ayer, Cristina Fernández aclaró que no está en contra de que los empresarios obtengan ganancias. Con esto marcó claramente los límites del “Estado de todos”. El Estado, aun el “nacional y popular”, tiene que asegurar la acumulación de capital y disciplinar a los trabajadores que no quieran respetar las reglas de juego. 

El Estado argentino, como cualquier Estado, es el representante de los intereses de todos…los capitalistas. En otras palabras, y de manera siempre ambigua y contradictoria, el Estado cumple la función de representar al interés general de los empresarios  frente a los del resto de la sociedad. Si se acepta esta argumentación, la frase “YPF es de todos” adquiere un sentido un tanto diferente al que se le da en estos días. La Argentina es de todos, pero algunos viven en Nordelta y otros en una villa miseria en Soldati o en tantos otros lugares. No somos una sociedad igualitaria (¡nunca puede serlo una sociedad capitalista!), por ello no puede analizarse una medida de política económica como si afectara del mismo modo a todo el mundo.  ¡Más vale!, como diría Mario Wainfeld, pero el olvido de esta verdad sencilla sirve para construir la hegemonía de la clase dominante.

Por último, el objetivo de la nota es mostrar la falsedad de la tesis de que “YPF es de todos” o de que “el Estado representa los intereses de todos los argentinos”. Nada de lo afirmo aquí es novedoso u original, pero ha sido olvidado luego de las tremendas derrotas sufridas por los trabajadores en nuestro país y en el mundo desde la década del ’70 del siglo pasado en adelante.  Sin embargo, reconocer el carácter del Estado es sólo el comienzo, y de ningún modo debe utilizarse para cerrar el análisis. Hago esta aclaración para responder a los compañeros que afirman que sostengo que el menemismo y el kirchnerismo son lo mismo. Si fuera así, no tendría sentido escribir estas notas. Bastaría con decir que todo lo que ocurre en el mundo es producto de las conjuras de los capitalistas. Pero con ese tipo de análisis es imposible hacer política. Hay que dejar de lado la frase “todos los colectivos me llevan bien” y pasar a distinguir cuáles son las condiciones concretas que hicieron que el Estado argentino  privatizara YPF en los ’90 y que ese mismo Estado expropiara YPF en 2012. Guste o no, estamos frente a dos modelos de acumulación de capital diferentes. Decir que en ambos manda el capital no implica afirmar que hay que pasar por alto las diferencias y peculiaridades de cada uno. En la percepción de las diferencias y de las ambigüedades está la clave de la política y de la construcción de hegemonía.

Buenos Aires, sábado 5 de mayo de 2012