Juan Carlos Torre (n. 1940), sociólogo e historiador
argentino, es autor de varios trabajos fundamentales sobre la historia del
peronismo y el movimiento obrero argentino. Entre ellos se destacan Los sindicatos en el gobierno 1973-1976
(1983) y La vieja guardia sindical y Perón: Sobre los orígenes del peronismo (1988). Esta ficha es la segunda de una serie
dedicada a presentar extractos y notas de lectura de la primera de dichas
obras. En épocas de crisis es imprescindible pensar la realidad como un
proceso, cuyas raíces se encuentran en la historia. Por cierto, esta afirmación
no tiene nada de novedoso, pero conviene recordarla, sobre todo cuando se
milita en organizaciones que intentan ser revolucionarias.
La ficha está dedicada al capítulo 2 de la obra, titulado
“Los sindicatos ante el gobierno peronista: Mayo 1973 – Septiembre 1973”
(pp.41-66). El núcleo del capítulo aborda la cuestión de los cambios ocurridos
en el movimiento obrero a partir de la radicación del capital transnacional en
la industria y su relación con el ascenso de las luchas obreras en 1969-1973. Resulta
especialmente recomendable el tercer apartado, donde Torre analiza la rebeldía
obrera en el periodo subsiguiente al Cordobazo
(1969).
Por último, trabajé con la siguiente edición de la obra:
Torre, Juan Carlos. (1989). Los
sindicatos en el gobierno 1973-1976. Buenos Aires: Centro Editor de América
Latina. Las secciones en que se divide la ficha corresponden a los distintos
apartados del texto.
1. El reencuentro de Perón y los jefes sindicales (pp. 67-104)
13 junio 1973 = Héctor
Cámpora (1909-1980) renuncia a la
presidencia. Perón (1895-1974) le
bajó el pulgar, pues estaba decidido a retomar el poder, terminando con las
restricciones que le había impuesto para llegar a la presidencia la dictadura
de Lanusse (1918-1996). Cámpora
confundió la táctica del viejo caudillo, que se sirvió de las movilizaciones
juveniles y populares para derrotar a los militares, con un aggiornamento del movimiento peronista.
Los actores que se beneficiaron con la caída de Cámpora fueron la dirigencia
sindical y el círculo íntimo del líder peronista.
23 septiembre 1973 =
Victoria de la fórmula Juan Domingo
Perón – Isabel Martínez de Perón
(n. 1931) en las elecciones presidenciales. Obtienen el 62% de los votos. La
campaña electoral contó con la participación principal de las organizaciones
sindicales, cuyo principal exponente era Lorenzo Miguel (1927-2002), secretario general de la UOM. Hubo aquí una
diferencia notable con la anterior campaña electoral, que había llevado a
Cámpora al triunfo.
25 septiembre 1973 =
Asesinato de José Rucci (1924-1973),
secretario general de la CGT desde 1970. Rucci, originalmente secretario de la
Seccional San Nicolás de la UOM, llegó a la dirección de la central obrera
debido a que ninguno de los poderosos líderes sindicales contaba con los votos
suficientes. Carente de fuerza real, Rucci se alió con Perón y fue su “soldado
en la CGT”. El líder peronista encontró en Rucci el aliado para controlar a la
dirigencia sindical.
2 octubre 1973 =
Perón concurre al edificio de la CGT: “el
movimiento sindical es la columna vertebral del peronismo” [El resaltado es
mío – AM-]. Concluye su discurso con una exhortación a combatir la infiltración
marxista en el movimiento obrero.
2. Perón reafirma el Pacto Social (pp. 71-75)
La dirigencia
sindical, acompañada por el frondizismo que había apoyado la llegada de Perón a
la presidencia, promovió la supresión del Pacto
Social, firmado el 8 de junio, y una política dirigida a un incremento de
salarios por encima de lo establecido por dicho acuerdo. Perón ratificó el
Pacto.
Noviembre de 1973 =
Reformas a la Ley 14.455 (Asociaciones Profesionales). Esta ley había sido
sancionada por Frondizi (1908-1995),
como parte del acuerdo con el peronismo que lo llevó a la presidencia. Las
reformas a la ley fueron redactadas por el ministro de Trabajo, Ricardo Otero (1922-1992), y tenían el objetivo
de asegurar el apoyo de los sindicatos a la nueva presidencia de Perón.
Los objetivos de las
reformas eran incrementar la centralización de las organizaciones sindicales y
blindar la fortaleza jurídica que protegía a sus dirigentes:
“Entre las innovaciones
más significativas se contaban, por un lado, aquéllas que perseguían la
centralización sindical disponiendo que no podía existir más de un sindicato
por rama de actividad o ilegalizando los sindicatos de empresa, facultando a
las entidades de nivel superior a intervenir sumariamente a sus filiales y
otorgando al sindicato la capacidad de poner fin al mandato de los delegados de
fábrica. Por otro lado, las jerarquías sindicales eran beneficiadas mediante la
ampliación de su mandato de 2 a 4 años, extendiendo el plazo para la
convocatoria de las asambleas de rendición de cuentas de 1 a 2 años y
equiparando sus fueros sindicales a las inmunidades garantidas a los
parlamentarios.” (p. 74-75).
[De este modo, la
dirigencia sindical se cobraba el apoyo a Perón durante la campaña electoral y
el apoyo al Pacto Social. Quedaba habilitada para avanzar sobre las rebeldías
obreras a nivel fábrica y sobre las seccionales de sindicatos que se mostraban
díscolas con la dirección central de los sindicatos. Perón, por su parte,
articulaba ese apoyo a la burocracia sindical con su política de suprimir al
ala izquierda del movimiento peronista. No se trataba sólo de las “formaciones
especiales” (v gr., Montoneros); el líder del peronismo necesitaba liquidar en
el sentido literal a todos aquellos que impulsaban una “Argentina Socialista”.
Perón, como en 1945, seguía siendo un enemigo acérrimo del socialismo y la revolución.]
3. El Pacto Social puesto a prueba (pp. 75-83)
Los primeros seis
meses de gobierno peronista presentaron indicadores económicos alentadores. Algunos
datos de 1973: las exportaciones fueron de 3260 millones de U$S; el superávit
comercial fue de 704 millones de U$S; el PBI creció 6,1%; el costo de vida
aumentó un 37% entre enero y mayo, un 2,8% en junio; 4% entre julio y
diciembre. El éxito en el control de la inflación hizo que Gelbard (1917-1977) lanzara la meta de “inflación cero” para 1974,
justo en vísperas de la crisis mundial
desatada por el aumento de los precios
del petróleo.
El impacto de la
crisis desatada por las medidas de la OPEP se hizo sentir en el último
trimestre de 1973: durante ese período, los términos del intercambio comercial
cayeron un 20%; el valor de los insumos importados era en diciembre de ese año
un 25% más alto que en junio del mismo año. Las empresas con alto componente
importado en su producción vieron reducidas sus ganancias.
Octubre 1973 =
Convocada por el ministro Gelbard, comienza a reunirse la Comisión de Precios, Salarios y Nivel de Vida, integrada por las
tres partes que habían firmado el 8 de junio el Pacto Social. Los funcionarios
estatales comenzaron a recopilar información de las empresas sobre los mayores
costos productivos, el nivel aspirado de ganancias, los incrementos de precios
solicitados. Pero muchas de estas empresas comenzaron a violar los controles de
precios, vendiendo con un sobreprecio recolectado en moneda negra. Los
dirigentes sindicales interpretaron que el objetivo de los empresarios era
mantener su tasa de ganancia. Esto complicaba la posición de estos dirigentes
en sus sindicatos, pues el aumento salarial de junio había sido muy inferior a
las expectativas obreras: “Los compromisos adquiridos con la política de
ingresos los habían privado de la posibilidad de «monetarizar» el descontento
popular y de reconquistar, de este modo, cierta credibilidad frente a sus
bases. Por consiguiente, cualquier actitud que asociara a la CGT con una
decisión unilateralmente favorable a las demandas empresarias no haría más que
ampliar el espacio en el que crecía, sin cesar el movimiento de contestación
anti-burocrático.” (p. 78).
30 noviembre 1973 = Reunión
de la Comisión de Precios, Salarios y Nivel de Vida. Se decide que los
empresarios remitan sus balances a la CGT, para que ésta evaluara si los
aumentos de los insumos importados podían ser absorbidos o no por las empresas.
La CGT triunfaba donde habían fracasado el movimiento europeo de los países
europeos. Torre señala que la central obrera carecía de un cuerpo estable de
asesores económicos capaz de analizar la evolución económica y de producir la
información necesaria para la discusión de las políticas gubernamentales. Torre
explica así la mencionada carencia:
La CGT quedó
facultada para revisar los balances de las empresas, pero nunca llegó a
implementarse en la práctica.
En este punto, Torre
hace una observación válida para todas las políticas de concertación social:
“Si se
analiza la lógica de la política concertada se advierte que, una vez debatidos
y firmados los acuerdos, los sindicatos habían comprometido todo su poder
institucional, mientras que los empresarios sólo habían condicionado
parcialmente su gestión económica. Al acordar la suspensión de las
negociaciones colectivas por dos años, la CGT había obligado a los sindicatos a
congelar, por igual lapso, el uso del único poder de control económico que
institucionalmente les era reconocido, el de afectar el comportamiento de los
salarios. Los empresarios, por su parte, no habían resignado, sin embargo, el
control sobre una serie de variables económicas cruciales para el
desenvolvimiento del plan económico. Ellos
contaban con la posibilidad de decidir si habrían de invertir o no, si habrían
de interrumpir o incrementar la producción, esto es, contaban con una
capacidad de maniobra frente a las disposiciones de la política de ingresos muy
superior a la que tenían los sindicatos.” (p. 81; el resaltado es mío – AM-).
La burguesía recibió
con cautela el programa económico peronista. Esta actitud se tradujo en una
retracción de la inversión privada. No
obstante, la política económica fuertemente expansiva del gobierno ocultó la
debilidad de la inversión. [Se estaba armando la crisis que estalló en 1974.]
“El formidable impulso
que (…) recibía la demanda interna no podía sino amenazar el balance económico,
dada la creciente rigidez de la oferta de bienes provocada por el acercamiento
de la economía al pleno empleo. El momento crítico llegó, sin embargo,
anticipadamente, por las consecuencias de los mayores costos de los insumos
importados.” (p. 82).
Los empresarios
respondieron a la caída de sus ganancias disminuyendo la oferta (reducción de
la producción y/o derivación de las mercancías al mercado negro). El gobierno
autorizó trasladar a los precios los mayores costos de los insumos importados;
la CGT se opuso y Gelbard debió adoptar otra solución: el gobierno absorbió el
aumento de los insumos importados aplicando un tipo de cambio preferencial para
los importadores, financiado con las reservas de divisas acumuladas en 1973.
Torre concluye:
“Los
tres meses de debates [de la Comisión de Precios, Salarios y Nivel de Vida]
sirvieron para poner de manifiesto que, si bien por falta de competencia
técnica la CGT no tenía capacidad de
iniciativa en las decisiones, contaba, en cambio, con el poder de presión política
suficiente como para afectar, en una fase posterior, el proceso decisorio.”
(p. 83; el resaltado es mío – AM-).
[El problema no es la
carencia de capacidad técnica, sino la ausencia de una política autónoma de la
burguesía. En un contexto de crisis, los sindicatos no pueden hacer otra cosa
que defender sus posiciones y minimizar los daños. Por supuesto, esto en la
medida en que consideren que su rol bajo el capitalismo consiste en la defensa
del precio de venta de la fuerza de trabajo. Para hacer otra cosa es preciso
cuestionar la relación asalariada misma, esto es, la propiedad privada de los
medios de producción. Dicho sea de paso, la propiedad privada es la base del
poder de los capitalistas expresado en la potestad de invertir.]
4. Sobre la dinámica de los conflictos laborales (pp. 83-95)
Entre octubre de 1973
y febrero de 1974 continuaron los conflictos laborales. Los motivos más
frecuentes fueron: las condiciones de trabajo y la reincorporación de los
activistas cesantes. Torre describe algunos de los conflictos, con el objetivo
de mostrar su dinámica:
a) Philips (empresa de
artefactos eléctricos, Buenos Aires, noviembre de 1973). Los trabajadores
reclaman reducción de la jornada de trabajo, elevación del premio de producción
y solución a los problemas de salubridad. La comisión interna desoyó los
reclamos y los trabajadores eligieron una nueva comisión interna provisoria,
compuestas por dos delegados por sección.
b)
General Motors (fábrica de
automotores, Barracas, Buenos Aires, sector de montaje de vehículos especiales
– camiones-, junio-noviembre de 1973). La gerencia anunció en junio su decisión
de pasar a un nuevo y mayor nivel de producción (de 71 vehículos por turno a
80). Los trabajadores se niegan, no cumplen los nuevos ritmos de producción.
Escalada: colaboración de tareas, no hacen horas extras, paros parciales en
forma intermitente. La rebelión se traslada al control de los niveles de
producción. Fijación por los trabajadores de nuevos topes máximos. Despidos. El
Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Se comprueba que el
nuevo ritmo de producción no es posible de aplicar. Victoria obrera después de
las derrotas de 1962, 1964, 1966, 1969 y 1971.
c) Terrabusi (fábrica de
galletitas y productos alimenticios, noviembre de 1973). Una asamblea de
trabajadores presentó un petitorio demandando: a) aumento salarial del 30%; b)
confirmación del personal obrero en situación inestable; c) presencia de un
médico durante los tres turnos de trabajo; d) trato más humano de parte de los
capataces. La gerencia respondió con 30 despidos. Los obreros ocuparon la
planta. Los trabajadores acusan a la dirigencia del Sindicato de la
Alimentación de connivencia con la gerencia. El Ministerio dicta la
conciliación obligatoria: fin de la ocupación de la planta.
d)
Molinos Río de la
Plata
(empresa de productos alimenticios del Grupo Bunge y Born, Avellaneda, Gran
Buenos Aires, junio-agosto de 1973). El 15 de junio los trabajadores, al margen
de los delegados y del sindicato aceitero, presentan a la empresa un pliego de
reivindicaciones: a) mejoramiento de las medidas de seguridad en el trabajo; b)
reconocimiento de la insalubridad en ciertas tareas; c) instalación de un
comedor; d) apertura de un consultorio médico en la planta. Ocupan la planta,
realizan una asamblea y obligan a renunciar a los delegados sindicales. En
agosto nueva ocupación de la planta, al no haberse cumplido las
reivindicaciones exigidas. Interviene el Ministerio de Trabajo, que ordena a la
planta atender los reclamos obreros. En enero de 1974, nueva ocupación
exigiendo poner en marcha los reclamos.
e)
Astarsa (astillero más
importante de zona norte de Gran Buenos Aires, junio-julio de 1973). A raíz de
un accidente laboral que se cobró la vida de un operario, los trabajadores,
autoconvocados en asamblea, exigen la renuncia del equipo de seguridad laboral.
También procuran unificar la representación sindical en la empresa, dividida
entre el Sindicato de Obreros de Industria Naval y la UOM. La planta es ocupada
con retención de los directivos como rehenes. La situación dura varios días,
los trabajadores triunfan y renuncia el equipo de seguridad de la empresa,
responsable de la muerte de un trabajador en un accidente laboral.
f) Acindar (empresa líder en la
producción siderúrgica, Villa Constitución, marzo de 1974).Despido de 4
miembros de la comisión interna y 7 delegados a raíz de un conflicto por las
condiciones de trabajo. Una asamblea obrera resuelve la ocupación de la planta.
Reclaman: reincorporación de despedidos, normalización de la seccional local de
la UOM, mejoramiento de las condiciones de salubridad y seguridad en el
trabajo. Frente al intento de la UOM de avanzar sobre la comisión interna,
prácticamente todos los trabajadores iniciaron una huelga en solidaridad con
los laburantes de Acindar. Luego de 9 días de ocupación de la planta, la
empresa dejó de lado los despidos, la UOM llamó a elecciones y los nuevos
dirigentes de Villa Constitución y Acindar asumieron la dirección de la
seccional.
A través del estudio
de la dinámica de los conflictos en el período analizado, Torre concluye que
los rasgos dominantes de la movilización obrera en 1969-1973 se propagaron a
Buenos Aires y GBA: “el cuestionamiento de las prerrogativas de la gerencia, el
recurso a la acción directa, la formación de liderazgos alternativos al
sindicato oficial.” (p. 89).
Torre examina las
características de estos conflictos. En primer lugar, “las demandas obreras
referidas al ambiente y las normas de trabajo en la empresa no tenían (…) un
carácter novedoso. (…) entre 1946 y 1955,
y paralelamente a la redistribución del ingreso y al reforzamiento de los
órganos contractuales en el mercado de trabajo, los obreros obtuvieron bajo el
peronismo una gravitación inédita de las comisiones internas a lo largo de la
industria y la reglamentación de las condiciones de trabajo por convenio.
Se dio así la experiencia, históricamente infrecuente, de una clase trabajadora
joven todavía en formación, como era aquella que afluía a las fábricas y
talleres en los años cuarenta, que llegaba a ocupar posiciones de control sobre
el lugar de trabajo realmente excepcionales. De hecho, la vitalidad del movimiento laboral durante aquellos años reposó
centralmente sobre las instituciones de control obrero existentes a nivel de
las empresas. Los sindicatos y la CGT no siempre lograron sustraerse a las
imposiciones de la política gubernamental, pero las comisiones internas
garantizaron a las bases obreras una presencia permanente en el ámbito de
trabajo y condicionaron severamente el ejercicio de funciones de la gerencia.”
(p. 89-90; el resaltado es mío – AM-). Hacia las postrimerías del gobierno de
Perón, los empresarios intentaron recortar el poder de las comisiones internas.
El tema se debatió en el Congreso de la Productividad (1954), no se llegó a
ningún resultado. Tanto la dictadura de Aramburu como el gobierno de Frondizi
avanzaron sobre las comisiones internas, que entraron desde 1958 en “una fase
de lenta e irreversible decadencia.” (p. 91).
El debilitamiento de
las comisiones internas, el papel protagónico de los sindicatos hasta 1966,
confluyeron en que al momento de producirse el nuevo ascenso obrero en 1969,
las estructuras sindicales a nivel empresa no estuvieran preparadas para
canalizar las luchas:
“Carecían [las
comisiones internas] de los reflejos apropiados para ponerse al frente de una
movilización que rebasaba la orientación clientelística que caracterizara su
gestión hasta entonces. La pérdida del poder de control había, en efecto,
confinado a los delegados obreros a la atención de reclamos individuales, a
conseguir favores menudos a través de contactos informales con la gerencia.
Cuando la dinámica de la acción obrera se desplace a la empresa, su capacidad
para reacomodarse y excluirse de esa
trama de compromisos y sobornos, para percibir lo que estaba ocurriendo y
articular las demandas de sus bases será, generalmente, nula y terminará, ellos
también, cuestionados. El recurso a formas de acción directa por parte de los
trabajadores, como las ocupaciones de planta, no fue (…) la expresión de una
falta de tradición industrial y sindical. Tradujo, más bien, la brecha de
credibilidad abierta entre los trabajadores y representantes a lo largo de un
período en el que las prácticas regulares de negociación habían desaparecido de
la empresa.” (p. 91-92).
Torre enfatiza la
importancia de la movilización obrera como fuente adicional de radicalización
de los conflictos. Muchas luchas se produjeron en fábricas que habían
permanecido “en calma” durante varios años. Los conflictos analizados muestran
“que las demandas
explícitas avanzadas por los trabajadores eran, generalmente, el vehículo de un
descontento que iba más allá de las razones circunstanciales invocadas en un
caso y otro, para recibir su fuerza del malestar, al mismo tiempo, indefinido y
profundo, que había ido acumulándose en los lugares de trabajo. De allí la
facilidad con que los trabajadores pasaban de reivindicar en el plano de las
condiciones de trabajo a cuestionar las relaciones de autoridad en las
empresas. No forzaríamos la realidad si
afirmáramos que las fábricas vivieron durante estos años en estado de rebeldía.”
(p. 92-93; el resaltado es mío – AM-).
El estado de rebeldía
obrero es descripto así:
“Las sanciones decididas
por la gerencia, que en el pasado habían servido para aislar a los activistas y
desarticular los movimientos reivindicativos, ahora galvanizaban la ofensiva
obrera y aceleraban la agudización de los conflictos. Si antes los portavoces
de los trabajadores que surgían en las huelgas de fábrica terminaban, a menudo,
aceptando los despidos, cobrando la indemnización y abandonando la lucha, en
esta nueva coyuntura eran rodeados por la solidaridad del colectivo obrero y
resistían la dimisión. En las disputas concernientes a las normas de trabajo
fue común que los trabajadores decidieran poner en práctica por su cuenta sus
propios criterios sobre las tareas en litigio, colocando a la gerencia ante el
hecho consumado. El retiro de colaboración y la insubordinación a los
supervisores devinieron prácticas corrientes, mientras la producción se
desenvolvía bajo la amenaza permanente de ser paralizada frente a cualquier
incidente. El monto de protesta no negociable que se había ido formando en las
empresas convirtió a los compromisos en armisticios siempre precarios, prontos
a quebrarse y a reabrir la vía nuevamente a una escalada de medidas de fuerza.
La tendencia de los conflictos fue, así, a durar, realimentados por el
contrapunto entre la intransigencia de los trabajadores y las respuestas
autoritarias a las que apelaban los empresarios en defensa de sus
prerrogativas.” (p. 93).
Respecto a la
relación entre el conflicto obrero y la izquierda en este período:
“La ola de huelgas tuvo
una magnitud muy superior a la gravitación que estaban en condiciones de
ejercer las corrientes políticas radicalizadas, tanto del peronismo como las
constituidas por grupos de inspiración socialista. En realidad, la convergencia
entre la movilización obrera y los núcleos políticos de izquierda, cuando se
dio, no fue inmediata. El proceso de acercamiento siguió dos etapas bien
diferenciadas. En la primera, la propia dinámica de los conflictos generaba
activistas y líderes de base que se destacaban de la masa obrera y encabezaban
la confrontación con la gerencia y, en general, también con la comisión interna
y el sindicato. En la segunda, los nuevos líderes, una vez establecidos,
procuraban alguna forma de inserción política.” (p. 93-94). “Las relaciones
entre la movilización obrera y los núcleos políticos de la izquierda durante
1973 y mediados de 1974 descansaron, básicamente, sobre dos planos principales.
En primer lugar, los grupos de izquierda contribuyeron a llamar la atención de
la opinión pública sobre las demandas obreras a través de una intensa agitación
propagandística. En segundo lugar, proveyeron a muchos de los nuevos líderes de
base una identificación política más amplia y bajo su inspiración comenzaron a
proliferar nuevas agrupaciones sindicales en las empresas. Lo importante a
destacar es que tales relaciones no tuvieron efectos sobre la dinámica interna
de los conflictos. En otras palabras, durante este período, los trabajadores a
través de la asamblea general de empresa, tuvieron en sus manos el control
sobre el desarrollo de los conflictos.” (p. 94-95).
Por ende, los
conflictos comenzaron sin apoyo externo. En muchos casos tenían por objetivo
revitalizar los órganos de representación de base.
“Mientras que la lucha
por el reconocimiento [de los nuevos órganos y/o dirigentes de base] estuvo
empeñada, la asamblea general de empresa
actuó como una estructura sindical paralela encargada de formular las
reivindicaciones y de adoptar las medidas de fuerza.” (p. 94).
5. La renegociación del Pacto Social (pp. 95-100)
El Pacto Social
firmado en junio de 1973 estableció que al cabo de un año de vigencia se
realizarían estudios para establecer si se había producido una pérdida del
poder adquisitivo del salario. Los dirigentes sindicales, presionados por los
bases que conseguían aumentos salariales a través de artificios tales como la
reclasificación de tareas o el aumento de los premios de producción, no podían
esperar tanto.
20 febrero 1974 =
Perón anunció la decisión oficial de convocar a la CGT y a la CGE para que,
junto con el Ministerio de Economía, comenzaran a estudiar los reajustes al
Pacto Social. Desde junio de 1973 y hasta febrero de 1974, los salarios reales
habían caído un 7%. Sin embargo, eran un 18% más altos que en mayo de 1973.
Para marzo, estaba clara la necesidad de una renegociación anticipada del Pacto
Social.
21 febrero 1974 =
Comienzan las negociaciones entre la CGT, la CGE y el Ministerio de Trabajo.
26 marzo 1974 =
Gelbard y Adelino Romero (m. 1974),
secretario de la CGT, reconocieron ante los periodistas que las negociaciones
estaban estancadas. Los sindicatos presentaron dos exigencias: a) la
restitución del valor perdido por el salario; b) el avance de los asalariados
en el ingreso nacional. Para el gobierno, el problema consistía en cómo
conciliar ambas demandas con el mantenimiento de una tasa aceptable de
rentabilidad para las empresas.
27 marzo 1974 = Se
oficializan los nuevos acuerdos, producto del arbitraje de Perón en el
conflicto entre Capital y Trabajo. El sector laboral recibió un aumento
salarial del 13% a partir del 1 de abril, compuesto por un 9% para mantener el
poder adquisitivo; 2,5% en concepto de retribución por el incremento de la
productividad media; 1,5% para cumplir con el objetivo de una distribución más
igualitaria del ingreso. De los tres ítems, sólo el primero podía ser
trasladado a los precios. Los empresarios eran autorizados a aumentar los
precios, en un monto a establecer por el Ministerio de Economía de acuerdo a
sus estudios sobre la estructura de costos y la rentabilidad de las empresas;
también tendrían acceso a un crédito más barato por la rebaja de las tasas de
interés. El Estado resolvió dejar de subsidiar la compra de insumos importados;
aumentó las tarifas de los servicios públicos y el precio del combustible. EL
CRONISTA COMERCIAL publicó un cálculo que establecía la recuperación neta de
los ingresos del trabajo entre un 5 y un 6% (p. 99-100). Es decir, en el corto
plazo el ajuste salarial mejoraba los ingresos de los trabajadores y producía
una nueva caída en la rentabilidad de las empresas. Esto, más los nuevos
niveles de precios aprobados a fines de abril, que asignaban a las empresas un
margen de beneficios por debajo del reclamado por los empresarios. Vía libre a
la sistemática transgresión por éstos del Pacto Social.
6. La soledad de Perón (pp. 100-104)
Desde principios de
1974, Perón había optado por lanzar una ofensiva contra el ala izquierdista del
peronismo: 20 de enero, remoción del gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Bidegain (1905-1994); 22 de
febrero, allanamiento de las oficinas de la Juventud Peronista; 28 de febrero,
destitución por la fuerza del gobernador de la provincia de Córdoba, Obregón Cano (1917-2016).
Marzo y junio 1974 =
Promedio mensual de conflictos más altos de los tres años de gobierno
peronista. De ellos, el porcentaje más alto correspondía a los que exigían
mejoras salariales. La mayoría de ellos obtuvieron aumentos superiores a los
pactados por la CGT; todos ellos eran ilegales, en la medida en que iban contra
el Pacto Social. Los empresarios preferían conceder esos aumentos y luego
trasladarlos a precios. Así, el costo de vida, que entre enero-marzo creció un
2,8%, se elevó entre abril y mayo un 7,7%. En los primeros días de junio, una
delegación sindical visitó a Perón para reclamar una reacción presidencial
frente al creciente descalabro económico.
12 junio 1974 =
Discurso de Perón. Amaga con renunciar si no se cumple el Pacto Social.
1 julio 1974 = Muerte
de Perón. Una de sus últimas medidas fue adelantar el pago del aguinaldo. La
medida no tuvo efecto en revertir la paulatina caída del salario real.
Villa del Parque,
domingo 30 de septiembre de 2018